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El Poder Judicial (PJ) ordenó 36 meses de prisión preventiva contra el empresario Gonzalo Monteverde Bussalleu como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por presuntamente ser uno de los encargados de recepcionar las coimas y aportes ilícitos que habría hecho la empresa Odebrecht en nuestro país.
La misma medida fue aplicada a sus coinvestigados María Isabel Carmona Bernasconi y Jorge Wilfredo Salinas Coaguila.
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Según la resolución del juez Manuel Chuyo, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, existen elementos de convicción "graves" que vinculan a los investigados con el presunto delito de lavado de activos cometido en organización criminal, bajo la modalidad de ocultamiento y transferencia.
En el caso de Gonzalo Monteverde, habría recibido activos de la constructora brasileña entre los años 2007 al 2013, los mismos que ascendieron a US$ 24'906.000.
"Respecto a los imputados Monteverde, Carmona y Salinas Coaguila, se encuentran diversos elementos de convicción que a criterio de la judicatura son fundados y graves elementos de convicción de estos tres imputados sobre la transferencia y ocultamiento", sostuvo Chuyo.
El presunto ocultamiento del dinero se habría hecho a través de sus empresas Construmaq, a través del presunto alquiler de maquinaria para la construcción del proyecto Interoceánica Tramo Sur y, además, se habría realizado retiros de dinero vinculados a empresas como Isagón y otras que recibieron dinero de cuentas vinculadas a Odebrecht.
Según el magistrado, existe un común denominador entre Monteverde y el conjunto de empresas investigadas por el Ministerio Público: Constructora Área SAC, Isagón SAC, Inversiones Santuarios, Dominatrix Limited, Construmaq SAC., la Empresa Antares SAC., y Limaco SAC.
"Entonces, las empresas mencionadas constituyen empresas vinculadas con los imputados Monteverde y Carmona, sea como personas naturales o jurídicas", sostuvo.
De otro lado, el juez resaltó que los investigados y las empresas están directamente vinculadas con las offshore Constructora Internacional del Sur y Kleinfeld, que ya fueron reconocidas por la justicia de Brasil como las compañías que sirvieron para que Odebrecht realice el pago de coimas.
El juez Chuyo también tomó en cuenta que los tres investigados antes mencionados se encuentran prófugos de la justicia, lo que indica que pretenden sustraerse de la justicia.
-Comparecencia-
En el caso de la investigada Marcionila Cardoso Pardo se le impuso comparecencia con restricciones: no ausentarse del lugar de su residencia, presentarse ante la fiscalía cada vez que sea requerida, firmar un cuaderno de control y una caución de S/10 mil. Por todo esto, se ordenó su inmediata libertad.
A Carlos Javier Ángeles Figueroa también se le impuso comparecencia con restricciones.
El juez sostuvo que el vínculo de ambos investigados con el presunto hecho delictivo se enmarcan en el cobro de dinero y transferencias por haber trabajado y haber sido representantes legales de las empresas de Gonzalo Monteverde.
"Por tanto, existen fundados y graves elementos sobre Cardoso Pardo y Ángeles Figueroa", sostuvo el magistrado.
Sin embargo, el juez indicó que el caso de ambos es "especial", puesto que "no existe peligro de fuga", sumado a su participación activa respecto al esclarecimiento de los hechos.
Los abogados de Monteverde, Carmona y Salinas apelaron la decisión del magistrado.
Cabe recordar que durante la diligencia de pedido de prisión preventiva la defensa de Monteverde y Carmona negaron haber realizado actos de lavado de activos a favor de Odebrecht.
El abogado José Francia sostuvo en las audiencias que todos las transferencias que realizó Gonzalo Monteverde las hizo como parte de los contratos que celebró con las empresas investigadas.
