Que no arda el corredor. Bellido y Las Bambas. Una crónica de Fernando Vivas

“Si se prende el corredor minero con los conflictos, el Perú se va al diablo”, me dice Richard Arce, ex congresista del Frente Amplio por Apurímac. “Y no me importa que se molesten mis amigos de izquierda por lo que digo”, añade. Pero Richard no tiene que preocuparse por la reacción de sus correligionarios: los izquierdistas en el poder, al menos los cuadros técnicos, están muy al tanto del alza de los precios de los minerales en el mercado, y cuentan con los impuestos a esas sobre ganancias para financiar sus políticas públicas.

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Los ambientalistas le llaman a esta dependencia, despectivamente, ‘neo extractivismo’; pero le podemos llamar simple supervivencia. Nadie cercano al gobierno, ni el más duro de Perú Libre, quiere que la pradera se incendie en las provincias de Apurímac y Cusco por las que discurre el mineral. Especialmente, en la cusqueña Chumbivilcas, que tuvo a 7 comunidades campesinas en pie de lucha, tomando la carretera, desde el 23 de julio previo a asunción de Pedro Castillo y apenas asumió este, difundieron una carta abierta con sus demandas.

El 2 de agosto, tres días después de jurar como primer ministro, Guido Bellido fue a su provincia natal. Escogió la zona de Muyoccorco, pues era un lugar propicio para que aterrice el helicóptero, pero una vez fuera de la bestia de metal, montó a caballo para llegar a la reunión con los presidentes de las comunidades alzadas. Habló en quechua y consiguió una tregua de 60 días con promesa de instalar una mesa de diálogo para resolver las demandas de la carta mencionada. Entre ellas, destacaré, luego de hablar con dos dirigentes, estas 4: derogar la Resolución Ministerial 372-2018 MTC que categoriza el corredor como ‘vía nacional’, considerar a las comunidades como parte de la zona directa de influencia ambiental de Las Bambas, ser indemnizados por las afectaciones sufridas hasta ahora e incrementar su papel de proveedores de servicios y productos a la mina.

Los comuneros dieron su confianza al premier en buena parte porque piensan que un ‘qorilazo’ (sinónimo de chumbivilcano), como ellos, hará lo posible por no defraudarlos. Están acostumbrados a corresponder a los gestos políticos, como el alarde de representación de Bellido el 2 de agosto; pero también recelan de las mecidas. Ya han padecido de estas desde cuatro gobiernos atrás. La que recuerdan con más pica es una durante el gobierno de Vizcarra, cuando su ministro de Transporte, Edmer Trujillo; consiguió el apoyo de los alcaldes para recategorizar la vía. Entiéndase que en Chumbivilcas hay 79 comunidades campesinas, lo que hace a la provincia un territorio donde la estructura comunal pesa más que las autoridades locales. De esas 79 comunidades, 18 son aledañas al corredor y, por ahora, 7 están muy inquietas. Hay que entenderse con ellas más que con los municipios.

A Luis Huamaní, presidente del Comité de Lucha de Residentes de las Comunidades del Corredor Minero de Chumbivilcas en Cusco, le pregunté si conoce a Bellido y lo puso en perspectiva: es de la comunidad de Quehuincha en el distrito de Livitaca. Esta no es una de las 18 comunidades por las que discurre el corredor. Mientras residía en Cusco, marchó algunas veces con sus paisanos, pero no fue activista ni estuvo particularmente interesado en la vía caliente.

Polvo, cobre y plata

El corredor vial de cerca de 500km por el que se transporta en camiones el mineral de MMG Las Bambas y de otras minas de Apurímac y Cusco hasta la estación de Pillones del ferrocarril del sur; consta de varios tramos de nuevas y viejas carreteras, además de algunos caminos rurales, en buena parte sin asfaltar. La suma de estos tramos fue categorizada como ‘vía nacional’ por Resolución Ministerial 372-2018 MTC. Vuelvo a subrayar este hecho porque da pie a la primera de las demandas: ‘¡Recategorización de la vía¡ ¡derogación de la RM!.

Es difícil de entender porqué una RM de nomenclatura vial subleva tanto, pero el quid está en que, al ser vía nacional, los comuneros dejaron de lidiar con los débiles alcaldes, a los que acorralan con facilidad, y con la empresa; para vérselas con el abstracto y remoto Estado. Huamaní me lo explica de esta forma: “Cada que reclamamos a la empresa, nos dicen que es una vía nacional, que tenemos que reclamar al estado”. Hay una poderosa razón adicional: si la vía se descategoriza, piensan que las comunidades podrían cobrar peajes o servidumbres de paso informales.

Por cierto, MMG Bambas, según me cuentan fuentes ligadas a la empresa, espera que el estado asuma la promesa hecha hace 5 años, con PPK, de asfaltarla en su totalidad (MMG se comprometió a financiar los estudios de inversión para la obra, cosa que ya hizo); pero la intención quedó en nada. Como paliativos para hacer menos polvo y bulla, han puesto una ligera capa de pavimento removible a la entrada y salida de cada centro poblado, riegan frecuentemente la pista y cumplen un horario que evita la bulla nocturna. Es penoso que una vía esencial de la riqueza minera, se mantenga a punta de parches y baldazos. La solución definitiva es hacer una carretera como Dios manda o un sueño sin licitación, un tren. Pero no nos adelantemos.

