La decisión de Pedro Chávarry se hizo oficial este martes 1 de enero. (Foto: Rolly Reyna/GEC)
La decisión de Pedro Chávarry se hizo oficial este martes 1 de enero. (Foto: Rolly Reyna/GEC)
Redacción EC

Este primero de enero se oficializó en el boletín de Normas Legales del diario oficial "El Peruano" la remoción de los fiscales y del Equipo Especial que investiga el Caso Lava Jato, decisión que fue anunciada anoche por el fiscal de la Nación .

Chávarry presentó también a quienes los reemplazarán dentro del Equipo Especial.

Según la Resolución Suprema N°4704-2018-NP-FN, esta remoción está basada principalmente en tres razones:

-Vulneración de jerarquía- 
Se señala que, a través de los medios de comunicación, los integrantes del Equipo Especial de fiscales atentaron contra el principio de jerarquía, afectando la institucionalidad y el orden del Ministerio Público.

En ese sentido, hacen referencia a las declaraciones en las que el fiscal José Domingo Pérez ha cuestionado al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por sus presuntas injerencias en la investigación que seguía al pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en el Perú.

“(El fiscal) José Domingo Pérez Gómez, procedió a través de entrevistas televisivas, a cuestionar el nombramiento del fiscal de la Nación (…) con lo que se estaría afectando además la Autonomía del Ministerio Publico que es una de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, pues con tal proceder ha logrado que diversos sectores de la sociedad y hasta titulares de poderes del Estado descalifiquen al titular de la Fiscalía de la Nación, e incluso pretendan inmiscuirse en la conducción de la institución”, afirma el documento que lleva la firma de Chávarry.

-Pedido de información-
Ante los pedidos de información de parte del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a los fiscales del caso Lava Jato sobre el estado actual de todas las investigaciones que tenían a su cargo, manifiestan que los requerimientos no fueron atendidos o fueron atendidos parcialmente.

“Se aprecia que, de los sendos requerimientos de información formulados a la Coordinación del Equipo Especial de Fiscales, tanto por el despacho de la Fiscalía de la Nación, y otras instancias de la administración pública, sobre el estado de las investigaciones a su cargo y temas conexos, en algunos casos no existe respuesta y en otras es incompleta”, indican.

Además, cuestiona que Rafael Vela haya calificado estos pedidos como “actos de hostilización”, y manifiesta que la intención habría sido “no brindar información, hecho que no permite verificar el estado y cumplimiento de plazos” de las investigaciones.

-Vulneración de la reserva-
Finalmente, en el documento se precisa que “información que por mandato legal tiene carácter reservado, viene siendo propalada a través de un sector de los medios de comunicación”, lo que evidencia que no se está garantizando la reserva de la investigación.

Según lo publicado, esto deja al descubierto “la falta de rigurosidad” en el cumplimiento de las funciones en la Coordinación del Equipo Especial, que estaba a cargo de Rafael Vela, así como la del fiscal provincial José Domingo Pérez.

Además, a este último se le acusa de hacer una “sobreexposición mediática de un determinado caso a su cargo, emitiendo declaraciones ante los medios de comunicación sobre su opinión personal frente al caso que ocupa, lo que podría representar la vulneración de la objetividad en su actuación que la ley exige”.