Recorte de sueldos: ¿En qué etapa se encuentran las investigaciones a 8 congresistas?

Este último viernes, este grupo debía sesionar para tener audiencias de los casos de Juárez y María Cordero Jon Tay -otra de las legisladoras denunciadas-, pero la sesión fue suspendida. Esto se adiciona a otras demoras que hubo en el caso de Cordero Jon Tay, quien había presentado un descanso médico en la audiencia de la Comisión de Ética, que debía realizarse el 12 de junio.

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El pasado 5 de marzo, la congresista Magaly Ruiz (APP) fue denunciada por Carlos Marina Puscán, un extrabajador del Congreso, de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección de la Infancia, por el presunto recorte de su sueldo.

Según Marina Puscán, el asesor principal de la congresista, Jony Romero, se encargaba de cobrarle S/1.500 mensuales por trabajar en dicha comisión debido a que Ruiz estaba “endeudada hasta el cuello” por los gastos de la campaña electoral, reveló el dominical ‘Punto Final’.

Marina había sido contratado en esa comisión con un sueldo de S/4.200, que incluía un bono de alimentación. “Él [Jony Romero] nos pedía que el aporte sea en efectivo, no en cuenta bancaria. El dinero se hacía en un sobre cerrado, en efectivo, y en un cuarto cerrado. Nos llamaba el señor Jony Romero al celular personal, y nos decía: ‘Vengan, traigan el sobre’. Eso era lo que siempre nos decían, nos encerraban en un cuarto cerrado con llave, donde nadie más tenía acceso, y se hacía la entrega en efectivo. Dentro del edificio del parlamento”, detalló al citado programa.

Según el programa, la congresista habría estado al tanto de estos cobros.

Tras esta revelación, el Ministerio Público inició el 9 de marzo una investigación preliminar contra la congresista Ruiz por el presunto delito de concusión. En esta se incluyó a su asesor Jony Romero como presunto cómplice.

La congresista se defendió de estas acusaciones diciendo que no tenía que responder por las acciones de terceros al decir que no es parte del chat en el que se realizaban esas coordinaciones.

Asimismo, el 26 de abril un ciudadano presentó una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Ruiz por este caso de presunta concusión.

El caso de Ruiz ingresó también a la Comisión de Ética, grupo del que fue removida. Mientras se realizaban estas diligencias, la excoordinadora parlamentaria de Ruiz, Cecilia Vásquez, denunció que había recibido amenazas e intimidación por parte de la legisladora tras brindar su declaración ante la referida comisión el pasado 22 de mayo.

A inicio de este mes, la Comisión Permanente del Congreso aprobó otorgar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 15 días para investigar el caso de Ruiz y el de otras congresistas señaladas por recortar el sueldo de trabajadores de sus despachos.

En tanto, dos informes preliminares de la Comisión de Ética recomendaban a inicios de este mes suspender 120 días a la congresista Ruiz debido a esta denuncia en su contra.

Sin embargo, en una primera votación en el citado grupo de trabajo no se alcanzaron los votos suficientes para decidir aprobar o rechazar el informe que recomendaba suspenderla por 120 días. Debido a que hubo más votos en abstención, se planteó una nueva votación del caso.

El último 12 de junio, la Comisión de Ética finalmente decidió blindar a la congresista Ruiz. Esto debido a la presentación de una cuestión previa por parte de APP para que la sanción sea reformada por solo una amonestación, por escrito, con una multa de solo 30 días de descuentos de sueldo. Votaron a favor de esta reducida sanción los congresistas Nelcy Heidinger y Cheryl Trigozo (APP), Waldemar Cerrón, María Agüero, Kelly Portalatino y Flavio Cruz (Perú Libre); Javier Padilla (Renovación Popular), Luis Aragón (Acción Popular) y Elías Varas (Perú Bicentenario).

Un nuevo caso de recorte de sueldos en APP fue revelado el 2 de abril por el dominical ‘Punto Final’. La congresista Rosío Torres, quienes entonces pertenecía a esta bancada, habría obligado a al menos cinco personas que laboraban en su despacho a depositar parte de sus remuneraciones en la cuenta de su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra.

Cecilia Salazar Mattos, exasesora de Torres entre julio del 2021 y agosto del 2022, transfirió al familiar de Torres un total de S/24.562. En tanto, Jesús Sierra Tapia, exasesor principal de la congresista, depositó S/4.400 al sobrino de la legisladora.

