¿Quién pierde agenda y quién la gana?, por Juan Paredes Castro

Algo pasa con la agenda política nacional que el presidente Martín Vizcarra y su primer ministro César Villanueva trajeron al gobierno, a tal punto que de ella parece quedar vigente solo el tibio impulso de sus autores y promotores, dedicados, sin duda, a hacer lo mejor que pueden.

La agenda consiste básicamente en enfrentar el desequilibrio fiscal (más egresos que ingresos) mediante un plan de austeridad, impulsar la reconstrucción del norte, obtener del Congreso las facultades legislativas que requiera la acción gubernamental, dar un paso sin precedentes en la lucha anticorrupción y provocar una reforma legislativa electoral de cara a las próximas consultas populares.

Bastan y sobran esos cinco puntos de agenda para marchar con solidez hacia julio del 2021. No creemos que se hayan extraviado del todo, sencillamente han perdido fuerza. No están donde debieran estar, ¡funcionando!

El ministro de Economía, David Tuesta, prefirió sumar impuestos sobre los sectores cautivos de siempre, que recortar gastos a la burocracia (autos de lujo destinados a directores y ministros, planillas infladas, compras suntuarias, viajes aéreos en clase ejecutiva, viáticos sin rendición de cuentas, tercerización de servicios sin control). Ahora la agenda política la ponen las empresas de buses y camiones afectadas por el alza del diésel, con el consiguiente traspaso del costo adicional al usuario en fletes y pasajes. Una inminente paralización del transporte no es poca cosa.

Hasta la excesiva sanción que le impedía jugar a Paolo Guerrero en el Mundial de Fútbol ocupó el espacio reservado para la ausente agenda política nacional. Valió la pena que la ocupara Guerrero por el resultado que ya sabemos. De pronto, el mismo espacio de atención pública fue tomado por el desenlace fatal de una agresión feminicida: la muerte de Eyvi Ágreda. Se instala así, brevemente, el reclamo de justicia en la agenda política casi para nada. Ni Vizcarra ni Duberlí Rodríguez, ni Pablo Sánchez ni Luis Galarreta, ni el casi anónimo ministro del Interior saben qué hacer ante la escalada de violencia criminal contra las mujeres.

¿Qué espera el Congreso para hacer suya de inmediato la iniciativa de Vizcarra para aprobar de una vez la reforma electoral? Sería su agenda política a cambio de ninguna. La Comisión Lava Jato, a cargo de Rosa Bartra, podría entrar con más fuerza en la agenda política si perdiera el temor a un presupuesto mayor, no solo para el pago de asesores, que le permita elevar su capacidad investigativa. Cosa igual necesitan el Ministerio Público y el Poder Judicial: menos autos de lujo y más recursos para perseguir el delito y administrar justicia.

Lo que no gusta al Ejecutivo, al Congreso y demás poderes es que la prensa ponga la agenda política del país, con sus denuncias, revelaciones e investigaciones. Al hacerlo, no transgrede nada. Es parte de su misión al servicio de la sociedad. Es parte también de su relación siempre tensa con los poderes, que es mejor que acostumbrarse a una relación complaciente.