Extraña no leer en la extensa carta enviada por los comuneros a Castillo, mención alguna sobre el asfaltado de la vía. Nacional, sub regional o cualquiera que sea la categoría de la ruta, ¿por qué no exigen que se asfalte, si el polvo no solo contamina a quienes viven más cerca del camino, sino que se asienta en el suelo, afectando cultivos y ganado? Le comenté mi extrañeza a Huamaní y también a Carlos Monge García, ex presidente del Fudich (Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas). Por sus respuestas, entendí que los dirigentes privilegian la atención de demandas que incidan directamente sobre sus ingresos antes que reclamar algo que Estado y empresa debiera resolver sin que se les pida.

Por eso no insisten en el asfalto, sino en conseguir un estatus oficial –ser considerados área de influencia directa ambiental- que les permita obtener apoyo económico y social de MMG y, también, de otras minas que usan tramos más cortos del corredor, como Hudbay y Antapaccay que, a diferencia de MMG, no traspasan el concentrado de cobre de los camiones al ferrocarril en Pillones, sino que siguen por carretera hasta el puerto de Matarani).

Los comuneros también reclaman indemnizaciones por lo que estiman han padecido con el corredor en 5 años. Arce me dice que las protestas se han monetarizado. Se priorizan las demandas más fáciles de monetizar. Convenimos en que no hay que sorprenderse por este signo de los tiempos. Por ejemplo, la descategorización de la vía, como ya vimos, está en directa relación a la posibilidad de cobrar peajes. Otra de las demandas es que, en el caso de que los comuneros quieran vender terrenos a la mina, esta compre a buenos precios de mercado. Por cierto, algunos de los pocos terrenos privados de la zona, ya han sido comprados por MMG. Fue el caso del fundo Yavi Yavi, en Chumbivilcas, comprado por MMG como compensación a la comunidad apurimense de Fuerabamba, desplazada de su territorio original por las operaciones mineras. Los fuerabambinos lograron resarcirse de afectaciones sociales y ambientales, en una forma que ha despertado la sana envidia de las comunidades más alejadas del tajo. El argumento, repetido con vehemencia, es que estar en la ruta del metal, las convierte en área de influencia, directa o indirecta.

Mesa o mecida

A poco de empezar la tregua, los comuneros percibieron desatención del gobierno, atribulado por sus primeras crisis políticas. Ni siquiera se cumplió con instalar la primera mesa de diálogo el 11 de agosto, como Bellido prometió en su visita. Los dirigentes volvieron a tomar la carretera el 16 y, ahí sí, la PCM se puso las pilas. Se planificó una visita de Guido Bellido con dos ministros (Juan Silva del MTC e Iván Merino de Energía y Minas) y el viceministro de Ambiente, Mariano Castro. El 28, con bombo y letra chiquita en El Peruano (RD 0011 -2021 – PCM/SGSD), se instaló la mesa que consta de grupos de trabajo.

Una fuente palaciega me subraya que los grupos de trabajo tienen plazo hasta el 31 de diciembre, como consta en la resolución. Luego, los grupos se pueden tomar hasta 30 días para emitir el informe con sus recomendaciones para resolver las demandas. Por el tono de mi fuente, sobreentiendo que considera que la tregua de 60 días se ha extendido hasta enero del próximo año. Sin embargo, el tono de los dirigentes con los que he conversado, es otro. Los dos me dicen que si se sienten mecidos o burlados vuelven a la lucha. Uno de ellos exclama, “y ahora seremos las 18”, refiriéndose a todas las comunidades que albergan al corredor. Aún en tregua, las comunidades están acostumbradas a negociar con las llantas ardiendo, o con la soga al cuello, según cuál sea el resultado.

Son 4 grupos de trabajo: uno para revisar el 372, otro para evaluar las afectaciones ambientales, otro sobre los proveedores de bienes y servicios, y uno último para analizar el tema de la criminalización de las protestas. Una de mis fuentes cree que este gobierno, de izquierda reivindicativa, puede inclinarse en ceder al reclamo de derogar el 372. Basta una decisión política administrativa para hacerlo. Ello enfriaría y relajaría por un rato al corredor. Pero, claro, allí se abre la discusión de que cómo considerar cada tramo, incluyendo algunos trazados en los últimos años, y que discurren por terrenos de comunidades que quieren cobrar servidumbre de paso. Buen tema para debatir en el grupo de trabajo 1, que promete ser caliente.

El grupo 2 podría ser igual o más caliente porque debate una reivindicación que se pronuncia con pasión: ¡queremos ser considerados zona de influencia¡ Es el reclamo de un estatus de sujeto compensable por la mina poderosa. El ambientalismo de la nueva izquierda y el extractivismo puro y duro que quiere capturar lo que le corresponda de la renta minera; chocarán irremediablemente. Para las empresas no hay mucho que discutir: área de influencia es la que tienen a tiro de piedra, no los cientos de kilómetros del corredor. La salida, me lo sugiere, una fuente ligada a la empresa, es usar otras nomenclaturas, pues la ley define con claridad al ‘área de influencia’ y el corredor no lo es.