Otros casos recopilados por el dominical fueron los de una trabajadora que depositó S/6.850; Abigail García Díaz, que transfirió S/2.000; César Macedo Von Bancels, que depositó S/1.000; y Estefanía Calvo Zúñiga, que depositó S/2.000. Una de las trabajadoras incluso reveló que Torres y su sobrino obligaban que la “colaboración” sea de hasta un tercio de la remuneración que recibían. Eso se duplicaba cuando se pagaban gratificaciones y el bono de escolaridad.

Un día después de conocerse estos recortes, el procurador general del Estado, Daniel Soria, denunció a la congresista Torres por el presunto delito de concusión.

Por su parte, el Ministerio Público inició el 4 de abril una investigación preliminar contra Torres por concusión. En estas indagaciones también fue incluido el sobrino de la congresista como presunto cómplice.

Asimismo, la Comisión de Ética, a través de su presidenta, la congresista Karol Paredes (Acción Popular), anunció el 10 de abril el inicio de una investigación de oficio contra Torres. Este grupo de trabajo aprobó ese día iniciar las indagaciones preliminares contra Torres.

Paralelamente, como parte de la investigación del Ministerio Público, el 5 de abril realizaron diligencias en el Congreso debido a la denuncia contra Torres.

La congresista Torres, como parte de su defensa, denunció penalmente a su sobrino y lo responsabilizó de los recortes de sueldos y que él sería el responsable de estos cobros.

Asimismo, el 25 de abril la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibió una denuncia constitucional formulada en contra de la congresista Torres.

En tanto, el 12 de mayo la Comisión de Ética abordó el informe de calificación de la denuncia contra Torres que disponía el inicio de la investigación por la presunta vulneración del Código de Ética del Congreso.

El 5 de junio, el sobrino de la congresista Torres se presentó ante la Comisión de Ética y asumió toda la responsabilidad por los depósitos de dinero hechos por los trabajadores del despacho. Aseguró que se había “excedido con los trabajadores” y que lo había hecho “por cuenta propia” y bajo su responsabilidad.

Según refirió en la comisión, recibió los aportes de Cecilia Salazar y César Macedo para fundar el movimiento regional Rescatemos Loreto; mientras que el dinero recibido por parte de Jesús Sierra, Abigail García, Nataly Rubio y Robert Vela, fueron “préstamos” que requería personalmente.

Sin embargo, el dominical ‘Punto Final’ había captado a la congresista borrando los mensajes de WhatsApp que había intercambiado con su sobrino. Tras ello, le escribió: “Han estado armando esto hace tiempo. Le tengo al enemigo en la oficina”.

Un mes después, el 12 de junio, la Comisión de Ética aprobó incluir el testimonio de la extrabajadora Nathaly Rubio. En entrevista con ‘Punto Final’, Salazar había confirmado que la congresista fue quien le pidió que transfiriera parte de su sueldo al sobrino de esta.

El testimonio contradice lo dicho por Pérez Guerra, quien se responsabilizó por estos depósitos. Salazar mostró una conversación por WhatsApp en la que el sobrino de Torres le escribió: “Porfa, la jefa urge”, en referencia al depósito que necesitaba.

Con esta nueva inclusión, el caso de Torres sigue pendiente a ser resuelto en la Comisión de Ética.

En tanto, la Comisión Permanente aprobó el 7 de junio otorgar 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar a la congresista Torres.

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El 21 de abril, se supo que la congresista María Acuña (APP) fue denunciada por Carlos Erick Herrera Gonzales por no haberle pagado beneficios sociales y agregó que el pago que le daban provenía de las remuneraciones de los mismos coordinadores parlamentarios que trabajaban en su despacho.

Conocida esta denuncia, el 24 de abril la Comisión de Ética promovió una denuncia de oficio contra Acuña por presunta infracción ética debido a que Herrera, sin ser parte del personal del despacho, trabajó en su oficina descentralizada de Chiclayo.

Tras esta revelación, el 12 de mayo la legisladora dijo a la Comisión de Ética que Herrera fue un colaborador personal durante su campaña política y, luego de esta, “amplió su colaboración con opiniones, como intermediario, apoyando a personas a la presentación de sus documentos”. Por estas labores recibía entre mil y mil quinientos soles.

