Perú Libre y el Gobierno apuntan a la contraloría, la Defensoría del Pueblo y el TC

Un primer caso es el de la Contraloría General de la República. La legisladora de Perú Libre, Margot Palacios, presentó el lunes una denuncia constitucional contra el contralor Nelson Shack acusando la demora en el proceso de auditoría anual a Petro-Perú, aunque la entidad fiscalizadora señaló que el retraso se debió a desacuerdos entre la empresa estatal y una sociedad auditora que terminó retirando su propuesta.

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En ese contexto, Palacios argumenta en su demanda que la contraloría “opta por sumarse a una campaña publicitaria contra Petro-Perú” y le causa un “perjuicio material y moral” a la empresa, que “tiene una reputación de manejo responsable y de rendimiento excelente”. Ello pese a que la gestión del exgerente general Hugo Chávez ha estado marcada por severos cuestionamientos y polémicas que incluso han llevado a la fiscalía a incluir al exfuncionario en una investigación por presuntos actos de corrupción en torno a una licitación de biodiesel.

“La reputación financiera de Petro-Perú viene siendo gravemente dañada como resultado de la negligencia, los comunicados imprudentes de la CGR, los juicios anticipados sin investigación ni respaldo, y la difusión de rumores periodísticos a los que la CGR se presta”, señala el documento de Palacios, que atribuye al contralor infracciones constitucionales, así como los delitos de abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Consultada por El Comercio, Palacios insistió con que “una omisión de funciones ha generado todo esto” y señaló que defiende la institucionalidad. “¿De qué crisis podemos hablar si no hay una auditoría? Habría que tener una auditoría para saber si hay una crisis financiera, económica o un desbalance patrimonial. Ni si quiera hay una auditoría que pueda señalar ello, porque no la ha convocado el contralor general de la República […] Ya ha renunciado el señor Hugo Chávez, ya no habría por qué hablar de una crisis de reputación”, acotó.

Sobre la denuncia, Shack ha declarado que se trata de “una represalia del partido de gobierno por todas las investigaciones que estamos haciendo. Es una denuncia absolutamente absurda, no tiene ni pies ni cabeza”. El excontralor Fuad Khoury opinó que la denuncia no tiene sustento y sostuvo: “Es una demanda que está tratando de cubrir las deficiencias de Petro-Perú y cargarle la responsabilidad de la elección del auditor interno a la contraloría, cuando el proceso se ha llevado de la misma manera que con cientos de entidades públicas”.

Cabe recordar que la contraloría ha realizado labores de fiscalización al gobierno desde sus primeros días. Por ejemplo, sobre las reuniones del presidente Pedro Castillo en una vivienda en Breña, identificó una “situación adversa” que podría “afectar la transparencia”. También cuestionó designaciones del Gobierno en puestos de confianza pese a no cumplir con el perfil, denunció “hostilización y amenazas” de Hugo Chávez ante la labor de control en Petro-Perú y emprendió auditorías a adjudicaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entre otras acciones.

Institucionalidad en juego

El Ejecutivo también ha hecho recientes cuestionamientos a la Defensoría del Pueblo. En su mensaje de la semana pasada ante el Congreso, el presidente Castillo aseveró que el defensor Walter Gutiérrez está “dedicado a promover la vacancia del presidente de la República”.

Por su parte, el vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, presentó el pasado 23 de febrero una demanda de proceso de cumplimiento contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, buscando se declare la vacancia de Gutiérrez por tener el mandato vencido e inicie el procedimiento para la elección de su reemplazante. Cabe recordar que el pleno del Parlamento aprobó el 28 de ese mes la conformación de una comisió especial encargada de seleccionar a los candidatos para el cargo.

En un pronunciamiento, Perú Libre también acusó a Gutiérrez de no tener “idoneidad” para el cargo. Como se recuerda, el defensor pidió públicamente la renuncia del presidente Castillo, cuestionó la conformación de gabinetes ministeriales, demandó que el mandatario explique la presunta existencia de un despacho paralelo y exigió se transparente la lista de visitantes al jefe de Estado en un inmueble de Breña, entre otras medidas de fiscalización.

Según ha podido conocer El Comercio, Gutiérrez mantiene la idea de dejar su cargo. Y aunque pretendía hacerlo a fines de este mes, se alejaría de la defensoría en la primera semana de abril, pues está culminando informes de gestión.

Asimismo, la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a favor del indulto humanitario del expresidente Alberto Fujimori ha valido un embate desde el oficialismo contra la institución. “Yo siempre he estado en contra de que exista el Tribunal Constitucional, no solo con esta decisión sino con otras que son contrarias a la Constitución […] Este organismo no debe existir, debe desaparecer”, declaró el primer ministro Aníbal Torres a RPP tras conocerse el fallo.

Por su parte, el congresista oficialista Guido Bellido ha anunciado un proyecto de reforma constitucional “con el fin de regular mejores mecanismos de elección de miembros del Tribunal Constitucional. No más injusticia e impunidad”. Este Diario intentó sin éxito comunicarse con el legislador para tener más detalle de su propuesta.

“Voy a presentar un proyecto de ley para que los miembros del Tribunal Constitucional y el defensor del pueblo sean elegidos por elección popular. Que sea el pueblo y no los arreglos en el congreso quienes decidan la conformación de ambas instituciones”, planteó por su parte Guillermo Bermejo, legislador de Perú Democrático.

Para Khoury, en vez de un “acecho a las instituciones”, el Gobierno debe alinearse con las políticas públicas relacionadas con la institucionalidad y el buen gobierno. “Por ejemplo, el defensor del pueblo reclama idoneidad, probidad, buena selección de funcionarios públicos y, según propios y ajenos allegados al partido, hay que cambiar al defensor del pueblo. ¿El defensor del pueblo es una persona antigobierno? No, cada uno hace su trabajo”, dijo.

El exdefensor del Pueblo, Walter Albán, sostuvo que lamentablemente “ha sido una constante” que se demore la elección de miembros del TC o del titular de la Defensoría del Pueblo, pero no por responsabilidad de las propias instituciones, sino del Congreso.

“Pero eso no significa que haya que pensar que la institución está mal, y que haya que desaparecerla y disminuirla […] Más que una amenaza, es una afectación directa. Puedo tener mis críticas, por ejemplo, al defensor del Pueblo. Pero de ninguna manera voy a estar a favor de que lo pretendan vacar o hacer de esto un manejo totalmente irracional que va a terminar afectando a la institución. Eso es perder la perspectiva”, comentó.

A su turno, el politólogo de la PUCP, Fernando Tuesta, los citados casos evidencian un modo de pensar y operar en quienes tienen hasta ahora la mayor responsabilidad de lo ocurrido en el aparato estatal. “Lo que tenemos en el caso del Gobierno y sobre todo Perú Libre es un continuo acecho a las instituciones”, manifestó.

“Son coherentes en relación a lo que manifestaban en campaña. Ellos tienen una mala apreciación en relación a varias instituciones. Pero el tema es que no son propuestas que buscan mejorar la calidad de las instituciones”, agregó Tuesta sobre las posturas del gobierno y de Perú Libre. Ello porque durante la campaña, por ejemplo, Castillo habló de “desactivar en el acto el TC y el tribunal siguiente tiene que ser elegido por mandato popular, así como todos los jueces y fiscales” o mencionó que “hay que desactivar la Defensoría del Pueblo”.

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