En espera del tren

Una de las razones por las que el proyecto de asfaltar todo el corredor se estancó; es que surgió uno más ambicioso. Caímos en la ilusión del megaproyecto. No está siquiera cerca de ser licitado, es apenas un esbozo, pero Guido Bellido lo mencionó en su discurso de investidura (pág. 13): “Se promoverá que exista entre el nodo minero del sur andino y el puerto de Marcona, un tren que (…) dé factibilidad al desarrollo de proyectos que no serían viables de no existir un medio de transporte como este”.

Tal puede ser la solución, en un largo plazo que excede a este gobierno, de muchos de los problemas del corredor; pero, por ahora, el asfaltado se impone como una solución a mediano plazo que no se puede dejar de lado. La ilusión del megaproyecto ferroviario no solo ha descuadrado la planificación de infraestructura básica en el Perú, sino en otros vecinos que sueñan con trenes transoceánicos financiados por China. El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, ligado a Perú Libre, ha sido más explícito que Bellido, al hablar del tren: “El costo del proyecto se está evaluando (…). Tomando en cuenta los trámites burocráticos, toda la infraestructura del tren estaría lista en el 2028” (Gestión del 25/8/21)

En el MTC existe un estudio de pre inversión que arroja un costo de $5,700 millones para el tramo principal de 577 km y $3,430 millones para el tramo adicional de 343 km. En total, serían $9200 para un proyecto que se ejecutaría entre el 2025 y 2030. La ruta no discurriría por el actual corredor, sino que atravesaría Apurímac hacia la costa. Las minas de las provincias cusqueñas de Chumbivilcas, Espinar y Paruro, podrían usar su ruta actual hacia Matarani o, en sentido inverso, hacia la estación de Challhuahuacho, donde empezaría la ruta del tren.

El tema ferroviario, por ahora un mero proyecto en la amplia cartera del MTC, y otros sobre las complejas relaciones entre minería y Estado, fueron tratados en las visitas que ejecutivos de MMG, liderados por su gerente general, Jianxian Wei, han hecho al ministro Merino y a la PCM. Esta última reunión, fue con el viceministro de Gobernanza, Braulio Grajeda, ex candidato al Congreso y dirigente de Perú Libre, y con Jesús Quispe Aronés, el jefe de la secretaría de diálogo y encargado de coordinar las mesas en el corredor. Bellido, según mis fuentes, entró unos minutos, para hacer un saludo protocolar.

Hay una paradoja política que percibo en las expectativas de mis fuentes mineras: la izquierda que tanto se temía por su prédica ambientalista y nacionalista; ahora promueve la decidida participación del Estado regulando y negociando con las comunidades. Esto es bienvenido por las empresas mineras. Los anteriores gobiernos, me lo dice alguien que lleva años en la brega de los conflictos, se desentendían de las demandas y muchas veces dejaban a las empresas solas lidiando con comunidades que exigían reclamos que entrañaban inversión pública. Del otro lado, tenían a la izquierda, asesorando a los dirigentes a través de sus ONG verdes.

Sin embargo, he aquí a una izquierda dura y machista, que ya comprendió que la renta minera la ayudará a sostenerse, y que no es tan afecta como sus aliados de Nuevo Perú a estándares mínimos de contaminación y zonificación territorial que prohíba explotar en cuencas. Parafraseando al radical Guillermo Bermejo, esas serían ‘pelotudeces ambientalistas’ para el gobierno de Perú Libre. “El Perú es un país minero y agrícola, volveremos a instalar la armonía con la pachamama que existió durante milenios”, dijo Bellido en su discurso de investidura, dando a entender que los ancestros no desdeñaban explotar un buen filón de oro o cobre por respeto a la bucólica paz de los campos.

En las próximas semanas y meses, tengamos en cuenta que las promesas incumplidas, ya sea por engaño o por ineficiencia, pueden incendiar cualquier corredor o pradera. Los dirigentes con los que hablé se muestran muy escépticos respecto al resultado de la mesa de diálogo. El gobierno y MMG (no es parte de la convocatoria inicial a los grupos de trabajo, pero se puede integrar a ellos); tendrán que dar señales concretas para que fluya la negociación. El corredor se puede recalentar en cualquier momento, incluso con otras minas. Por ejemplo, el frente de defensa de la comunidad de Chamaca, también en Chumbivilcas, ha enviado una carta al gobernador Jean Paul Benavente, reclamándole que interceda en la evaluación de su convenio marco con la mina Hudbay.

Un lugar común en el que se enfría el corredor se asienta cuando se oye a los dirigentes repetir, con la misma convicción con la que piden derogar resoluciones y ampliar zonas de influencia, que ellos están a favor de la minería; que la mina va, pero que todo tiene sus compensaciones.

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