Presidente del JNE puede ser investigado por presunto tráfico de influencias

La situación del actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona, y del cuestionado exjuez supremo César Hinostroza puede complicarse luego de conocerse que ambos intercambiaron favores en enero de 2018 para beneficiar a dos trabajadores de sus respectivas instituciones.

► Audios: presidente del JNE intercambió favores con César Hinostroza. 

Para el exfiscal supremo adjunto Avelino Guillén corresponde que la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos realice una investigación preliminar con la finalidad de identificar cuáles serían las figuras penales que se presentan contra ambos.

Hoy este Diario difundió sus conversaciones. En una se escucha decir a Hinostroza: “Oye, hermano, para que le renueven su contrato nomás quería, hermano”. A quien se dirigía así era al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Cuatro días después, Víctor Ticona le devuelve la llamada con la frase: “Mira, quisiera pedirte un servicio especial”.

Puntualmente Hinostroza le pide a Ticona que se le renueve contrato de trabajo al notificador Brian Rojas Alonso, hermano de una secretaria del Poder Judicial, favor al que accede Ticona a pesar de que él mismo reconoce que se trataba de un empleado "relajado".

Cuatro días después Ticona pide a Hinostroza que interceda ante el gerente de Recursos Humanos del Poder Judicial para que le renueve un contrato a la trabajadora Idalia Guerrero Sosa. Incluso, se muestra insistente.

Guillén comentó también que esta situación de intercambio de favores "vulnera el Código de Ética de los jueces del Poder Judicial".

Por tanto, el exfiscal del Caso Fujimori indica que se trata de una grave conducta funcional que amerita una sanción administrativa como la destitución. Sin embargo, anotó que lamentablemente al no estar en funciones la Junta Nacional de Justicia (JNJ) el asunto queda en el aire. 

Guillén enfatizó que de los audios también se desprende una afectación de la función pública pues "al mantener en su puesto a un servidor con graves cuestionamientos", se perjudica el trabajo que realiza una institución pública tan importante como el Jurado Nacional de Elecciones.

Para el penalista Luis Lamas Puccio la conducta de ambos magistrados supremos está calificado en el Código Penal como "una modalidad de tráfico de influencias". Es decir, los funcionarios en cuestión están tratando de interceder al margen del procedimiento [regular] para favorecer a una tercera persona, respecto a una resolución o decisión que implica el manejo de recursos del Estado.

Lamas Puccio también comentó que antes se tiene que corroborar que la conversación fue obtenida mediante interceptaciones legales, es decir, autorizados por el juez de investigación preparatoria.

Este Diario informó hoy que se trata de cinco diálogos registrados entre Ticona e Hinostroza como parte de las interceptaciones legales por la investigación del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

-También negociación incompatible-
Sobre el tema el penalista Carlos Caro comentó que además del tráfico de influencias, que sanciona a una persona que ejerce algún poder o influencia dentro de la función pública, también podría presentarse la figura de la negociación incompatible, que se da cuando un funcionario público se interesa en una causa particular.

"No hay dinero de por medio pero hay un escenario de favor con favor. El tráfico de influencias funciona incluso cuando el favor puede ser un tarjetazo. En ese caso se sanciona hasta con ocho años de pena privativa de la libertad y la negociación incompatible hasta con cinco años", explicó.

Los juristas anotaron que por tratarse de jueces supremos, de hallarse responsabilidad Ticona e Hinostroza tendrán que ser denunciados constitucionalmente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pues gozan de inmunidad.

A través de una carta a este Diario, el presidente del JNE explicó que “se limitó a comentar” la “situación laboral” de Guerrero. En cuanto a Brian Rojas –recomendado por Hinostroza, según los audios–, sostuvo que en el 2018 este pasó por un concurso público del JNE. Rechazó “cualquier vínculo o insinuación que lo relacione con actos reñidos con las normas”.

La defensa legal de César Hinostroza respondió que “desconoce el contenido” de estos audios y que no puede pronunciarse respecto a interceptaciones obtenidas “de manera ilegal”.

El dato
Fuentes del Ministerio Público indicaron que en el caso de César Hinostroza si se determina su responsabilidad penal por este caso tendría que presentarse un nuevo pedido de extradición por este hecho.