Presidente del Congreso, Manuel Merino, minimizó las críticas y denuncias de blindaje y defendió el trabajo de su colega de bancada Luis Roel al frente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. (Foto: GEC)
Presidente del Congreso, Manuel Merino, minimizó las críticas y denuncias de blindaje y defendió el trabajo de su colega de bancada Luis Roel al frente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. (Foto: GEC)
Redacción EC

Frente a las críticas de legisladores del Partido Morado y del Frente Amplio, el presidente del Congreso, Manuel Merino, negó un “blindaje” al exfiscal de la Nación, , tras la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de rechazar la revisión del informe del periodo disuelto que favoreció al magistrado.

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El titular del Legislativo dijo que no se siente preocupado por esta decisión y precisó que lo ocurrido fue parte de un “procedimiento formal” en el subgrupo de trabajo a cargo de su colega de bancada Luis Roel Alva.

Comunicado del Partido Morado
Comunicado del Partido Morado

Lo que pasa es que se está haciendo una falsa alarma [sobre el tema de Pedro Chávarry]. Yo he conversado con el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista Luis Roel, y lo que él está haciendo es el procedimiento formal que corresponde”, sostuvo en diálogo con Radio Nacional.

Creo que hay que esperar con calma, en las redes ayer, prácticamente, se ha puesto en alerta algo que no existe. En este periodo parlamentario no hay blindaje, en absoluto. Creo que no hay de qué preocuparnos”, señaló Merino.

Este lunes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento decidió continuar con el trámite de la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en contra del fiscal supremo Pedro Chávarry por la irrupción en oficinas del Ministerio Público que fueron lacradas a inicios del año pasado.

Sin embargo, la medida establece que el proceso seguirá por el presunto delito de atentado contra la conservación e identidad de objetos, cuya pena máxima es de dos años; luego que se desestimara un pedido para revisar las decisiones del periodo anterior que archivaron otros posibles delitos.

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