Pedro Chávarry: radiografía de las denuncias e investigaciones en su contra

MIRA: Fiscal supremo Pedro Chávarry fue suspendido por la Junta Nacional de Justicia

Ahora, 26 años después, Chávarry, quien ostentó el cargo de Fiscal de la Nación (2018-2019), afronta una serie de procesos en el Ministerio Público, Congreso y la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Será precisamente la JNJ, la que deberá pronunciarse en breve sobre la propuesta de destitución contra el fiscal supremo. El pasado 14 de enero pasado el pleno de dicho organismo dejó al voto el pedido tras escuchar los últimos alegatos del alto funcionario y de su defensa legal. El plazo de 10 días para resolver, vence este miércoles.

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El fiscal supremo, viene siendo investigado por su propia institución por presuntos delitos que van desde el atentado contra la conservación e identidad de objetos, encubrimiento hasta el crimen organizado.

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-El fiscal supremo de los audios-

El 7 de junio de 2018, Pedro Chávarry fue elegido como máxima autoridad del Ministerio Público por la Junta de Fiscales Supremos. Sin embargo, ocho días después se difundieron dos audios captados dentro de las investigaciones del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Dicha organización criminal, compuesta por jueces y fiscales de todos los niveles, exconsejeros, abogados y empresarios; se había dedicado a intercambiar favores para salir beneficiados en los procesos de ascensos y selección convocados por el Consejo Nacional de la Magistratura o en los procesos librados ante el Poder Judicial y el Ministerio Público.

En uno de los audios, se alude a la juramentación de Chávarry como fiscal de la Nación y en el segundo, dialoga con el ahora exjuez supremo, César Hinostroza, quien le pide ayuda para unos trámites.

El entonces electo fiscal de la Nación, negó cualquier acto de corrupción y terminó jurando al cargo el 20 de julio del 2018. Pese a la aparición de más audios en su contra, Chávarry rechazó cualquier acto ilícito.

“Se me quiere sindicar como presunto miembro de los Cuellos Blancos. Espero que indiquen qué acciones realicé para favorecer a esta organización criminal.Conozco a algunos de ellos, jamás lo negué. Si han querido que los favorezca se equivocaron”, escribió Chávarry, cuando dirigía la fiscalía de la Nación.

Chávarry llegó a presentar una denuncia constitucional contra Hinostroza y un grupo de consejeros del desaparecido CNM, por este caso y derivó las pesquisas al fiscal supremo Pablo Sánchez.

El 18 de agosto de ese mismo año, la fiscal contra el crimen organizado del Callao, Sandra Castro, que investiga a Los Cuellos Blancos del Puerto, elevó el INFORME N° 01-05-2018-MP-FN ante el fiscal Pablo Sánchez Velarde. En ese expediente se daba detalles de las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces y más audios, que implicaban a Chávarry y otros altos funcionarios.

Luego de diversas investigaciones, en setiembre del 2019, Sánchez Velarde dispuso incluir formalmente a Chávarry Vallejos –junto al fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza- como investigado en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, por el presunto delito de organización criminal.

Según la tesis de la investigación, Chávarry sería un “punto nodal” dentro de la organización criminal que no tenía una estructura piramidal, sino que estaba integrada por varias cabezas gestadas desde distintas instituciones relacionadas.

Por ello, según la investigación fiscal, para la mencionada organización, era necesario que permaneciera como fiscal de la Nación.

“Luego de la elección del fiscal Pedro Chávarry como fiscal de la Nación, Walter Ríos (investigado por el caso Los Cuellos Blancos) estuvo alegre y le manifestó que ya tenían el poder”, se recoge como parte de la declaración del testigo 2111-2018 ante el fiscal Sánchez.

-Su caso ante la JNJ-

Los hechos de contenido penal, no son los únicos que enfrenta el también integrante de la Junta de Fiscales Supremos, Pedro Chávarry. Como mencionamos líneas arriba, en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se analiza la propuesta de destitución en su contra planteada por la vocal instructora Imelda Tumialán, en el marco del proceso disciplinario iniciado el pasado 21 de febrero del 2020.

La JNJ se encuentra revisando su actuación cuando estuvo a cargo de la Fiscalía de la Nación (junio 2018-enero 2019) y los vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Chávarry, se encuentra con una medida de suspensión de sus funciones desde julio del 2020, cuando la JNJ decidió por unanimidad que cese en sus funciones de manera preventiva, al concluir que habría faltado a la verdad, al Código de Ética, y violado la Ley de Carrera Fiscal.

También, porque podría obstaculizar las investigaciones que se le siguen en la vía penal por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto y la sustracción de documentos de una oficina lacrada del Ministerio Público, en enero del 2019.

El suspendido fiscal supremo es procesado disciplinariamente por la JNJ por cuatro hechos:

Debido a las conversaciones con el exjuez supremo César Hinostroza –investigado también por el Caso Los Cuellos Blancos– que fueron registradas en diversos audios y en las que se daba cuenta de un presunto intercambio de favores.

También se ha considerado que Chávarry faltó a la verdad cuando dijo que desconocía los arreglos que hizo el empresario Antonio Camayo para propiciar un almuerzo con medios de comunicación a fin de favorecer su candidatura a la Fiscalía de la Nación. Además, habría propiciado el deslacrado de la oficina de su exasesor Juan Manuel Duarte –hecho que reveló El Comercio– en enero del 2019.

En su última presentación ante la Junta Nacional de Justicia, Chávarry negó las acusaciones en su contra y afirmó que todo era parte de un complot en su contra por haber denunciado al gobierno de turno (Martín Vizcarra) y haber cuestionado el secretismo del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht.

