Andrés Hurtado empezó a hablar: nuevos involucrados y la posibilidad de ser colaborador eficaz
Esta semana tiene un ganador: Alberto Otárola. Su pequeño triunfo lo sembró la semana pasada cuando dijo “se podría, se podría [aplicar aspectos del Plan Bukele]”, y provocó tal debate sobre la razzia en El Salvador, que los voceros bukelistas se dedicaron a responder a la prensa peruana. Tanto se entusiasmaron que algunos llegaron a Lima en misión de avanzada de la primera exportación no tradicional de su país: ideas (su balanza comercial está dominada por textiles, café y azúcar).
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Pero Dina anunció que no compraría ideas a El Salvador y Alberto remató triunfal: “Aquí no va a haber el Plan Bukele sino el ‘Plan Boluarte’, que consiste en hacer lo que mejor han hecho otros gobiernos”. En realidad, que vaya a haber un plan Boluarte, plan Otárola o plan lo que sea que se acerque un ápice a la magnitud del salvadoreño, está descartado. Parafraseando a Alberto: ‘no se podría, no se podría’.
Territorio Bermejo
Perú está muy lejos de ser una autarquía de prioridad única a lo Bukele. No solo por falta de ganas, sino de capital político. Ya los expertos han abundado en las diferencias geográficas, demográficas y de otro calibre, que hacen inviable una razzia contra los delincuentes como la de Bukele. Sin embargo, alcaldes limeños entusiastas como Felipe Castillo, de Los Olivos, han insistido en que hay aspectos copiables, como el ‘control territorial’.
El concepto de control territorial precede largamente a Bukele y se encuentra en documentos de entes multilaterales como el PNUD hace más de una década. Aquí mismo ya se aplica desde mucho antes de la actual polémica, poniendo énfasis en la distribución de policías de acuerdo al mapa de calor de delito (donde hay más delincuencia, habrá más efectivos, así de simple en la teoría). Lo he visto meses atrás en exposiciones en el Mininter. Si algo falta en el combate peruano contra los demonios no es un plan Bukele o Boluarte, sino liderazgo. Dina y Alberto tendrían que empoderar al ministro Vicente Romero, o a alguna cabeza de comisión especial, si decidieran crear tal cosa. Lo que hay es un paquete de iniciativas legislativas por el que se ha pedido facultades al Congreso y, desgajado de este, la voluntad de crear un cuerpo nuevo y subalterno, la ‘Policía de Orden y Seguridad’. (Ojo, que el gobierno ha aprovechado el pedido para incluir iniciativas muy diversas, que afectan al sector Vivienda, MTC y otros).
Territorial es cualquier actividad adscrita a una zona determinada por fronteras administrativas. La izquierda, sobre todo la verde, esgrime el concepto porque le interesa marcar los derechos de comunidades sobre su tierra ancestral y establecer una ‘zonificación territorial’ que, por ejemplo, proscriba la minería en cabeceras de cuencas fluviales. Por eso, a la derecha no le gusta la palabreja; aunque se aplica, sin carga ideológica, en muchas actividades. En el Congreso, el concepto es fácil de entender, pues la representación está concebida a partir de las regiones.
La corrupción también es territorial. La de Castillo lo ha sido especialmente, pues el reparto de cuotas de poder e influencia se hizo, en gran medida, coordinando con alcaldes distritales. En las corruptelas en las que está presente algún congresista suele estar comprometida alguna obra en un distrito de su región. Los congresistas por Lima buscan distritos en otras regiones. Es el caso de Guillermo Bermejo, ex Perú Libre, hoy en la bancada de Cambio Democrático-Juntos Por el Perú; pillado, según colaboradores eficaces, en el cobro de comisiones por obras de la ARCC (Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios) en el distrito de La Unión, Piura. La fiscalía ya le abrió investigación por tráfico de influencias. Control territorial del bien y del mal.
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A sincerarse
El MEF sabe que con el MMM no se juega. El Marco Macroeconómico Multianual es el documento base para la elaboración del presupuesto. Hacerlo, obligó a sincerar a la baja las estimaciones de crecimiento para el 2023: 1.1%. El ministro Álex Contreras lo dijo con pena. Si necesitáramos un Plan Boluarte este no solo debiera concentrarse en el combate contra la inseguridad sino en la reactivación económica; en dar confianza a los agentes deprimidos y a la juventud que sueña con irse. Un dato elocuente, difundido por la Superintendencia de Migraciones: alrededor de 400 mil peruanos salieron sin retorno en el 2022. Casi el cuádruple que en el 2021. En lo que va del 2023 ya se superó esa cifra. De paso, la superintendencia se sincera y explica porque hay colas tan largas pidiendo pasaportes.
Otra forma de sinceramiento entre poderes: El Poder Judicial, en la figura de la jueza Jacqueline Tarrillo, otorgó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, una medida cautelar que suspende las investigaciones de la Junta Nacional de Justicia en su contra. La JNJ no podía darle el beneficio de inmunidad que ella no le concede ni a Dina. Con esta decisión judicial que congela las pesquisas, el PJ fuerza un equilibrio en el sistema de justicia, a expensas de la JNJ. La CIDH nos dio que hablar: admitió una demanda de Víctor Polay, emerretista con cadena perpetua, provocando una indignación antiterrorista que el gobierno quiere encabezar. Otra semana sin grandes planes, aunque insistan en ponerles apellido.
