Pedro Chávarry, de fiscal de la Nación a condenado por encubrimiento real | PERFIL

El ocaso de Pedro Chávarry inició el día en que juró como fiscal de la Nación, en julio del 2018. Ocurrió pese a los cuestionamientos que, como integrante del Ministerio Público, lo vinculaban a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y que él pretendió minimizar. Estos mismos hechos lo hicieron renunciar seis meses después al cargo.

¿Qué habría ocurrido si hubiese aceptado la conversación que tuvo con el ahora exjuez supremo César Hinostroza, principal investigado por Los Cuellos Blancos, antes de asumir el cargo?, ¿cuál hubiese sido la diferencia si daba un paso al costado para aclarar su situación?, ¿por qué permitió que se retirara documentación de una oficina lacrada en el marco de una investigación? Son preguntas que quizás Chavarry se ha hecho en los últimos tres años, tratando de desandar sus pasos. Las respuestas, nadie las sabe.

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Luego de 27 años de haber recibido su medalla como representante del Ministerio Público -antes de ello fue juez por 14 años-, su carrera como fiscal llegó a su fin. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) -encargada de nombrar, ratificar y sancionar a los integrantes del sistema de justicia- decidió el último lunes destituirlo al establecer que incurrió en una falta grave a la carrera fiscal y al comportamiento ético de un funcionario público.

La decisión llegó días después de que se propusiera su destitución -tal como lo informó El Comercio- y once meses después de que la JNJ inició un proceso disciplinario en su contra por cuatro hechos: haber mentido sobre las conversaciones que habría realizado con presuntos integrantes de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto a fin de tener una reunión con periodistas previo a su asunción en el cargo de fiscal de la Nación. Las llamadas con el exjuez supremo César Hinostroza a fin de asegurar su elección como fiscal de la Nación, haber permitido el ingreso de su personal a una oficina lacrada del Ministerio Público en un allanamiento realizado en enero del 2019, y haber convocado a exfuncionarios del Congreso para tomar acciones ante la diligencia de allanamiento a sus oficinas.

Tres de las cuatro imputaciones fueron consideradas “falta muy grave” por la JNJ. No se acreditó que haya usado sus influencias con integrantes de Los Cuellos Blancos del Puerto, para confirmar su elección como Fiscal de la Nación. Chávarry no es el primer fiscal de la Nación destituido. Carlos Ramos Heredia fue separado del máximo cargo del Ministerio Público, en el 2015, por grave inconducta funcional en la investigación del Caso La Centralita.

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Una vida de idas y vueltas

Su vínculo con el sistema de justicia comenzó como juez de paz letrado en Lima, en 1980.

Su decisión de incursionar en el ámbito fiscal devino de su personalidad. No quería estar sentado expidiendo condenas. Quería la acción de perseguir el delito. Paradójicamente, terminó siendo uno de los altos funcionarios más conocidos en ser perseguido por su propia institución por, presuntamente, haber incurrido en delitos de organización criminal y encubrimiento real al estar vinculado a una red criminal que se dedicó al tráfico de sus influencias en el sistema de justicia.

En 1994, se convirtió en fiscal adjunto en el despacho de la fiscalía de la Nación. Por entonces, la titular era Blanca Nélida Colán, condenada luego por someter a su institución bajo el dominio del exasesor Vladimiro Montesinos.

Sin embargo, en el 2002, el entonces Consejo Nacional de la Magistratura decidió no ratificarlo en el cargo de fiscal, quedando fuera del Ministerio Público.

Chávarry pasó entonces a las asesorías privadas. Uno de sus clientes de entonces fue el vendedor de armas James Stone Cohen, quien había estado bajo la protección de Montesinos, según el diario La República.

Para entonces, el exfiscal de la Nación ya había iniciado un proceso para lograr su reposición como fiscal. Finalmente lo conseguiría a fines del 2006, a través de un acuerdo de solución amistosa con el Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al año siguiente, su titulo le fue devuelto.

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En esa época, los cuestionamientos en su contra habían comenzado. En el Ministerio Público se abrió una investigación en su contra por actos realizados cuando ocupaba el cargo de fiscal superior coordinador de Lima en el 2000. ¿El hecho? Presuntamente haber favorecido “al Doc”, al enviar una de sus denuncias a una fiscal que no tenía competencia para investigar el hecho. Según reportó Peru21, Chávarry negó los hechos y, cinco años después, su caso fue archivado junto a otros implicados.

El comienzo del fin

“¿Y qué deseas tú?, ¿la resolución?”, le pregunta Pedro Chávarry a César Hinostroza en una conversación difundida por Canal N -a través de un audio- dos días antes de que asuma como fiscal de la Nación, en julio del 2018. El caso Los Cuellos Blancos del Puerto había estallado solo dos semanas antes e Hinostroza era el protagonista de diversos audios con jueces, abogados, empresarios y exintegrantes del CNM; que pedían favores o abogaban por terceros que tenían casos pendientes en el sistema de justicia.

La conversación -que se había dado en febrero del 2018- versaba sobre la “ayuda” que necesitaba Hinostroza para obtener una copia de documentos fiscales en los que se disponían el archivo de varias denuncias en su contra.

“No era un favor, porque él debía presentar (una) solicitud, pagar su derecho para sacar constancia con su DNI y se le tenía que entregar”, dijo en ese momento Chávarry a modo de excusa. Además, negó cualquier amistad con Hinostroza.

Finalmente tomó juramento en el cargo como fiscal de la Nación el 20 de julio del 2018, en una ceremonia deslucida. En aquel momento, ni el expresidente Martín Vizcarra, ni el titular del Consejo de Ministros César Villanueva, asistieron. Estos dos últimos, ahora, han sido incluidos en investigaciones fiscales por presunta corrupción.

