El procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, confirmó que el Estado transfirió a la constructora brasileña Odebrecht el dinero excedente de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla (Huánuco). Agregó que el dinero, que ascendería a US$132 millones, ya se encuentra en “un banco privado” en el Perú.
Ramírez explicó que la firma extranjera “hasta la semana pasada” no podía enviar estos recursos a Brasil, porque les faltaba levantar una observación hecha por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
“Sí, en principio tengo que el desembolso ha sido declarado legal por el Poder Judicial, porque hay una sentencia judicial que aprueba el acuerdo de colaboración eficaz que tiene como beneficio otorgado por el Ministerio Público eximirlo de la ley y como consecuencia liberar estos fondos”, manifestó desde Curitiba, a donde asiste a los interrogatorios a los ex ejecutivos de Odebrecht.
“Tengo entendido que [este dinero] ya pasó a un banco privado en Lima. Hasta la semana pasada estaba [ahí, porque a la empresa le falta cumplir] un requisito formal ante la SBS”, agregó.
Ramírez indicó que si esto ha sido superado no habrá ningún problema de parte de la empresa “para que sus funcionarios puedan declarar sin restricciones”.
El Comercio conoció que la UIF aún no ha levantado la observación hecha, por lo que Odebrecht todavía no puede enviar a Brasil el dinero depositado por la venta de Chaglla.
El abogado del Estado dijo que tiene “gran expectativa” sobre lo que puede decir en los próximos días el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata.
El procurador ad hoc precisó que los fondos transferidos a Odebrecht no son públicos, en referencia a una declaraciones del procurador anticorrupción, Amado Enco, al respecto.
Ramírez dijo que “lamentablemente” Enco “sigue perturbando la ejecución” del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, al interpretar de “manera equivocada” que la devolución a la firma brasileña se hizo con fondos públicos.
“El Ministerio de Economía y Finanzas ya aclaró esta situación a través de un informe técnico y ha señalado que los fondos del fideicomiso son privados”, expresó.
Para concluir, adelantó que a su retorno a Lima, evaluará las acciones legales que tomarán contra Enco.
Con información de Graciela Villasís, enviada especial de El Comercio a Curitiba (Brasil).