“Se me pretende responsabilizar por muchas situaciones en las que no he participado. En el tema del deslacrado no tengo que ver nada (...) durante estos tres años me han atacado los principales medios periodísticos alentados por el expresidente Martín Vizcarra”, dijo.

Según el artículo 72 del reglamento de procedimientos disciplinarios de la JNJ, la sanción, al final de todo el proceso disciplinario, podría llegar hasta la destitución, si se comprueba una actuación irregular con prueba evidente.

-Caso Keiko Fujimori y la acusación pendiente-

Sobre Pedro Chávarry, también está pendiente que se resuelva en el Congreso la denuncia que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó en su contra por presuntamente haber querido ocultar información respecto a la investigación que se seguía contra la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori y Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), por presunto lavado de activos.

El 4 de enero del 2019, el fiscal José Domingo Pérez, dispuso allanar las oficinas de Juan Manuel Duarte, entonces asesor del despacho del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Sin embargo la diligencia se pospuso hasta el día 6 de ese mes, por no tener autorización judicial para ingresar a otras oficinas que fueron lacradas.

No obstante, según imágenes mostradas por El Comercio, el 6 de enero la exasesora de Chávarry, Rosa Venegas, ingresó a las oficinas lacradas y restiró documentación.

Posteriormente, Venegas afirmó que lo había hecho con conocimiento del entones fiscal de la Nación.

Por ello, en mayo del 2019, Ávalos Rivera, presentó una denuncia ante el Congreso de la República, por los presuntos delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal y atentado contra la conservación e identidad de objetos, por la irrupción en las oficinas lacradas del Ministerio Público y la sustracción de documentos.

Recién, un año después, la actual Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, dispuso continuar con el trámite de la denuncia, pero rechazó revisar los casos que habían sido resueltos por el anterior Parlamento.

Por ello, el lunes 22, dicho grupo parlamentario se reunió y dispuso que la denuncia contra Chávarry solo sea procesada por presunto delito de atentado contra la conservación e identidad de objetos, cuya pena máxima es de dos años.

En diciembre del 2020, el fiscal supremo adjunto Ramiro González Rodríguez, se presentó ante la subcomisión de acusaciones constitucionales del Parlamento y sustentó dicha denuncia.

“El hecho atribuido al ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, es haber planificado y ordenado la irrupción a una oficina lacrada por el fiscal José Pérez Gómez en el curso de una investigación contra Keiko Fujimori y el partido político Fuerza Popular”, manifestó el fiscal.

La denuncia constitucional contra Chávarry -por el deslacrado ilegal de las oficinas del Ministerio Público y por su supuesta intervención en el caso de Keiko Fujimori- es por los presuntos delitos contra la administración de justicia - encubrimiento real (artículo 405° del Código Penal) y encubrimiento personal agravado (artículo 404° del Código Penal), así como por infracción a varios artículos de la Constitución.

-Caso Odebrecht-

Finalmente, la Corte Suprema del Poder Judicial resolvió que Pedro Chávarry continúe siendo investigado por el delito de encubrimiento real, por presuntamente haber intervenido como fiscal de la Nación para conocer información relevante del acuerdo firmado con la empresa Odebrecht, ante el Equipo Especial Lava Jato.

Según la investigación, que se encuentra a cargo de la fiscal suprema Bersabeth Revilla, el exfiscal de la Nación habría sido ajeno a sus funciones para revelar cualquier acto ilícito y por el contrario, trató de obtener información proporcionada por la empresa Odebrecht, vinculada a la investigación que se sigue contra la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, con la finalidad de ocultarla.

Además, Chávarry pidió que ambos fiscales acudan ante la Junta de Fiscales Supremos, para informar sobre las diligencias y actividades con la empresa Odebrecht.

Según la tesis fiscal, en diciembre del 2018 dispuso la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, con la finalidad de obstaculizar el convenio de colaboración eficaz con la empresa brasileña.

Sin embargo, tras una movilización social, ambos regresaron a sus plazas designadas y el 8 de enero del 2019, Chávarry renunció al cargo como Fiscal de la Nación.

Recientemente, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, por mayoría redujo de 18 a 11 meses, la medida de suspensión judicial de las funciones de Chavarry Vallejos, que le fue impuesto por pedido de la fiscal suprema Revilla.

Esto significaría que se le retiren todas las prerrogativas que tiene como magistrado supremo y no pueda ejercer su función como fiscal.

Cabe precisar que, el fiscal supremo Pedro Chávarry ha negado pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y que “nunca ha tenido vinculación con ellos”.

“La historia de Los Cuellos Blancos la han creado, porque lo han mezclado actos ilícitos delictivos, quizá graves del Callao, con un grupo de jueces y fiscales supremo; que cada uno responderá por sus actos”, dijo durante una entrevista a RPP.

Sobre la denuncia que se interpuso por la remoción de los fiscales Vela y Pérez, en su oportunidad, Chávarry la calificó como una “patraña” y que el caso en su contra no tenía “ni pies ni cabeza”.

“Entrar en detalles los motivos por los cuales dejé sin efecto la designación del fiscal vela y fiscal Pérez sería redundar en los temas; pues es facultad del Ministerio Público, en este caso del fiscal de la Nación, el de dejar sin efecto una designación. Una designación que fui yo quien lo hizo, confiando en las personas, pero que; en el momento que le retiré dicha confianza es que opté por dejar sin efecto, no destituirlo; y que ellos regresen a sus plazas de origen”, dijo posteriormente sobre la salida de Pérez y Vela.

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