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Chávarry creyó que la manera de aplacar las críticas en su contra era tomar el caso judicial más importante del momento: Lava Jato. Por eso, la noche de su primer día como fiscal de la Nación reformó el Equipo Especial Lava Jato y lo unificó bajo la dirección de Rafael Vela, y como principal investigador a José Domingo Pérez.

El entonces máximo representante del Ministerio Público creyó aplicar la " jugada de Marshall” en su tablero de ajedrez, pero meses después tanto Vela como Pérez lo pusieron en “jaque” pronunciándose contra su gestión.

Pero aquel 2018, los audios siguieron saliendo a la luz. En las nuevas conversaciones, Hinostroza y el empresario Antonio Camayo -investigado por el caso Los Cuellos Blancos- coordinaban una reunión y almuerzo con medios de comunicación para asegurar la elección de Chávarry como fiscal de la Nación, un mes antes de su asunción al cargo.

“En ningún momento he solicitado a nadie ayuda para mi elección como fiscal de la Nación. No he tenido ninguna necesidad de convocar a la prensa ni a nadie, mucho menos de hacer almuerzos”, dijo el fiscal. Negó también que haber acudido a la casa del empresario de Iza Motors para el referido almuerzo con la prensa.

Eso, hasta que escuchó su voz en otro audio diciéndole a Hinostroza, que la reunión con los medios de prensa “era urgente”.

Luego, en entrevista con El Comercio, Chávarry terminó reconociendo que sí estuvo enterado de las coordinaciones que se hicieron para reunirse con medios de comunicación y que acudió a la casa de Camayo. Su suerte, entonces, se acababa.

Llegaron los procesos e investigaciones

El 15 de agosto del 2018, con Chávarry aún al frente del Ministerio Público, la fiscal contra el crimen organizado, Sandra Castro -una de las fiscales a cargo del caso Los Cuellos Blancos del Puerto-, elevó un informe al fiscal supremo Pablo Sánchez en la que ponía en conocimiento a los altos funcionarios implicados con la presunta red criminal. El informe comprometía a la cabeza de la institución. Meses después, se le incluyó dentro de las investigaciones fiscales por el presunto delito de organización criminal.

aaOtras cuatro denuncias constitucionales nacieron en el Congreso por presunta infracción constitucional de parte del fiscal supremo, tras los diversos audios propalados entonces.

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Además, El Comercio reveló una presunta irregularidad en las calificaciones que Chávarry habría obtenido en el CNM al momento de su ratificación en el cargo de fiscal supremo. Ello conllevó a otra investigación en la fiscalía.

Luego, aparecería su nombre dentro del denominado “Chat La Botika” del partido político Fuerza Popular. Desde allí no pudo despejar la idea de sus vínculos con este grupo político.

Pero, sin duda, un hecho que incrementó el rechazo ciudadano contra el fiscal de la Nación fue el retiro de los fiscales Vela y Pérez del Equipo Especial Lava Jato, el 31 de diciembre del 2018. Tras las críticas, el 2 de enero del 2019, los tuvo que reincorporar.

Por este hecho, la fiscal suprema adjunta Bersabeth Revilla lo viene investigando por presunto encubrimiento real y actualmente tiene una medida de suspensión de sus funciones por 11 meses.

Las críticas contra Chávarry, entonces, eran insostenibles desde la ciudadanía. Y al interior del Ministerio Público, los enfrentamientos dentro de la Junta de Fiscales Supremos tampoco cesaban.

El fiscal se negaba a dar un paso al costado, sostenido por otros dos integrantes de la junta de fiscales también cuestionados en ese momento: Tomás Aladino Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza.

Entonces, los fiscales supremos, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, decidieron hacer público el pedido de renuncia que le formularon a la cabeza del Ministerio Público. El fiscal supremo estaba acorralado, pero no tomaba una decisión.

No pasarían muchos días hasta que el 4 de enero el fiscal Pérez Gómez, en el marco de la investigación contra Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori, allanara las oficinas de la Fiscalía de la Nación.

Este caso también generaría una nueva investigación contra Chávarry por el ingreso ilegal de su exasesora, Rosa Venegas, a una oficina que había quedado lacrada el día del allanamiento.

Finalmente, Chávarry decidió asumir las consecuencias de sus actos y presentó su renuncia al cargo de fiscal de la Nación el 8 de enero del 2019.

“Si soy el pretexto para que continúen estos ilegales actos contra la institución que represento como fiscal de la nación, he decidido por respeto a mi institución, el amor a Dios y a mi familia dar un paso al costado”, escribió Chávarry en su carta de renuncia.

Desde entonces, como fiscal supremo afrontó las investigaciones abiertas en su contra en el Congreso de la República y en la Fiscalía de la Nación.

En febrero del 2020, la Junta Nacional de Justicia -que había entrado en funciones un mes antes en reemplazo del CNM- abrió un inmediato proceso disciplinario contra diversos jueces y fiscales supremos implicados en el caso Los Cuellos Blancos y otros cuestionamientos. Entre ellos, Chávarry Vallejo.

En julio de ese año, a propuesta de la vocal instructora de la JNJ, Imelda Tumialán, se aprobó la suspensión de sus funciones y quedó apartado del Ministerio Público provisionalmente.

Luego, tras concluir el plazo de su proceso disciplinario, la semana pasada, llegó la propuesta para que Pedro Chávarry Vallejo sea destituido del Ministerio Público.

En febrero pasado, la Junta Nacional de Justicia votó por su destitución al concluir que los hechos cometidos por Chávarry fueron dentro de una actuación “ilegítimo, indecoroso, indigno y repudiable ante la opinión publica”.