“Es absolutamente obvio que no todo está bajo control en el país”

— Hasta el momento, 45 ciudadanos, entre ellos menores de edad, han perdido la vida en medio de enfrentamientos durante las protestas contra el gobierno y el Congreso. ¿Bajo este lamentable contexto, cómo se abre una ventana de diálogo?

Bueno, es complicado el contexto, pero sin duda alguna hay que escuchar los llamamos al diálogo y las exhortaciones que están haciendo, por ejemplo, el arzobispo de Lima, la Conferencia Episcopal, y también un líder evangelista, yo creo que, en cualquier situación, en democracia nunca se debe romper el diálogo. No creo, de otro lado, que la mayoría de los peruanos quiera el rompimiento del orden democrático y constitucional. Es cierto que la izquierda radical tiene ese objetivo, pero reitero no es el deseo de la mayoría de los peruanos de bien.

— ¿Quién o quiénes son los responsables políticos de estas muertes?

De acuerdo a la Constitución, el presidente de la República no tiene responsabilidad política de sus actos, toda la responsabilidad política recae en los ministros de Estado por separado o en el presidente del Consejo de Ministros, y ahí está claramente establecido quienes tienen la responsabilidad.

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— En el segundo gobierno de Alan García, Yehude Simon renunció a la PCM, tras el “baguazo”; y en la administración de Ollanta Humala, Óscar Valdés después de no dar solución al conflicto en Conga. ¿Cree que Otárola, tras 45 muertos, se está aferrando al cargo?

Luego del fracaso del golpe de Estado ha acontecido una sucesión constitucional. Es decir, ante el fracaso del golpista Castillo por mandato de la Constitución ha accedido a la presidencia la señora Boluarte, que integró la fórmula presidencial con Castillo, por lo tanto, hay que respetar esa sucesión constitucional. Paradójicamente la izquierda que votó por la señora Boluarte en la misma fórmula [de Perú Libre], que la exoneró de toda responsabilidad ante la acusación constitucional que se le formuló y del pedido de inhabilitación, ahora pretende desconocer ese acceso. ¿Qué hay detrás de esto? El primer paso que ellos quieren dar es la convocatoria a una asamblea constituyente al margen de lo dispuesto por la Constitución. Esa es una iniciativa golpista que se debe rechazar con firmeza.

Y de otro lado, llama profundamente la atención que la izquierda durante un año y medio esté planteando un cambio constitucional y ningún congresista de la izquierda haya presentado proyecto alguno ante el Congreso para la reforma total de la Constitución, que se podía debatir en el Parlamento. La izquierda no quiere entender que cuando ganó las elecciones, el pueblo no le dio el poder para establecer una asamblea constituyente. Y hay que acatar el voto.

Seguir con esta cantaleta de la asamblea constituyente tiene como objetivo quebrantar el orden constitucional, y eso se debe rechazar. Nos guste o no nos rige una Constitución y hay que acatarla. Pedir la renuncia de la presidenta Boluarte no es inconstitucional, pero este es un paso para luego pedir, al margen de la Constitución, una asamblea constituyente. Entonces, es simplemente un ataque político para desestabilizar al gobierno y cumplir con ese objetivo de a como de lugar establecer una asamblea constituyente. Por eso insisten en pedir la renuncia de la presidenta, cuando la Constitución establece que no tiene responsabilidad política. Ahora si tiene responsabilidad penal o no, ya se está investigando a nivel de fiscalía todos los hechos y hay que esperar los resultados de las pesquisas.

La izquierda, hace unos meses, afirmó que los pedidos de renuncia a Castillo eran golpistas, y hoy piden la renuncia de Boluarte y no la consideran una iniciativa golpista. Sin duda esto es un uso de la Constitución, según su conveniencia política.

— ¿La salida de Otárola puede, a su juicio, contribuir para iniciar el diálogo?

Podría. De hecho, el Parlamento le extendió el voto de confianza cuando ya había un gran número de muerto y lo hizo para no ahondar la crisis política del país. La presidenta Boluarte y el propio primer ministro Otárola tienen que hacer una evaluación de la crítica situación por la que está atravesando el país, no es justificable que en democracia ocurran este número de muertos, ese es un hecho que ha generado preocupación nivel nacional. La evaluación la tienen que hacer ellos y, de otro lado, quien hace efectiva la responsabilidad política del Gabinete en su totalidad y de los ministros de Estado por separado también es el Congreso. Esas son las dos vías, la del Ejecutivo, que por propia iniciativa tiene que evaluar a consciencia la gravedad de la situación, y si ello no ocurre, más adelante el Congreso podrá hacer efectiva la responsabilidad política.

— La presidenta Boluarte, en su último pronunciamiento, dijo que “la situación está controlada en el país”. Sin embargo, en 32 provincias del país hay vías bloqueadas y las marchas aún continúan. ¿Cómo evalúa usted la actuación del gobierno?

