Aunque a medias, la reforma del sistema peruano de justicia finalmente se puso en marcha. Pese a que se suspendió la juramentación de dos candidatos, por registrar llamadas con personajes vinculados al caso de Los Cuellos Blancos, ayer lunes se oficializó el nombramiento de cinco de los siete miembros que conformarán la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el ente encargado de llevar a cabo esa reforma.
A la cabeza de ese grupo está Aldo Vásquez Ríos, exministro de Justicia del gobierno de Ollanta Humala, académico y profesional vinculado a organizaciones de tendencia política socialcristiana. Bajo su mando, la JNJ no solo deberá evaluar, nombrar y ratificar a jueces y fiscales, sino también resolver las propuestas de destitución pendientes y revisar lo hecho por el desarticulado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Todo esto, con el encargo de renovar un sistema manchado, precisamente, por el escándalo de corrupción de Los Cuellos Blancos. Mientras se resuelve la situación de los dos miembros no nombrados –Marco Tulio Falconí y María Zavala–, Vásquez declaró que se buscará “elaborar un plan de trabajo en el más breve plazo para lograr nuestras metas”.
¿Quién es Aldo Vásquez y qué casos emblemáticos deberá ver la junta que preside?
–Abogado, periodista, exministro y socialcristiano–
El nuevo presidente de la JNJ obtuvo el mayor puntaje (90.75 puntos) en el concurso de méritos para conformarla. Es abogado y magíster en periodismo por la Universidad San Martín de Porres (USMP), licenciado en ciencias sociales por el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales (ILADES) y la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, programa que se lleva en Chile, y doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Ha estado vinculado al mundo académico desde hace más de 20 años. En 1999, fue nombrado director del Instituto de Investigación de Ciencias de la Comunicación de la USMP y, en el 2004, director de la escuela de comunicación de esa casa de estudios. En el 2010 pasó a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde ha sido director de la Escuela de Derecho, decano de Ciencias Sociales y vicerrector académico. Este último cargo fue el que dejó para ser nombrado presidente de la JNJ.
El Instituto de Ética y Desarrollo de la Ruiz de Montoya es, precisamente, uno de los ocho socios peruanos de la fundación alemana Konrad Adenauer. Esta organización se encarga de promover en el mundo el socialcristianismo, corriente política cuyo principal representante en el Perú es el Partido Popular Cristiano (PPC).
Entre 1986 y el 2006, Vásquez fue director del Instituto de Estudios Social Cristianos, otro de los socios peruanos de la Konrad Adenauer, y que se describe como encargado de la “difusión y formación en la doctrina social de la Iglesia y el socialcristianismo".
Además, entre el 2002 y el 2003, fue asesor de la bancada parlamentaria de Unidad Nacional, alianza electoral de la que formó parte el PPC y por la que él postuló al Congreso sin éxito.
En el sector público, fue jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia entre 1988 y 1989, y asesor del despacho del viceministro de Comunicaciones desde 1990 hasta el 5 de abril de 1992, fecha del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori.
En octubre del 2015, fue nombrado ministro de Justicia en el gobierno de Ollanta Humala. Asumió el cargo luego de que Gustavo Adrianzén tuviera que renunciar ante la inminencia de una censura en el Congreso.
Adrianzén había firmado la destitución de la exprocuradora de lavado de activos, Julia Príncipe, alegando entre las razones su “actitud confrontacional”. Príncipe había declarado en medios sobre el caso de las agendas de la exprimera dama Nadine Heredia.
–Casos pendientes–
Una de las principales labores de la JNJ será revisar los nombramientos del desaparecido –y cuestionado– CNM. Entre sus casos más fuertes tendrá el del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry. Él todavía se mantiene como fiscal supremo, pese a que ha sido incluido en la investigación preliminar seguida a la presunta red criminal de Los Cuellos Blancos del Puerto.
Según la disposición fiscal que lo incluye en el caso, a la que El Comercio tuvo acceso en octubre, Chávarry habría sido un “hombre clave de la organización”. Lo mismo dice el documento sobre el también fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, quien también fue incluido en la investigación. Rodríguez Monteza es otro de los casos emblemáticos que tendrá que revisar la JNJ.
Un informe previo de la fiscal provincial del Callao Sandra Castro señalaba que Chávarry y Rodríguez Monteza eran parte de Los Cuellos Blancos. Ese informe mencionaba también al aún fiscal supremo Tomás Gálvez. Él fue nombrado en el 2013 y, para ver su caso, la JNJ tendría que abrir un proceso de oficio, pues ese año el CNM estaba conformado por otros consejeros.
Del lado de los jueces también hay pendientes. Por ejemplo, está el caso del juez supremo Martín Hurtado, de quien se revelaron audios con el exjuez supremo César Hinostroza en los que coordinaban el presunto favorecimiento para una contratación. Hurtado fue incluido en la investigación de Los Cuellos Blancos y se le abrió investigación por cinco presuntos delitos.