(Foto: Congreso)
(Foto: Congreso)
Redacción EC

Este jueves la Unidad de Investigación de El Comercio reveló una serie de imágenes en las que se observa cómo el ex fiscal de la Nación  acompañó a su personal de confianza que poco antes había vulnerado una de las oficinas del Ministerio Público lacradas por orden del fiscal .

Las imágenes, que datan del sábado 5 de enero último, demuestran que Pedro Chávarry permanecía en el noveno piso de la sede de la Fiscalía de la Nación, justo en el instante en el que se violentó los precintos de seguridad del despacho que iba a ser objeto de un allanamiento en el marco de las investigaciones a Fuerza Popular.

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Los ex fiscales supremos Avelino Guillén y Víctor Cubas Villanueva, así como la abogada penalista Romy Chang, coinciden en que esta nueva información complica aún más la situación del fiscal Pedro Chávarry

Además, los especialistas concuerdan en que esto da pie a que se inicie una pesquisa por encubrimiento real, un delito que se sanciona, según el Código Penal, con penas de entre siete y diez años.

Para Guillén, esto demostraría que este suceso fue “un acto debidamente planificado” y que hubo “una ejecución de roles claramente delimitadas”. “No resulta creíble que él [Chávarry] pudiera ignorar lo que las personas que habían ingresado con él [a ese piso] iban a ejecutar”, acotó.

El ex fiscal supremo hace hincapié en esto puesto que quienes vulneraron la oficina lacrada fue su personal de confianza que estaba “bajo su cargo y además [en] una dependencia directa, no hay intermediarios”.

Guillén remarca que sobre este suceso se tendrían que investigar tres presuntos delitos concretamente: encubrimiento real, obstrucción a la justicia y asociación ilícita para delinquir. Esto último por “la probable existencia de una organización delictiva que ha actuado dentro del Ministerio Público”.

Por su parte, el ex fiscal supremo Víctor Cubas Villanueva recordó que Pedro Chávarry ha tratado de desvincularse anteriormente con este ilícito, por lo que las investigaciones que se lleven a cabo tienen que desvirtuar si “se habría cometido delito de encubrimiento real”.

Esto por haber tratado “de destruir las pruebas que el fiscal [Domingo Pérez] estaba buscando y para lo cual él solicitó y obtuvo la autorización judicial de allanamiento”.

La abogada penalista Romy Chang aseveró que la situación de Pedro Chávarry se complicaría debido a que “nadie, ni siquiera el fiscal de la Nación, pueden romper o colaborar en el rompimiento de un sello puesto por una autoridad”. “Solo hacer eso ya es un delito, que tiene una pena de dos años”, apuntó.

Chang también mencionó los presuntos delitos de desobediencia a la autoridad, al no hacer caso a la orden del fiscal Pérez; y encubrimiento real, puesto que se “estaría propiciando la desaparición de pruebas que pueden comprobar un delito”.

“El artículo 46 A del Código Penal dice que cuando tú eres funcionario público la pena que te corresponde, porque además se aprovecha la condición de funcionario para cometer el delito, está por encima del máximo de cada delito. O sea, si encubrimiento es de siete años, se da por encima a 15”, aseveró.

Asimismo, los tres especialistas coincidieron también en que, por la inmunidad que tiene en su condición de fiscal supremo, lo que correspondería ahora es que el fiscal José Domingo Pérez eleve un informe a la Fiscalía de la Nación dando cuenta de estos supuestos ilícitos de Pedro Chávarry.

“La nueva fiscal de la Nación [Zoraida Ávalos] va a tener que verificar el tema y, si encuentra que en efecto hay indicios de delito, lo que es evidente por los videos, tiene que pedirle al Congreso de la República, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que le levanten la inmunidad para que recién la fiscalía pueda procesar e investigarlo”, explicó Chang.

Sin embargo, Avelino Guillén refiere que también se podría remitir un informe ampliatorio, que vendría “a respaldar” el pedido que realizó Domingo Pérez .