Desde que inició sus funciones, la presidenta Boluarte ha cometido una serie de errores, desde que juró para permanecer en el cargo hasta el 2026; designar a un presidente del Consejo de Ministros, como Angulo, que duró poco tiempo; y demoró en nombrar a este Gabinete, generando un vacío de poder que aprovecharon los radicales para desestabilizar ya no solo al gobierno, sino al sistema democrático. Y, de otro lado, es evidente que la estrategia que utilizaron para enfrentar los conflictos inicialmente no fue la adecuada, prueba de ello es con el cambio del ministro del Interior, y en estos días con la mal llamada “toma de Lima” se ha visto que la estrategia ha progresado en cuanto a la táctica y el uso de la fuerza empleado para contener a los que ejercitaron su derecho a la protesta. Y también hay que decir que hubo actos vandálicos, lo que hemos visto es que también hubo el uso de la violencia de parte de los que han venido a protestar de otras partes del país.

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— ¿Cree que el Congreso ha dilatado la ratificación del adelanto de elecciones generales para el 2024? ¿Esto podría haber sido una válvula de escape?

Yo no sé si válvula de escape, pero la presidenta Boluarte ha exhortado al Parlamento para que adelante la segunda votación, porque la primera ya se dio y se aprobó el adelanto de las elecciones generales, yo creo que el Congreso está en la obligación de atender este pedido de la presidenta Boluarte. El adelanto de las elecciones generales tiene que implicar un proceso de orden y el gobierno tiene que ser consciente que es uno de transición, y uno de sus objetivos prioritarios, acaso el más importante es organizar elecciones libres, neutrales y democráticas en un ambiente de paz. Y para eso, naturalmente, es esencial restablecer el orden público.

[…] De otro lado, los sectores que piden una asamblea constituyente, también piden el cierre del Congreso, y el Congreso no se puede cerrar al margen de la Constitución, nos guste o no en democracia tiene que haber Parlamento. A pesar del descrédito de los congresistas, el Parlamento es vital para el equilibrio entre los poderes del Estado. Entonces pedir el cierre del Congreso es golpista.

— ¿Por dónde pasa la salida a la actual crisis?

No es tan fácil, ciertamente, pero el primer paso tiene que ser restablecer el orden, el ambiente de paz y el diálogo, tenemos que abrir las puertas para conversar, las agrupaciones políticas, los medios de comunicación también abrir espacios en la televisión, en la radio y en la prensa para intercambiar impresiones, cotejar puntos de vista para encontrar una salida naturalmente. También la academia, las universidades en su ámbito pueden fomentar encuentros, diálogos para encontrar una vía de solución, a través del diálogo.

— Por ejemplo, ¿cuáles deben ser los pasos concretos que deben adoptar tanto el Ejecutivo como el Legislativo?

A ver, creo que en primer lugar, el Gabinete debe asumir la responsabilidad política, ya renunció un ministro, porque no hay que olvidar que el otro ministro [Angulo] cae en la crisis política anterior [tras las muertes en Ayacucho]. La presidenta y el propio presidente del Consejo de Ministros tienen que evaluar la gravedad de la crisis y ciertamente es absolutamente obvio que no todo está bajo control en el país. Y el Parlamento tiene que acoger el pedido que le ha hecho la presidenta Boluarte para adelantar la segunda votación y ser conscientes también ellos que parte de la responsabilidad de la crisis política la tiene el Congreso. De otra manera, no es explicable el rechazo popular que tienen las distintas acciones del Congreso a lo largo de este año y medio en donde lamentablemente varios partidos o bancadas han privilegiado sus intereses dejando de lado el interés nacional.

— Tanquetas de la Policía derribaron las rejas de la UNMSM para luego intervenir a 205 personas. ¿No ha sido una acción excesiva?

Nuevamente, volvemos a lo mismo, la Policía Nacional cumple una tarea, acata unas órdenes, es el ministro del Interior el que tiene que explicar por qué adoptó esta decisión, y la propia rectora tiene que dar las explicaciones del caso, porque según informaciones divulgadas por la prensa y el propio gobierno, la señora rectora habría solicitado la intervención de la Policía Nacional…

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— ¿Usted, como primer ministro, habría autorizado que una tanqueta derribe las rejas de una universidad pública?

Son situaciones distintas, contextos diferentes, yo, como primer ministro, me hubiese preocupado de equipar a la Policía Nacional. Lamentablemente, la Policía Nacional no cuenta con la tecnología ni equipos ni vehículos para disuadir y para no hacer uso de la violencia, en un primer paso. No sé cuál ha sido el contexto y no tengo la información detallada que ha llevado al gobierno a adoptar esta decisión, pero ciertamente desde el punto de vista político y constitucional es una medida que es cuestionada.

— ¿La democracia en el Perú está en cuidados intensivos?

Nuestro débil sistema democrático desde la caída de Pedro Pablo Kuczynski, desde que se forzó su renuncia está en cuidados intensivos, el conflicto entre los poderes del Estado ha sido permanente y, además, ahora se suma a esta problemática nacional el uso de la violencia por parte de sectores de la población que claramente quieren el rompimiento del orden democrático y constitucional. Y, por ello, la mayoría de los peruanos que creemos que debemos solucionar nuestro problema dentro del cauce constitucional, debemos defender la democracia, los problemas no se solucionan con violencia. Nosotros hemos tenido, como país, la experiencia dolorosa del terrorismo, sabemos lo que significa el uso de la violencia, por lo tanto, tenemos que condenar toda clase de actos que impliquen el uso de la fuerza bruta.