Este jueves será un día clave para el Gobierno de PPK, pues el pleno del Congreso lo escuchará y resolverá el pedido de vacancia por "permanente incapacidad moral" contra él. (Interactivo: René Zubieta Pacco / El Comercio)
René Zubieta Pacco

En reiteradas ocasiones, el presidente Pedro Pablo Kuczynski () negó cualquier vínculo con Odebrecht. Es más, el 23 de octubre respondió a la Comisión Lava Jato del Congreso —que insistía en tomar su declaración como invitado— que no ha tenido relación profesional ni comercial con dicha compañía brasileña, otras constructoras investigadas por actos de corrupción ni con sus consorciadas peruanas.

Hubo un primer momento importante. El sábado 9 de diciembre, PPK indicó durante una entrevista en RPP que trabajó como asesor financiero para varias empresas, entre ellas H2Olmos, constituida por Odebrecht en el 2009, y que un año después obtuvo la concesión de proyecto de irrigación Olmos, en Lambayeque. “No era ministro, era un privado que se ganaba la vida, como lo he hecho durante mi carrera profesional”, refirió ese día. Desde Palacio de Gobierno se precisó posteriormente que el economista brindó la asesoría en el 2012 a First Capital, compañía de su ex socio, el chileno Gerardo Sepúlveda, que fue contratada para la estructuración financiera del proyecto. Así, se indicó que no fue un vínculo directo.

Pero lo que significó un punto de quiebre para empezar a cuestionar la permanencia de Kuczynski en Palacio de Gobierno fue la información revelada por Rosa Bartra, titular de la Comisión Lava Jato, el pasado 13 de diciembre. Ella señaló que la empresa Odebrecht le remitió documentos que dan cuenta de que la constructora brasileña realizó siete pagos por consultorías a Westfield Capital entre noviembre del 2004 y diciembre del 2007 por un monto de US$782.207.

De acuerdo a la documentación, cuatro de los pagos se dieron entre el 2004 y 2006, y Kuczynski fue ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Alejandro Toledo entre febrero del 2004 y agosto del 2005. Asimismo, cinco de los pagos tienen que ver con la Concesionaria Trasvase Olmos y dos con la Concesionaria IIRSA Norte (tramos 2 y 3), ambas integradas por Odebrecht.

En su defensa, PPK reconoció —en un mensaje a la Nación el pasado jueves— que Westfield sí es de su propiedad, pero apuntó que nunca estuvo a cargo de la gestión ni administración de la empresa cuando ocupó un cargo público. Y refirió que todos los contratos los firmó Sepúlveda.

Luego, en una entrevista con periodistas de distintos canales de televisión el domingo, insistió en que desconocía de las actividades de su empresa Westfield Capital cuando asumió el MEF y la PCM en el gobierno de Toledo. Pero dijo que recibió “algo de dinero” producto de las consultorías que esa compañía le hizo a Odebrecht.

En medio de todo ello, el pleno del Congreso de la República aprobó la admisión de una moción multipartidaria que plantea la vacancia de PPK por “permanente incapacidad moral”, pues se considera que ha faltado a la verdad.

Todo el proceso llega a un día clave. Este jueves, los parlamentarios recibirán al mandatario para escuchar sus descargos y tomarán luego una decisión final sobre el futuro de su Gobierno.

El más reciente capítulo de esta historia mostró a Kuczynski acompañado de sus vicepresidentes Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz dirigiendo un mensaje a la Nación la noche del miércoles. “Ninguno de los dos quiere ser parte de un gobierno que nazca de una maniobra injusta y antidemocrática”, dijo.

Mientras tanto, sus Vizcarra y Aráoz han expresado su lealtad a Kuczynski.

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