“Que por temas internos el señor decidió no continuar con el apoyo y ahora solicitó el pago de sus beneficios sociales, hecho que la congresista trató de solucionar personalmente y que no tuvo resultados”, añadió Acuña a la comisión.

Previamente, el 26 de abril la congresista Acuña fue denunciada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente dio, a partir del 7 de junio, 15 días para investigar a Acuña por el presunto recorte de sueldos.

Asimismo, el 9 de mayo el Ministerio Público abrió una investigación preliminar en contra de la legisladora por el presunto delito de concusión y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia.

Luego de ello, el 5 de junio la Comisión de Ética declaró procedente la denuncia de oficio contra Acuña y el informe de calificación. Sigue pendiente la presentación del informe final.

La congresista Katy Ugarte, hoy no agrupada, fue también denunciada por haber recortado los sueldos de trabajadores de su despacho para, con ese dinero, financiar publicaciones en la prensa de Cusco, que mejoren su imagen como parlamentaria.

Según reveló el dominical ‘Cuarto Poder’ el pasado 9 de abril, el personal técnico entregaba S/300 y los asesores S/400. En total, se reunía mensualmente S/2.000. Wilber Felices Villafuerte, trabajador de confianza de Ugarte, era el encargado de recaudar el dinero.

El 28 de diciembre del 2022, uno de los trabajadores depositó S/1.300 a Felices. Ese día, Roger Torres Pando, también asesor de Ugarte, escribió en un chat: “Hablé hace un rato con Wilber. Me dice que está esperando que le transfieras”.

Tras estas revelaciones, el 10 de abril el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Ugarte por el presunto delito de concusión. Ese mismo día, la Procuraduría General del Estado había presentado una denuncia penal contra Ugarte, la que fue remitida al despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

En la Comisión de Ética, en la sesión del 10 de abril, se aprobó por unanimidad iniciar una indagación preliminar contra Ugarte.

Posteriormente, el 13 de abril, la fiscalía realizó diligencias en el Congreso para recabar información relacionada a Ugarte, denunciada por haber recortado el sueldo de los trabajadores de su despacho.

En medio de estas indagaciones, la congresista Ugarte atribuyó esta denuncia a un “acto de venganza” por parte de exempleados que fueron cesados. Sin embargo, a través de un comunicado, confirmó que recibió dinero.

Esto, dijo, fue “voluntario y sin condicionamiento a su continuidad laboral”, como parte de una “estrategia comunicacional” en Cusco.

También, el 25 de abril Ugarte fue denunciada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el presunto delito de concusión. El pasado 7 de junio se otorgaron 15 días a este grupo para investigar el caso de presunta concusión.

Mientras tanto, en la Comisión de Ética, Ugarte negó en la sesión del 14 de junio haber solicitado aportes voluntarios o haber recortado el sueldo de los trabajadores de su despacho. La Comisión de Ética recibió también los testimonios de trabajadores y extrabajadores de Ugarte.

Una vez reunidos estos testimonios, queda pendiente que la Comisión de Ética elabore un informe preliminar para sancionar o archivar el caso contra la congresista.

La congresista María Cordero Jon Tay, exintegrante de la bancada de Fuerza Popular, fue denunciada a inicios de abril debido a que audios revelados en el dominical ‘Punto Final’ evidenciaban que obligaba a trabajadores de su despacho a depositarle parte de sus remuneraciones.

Un ex asesor de la legisladora denunció que esta le exigió el 50% de su salario mensual, que era de alrededor de S/ 9.000. En una parte de audio vinculado a Cordero se escucha: “Tú tienes tarjeta de crédito. Yo simplemente quiero que me cumplas lo que quedamos, nada más. Vamos al banco, lo necesito ahora”.

De acuerdo con el denunciante, le pagó entre S/ 4.500 y S/ 5.000 mensualmente, con la condición de que a partir del sexto mes dejaría de hacerlo.

Luego de estas revelaciones, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra Cordero Jon Tay por el presunto delito de concusión. La investigación fiscal también incluye a Braden Alexander Paredes Calla, técnico de archivos del Parlamento Nacional, como presunto cómplice.

El 17 de abril, la congresista Patricia Juárez presentó una denuncia ante la Comisión de Ética en contra de Cordero Jon Tay. En el documento, la legisladora la acusó de haber infringido el Código de Ética. El 18 de abril, la Comisión de Ética decidió iniciar indagaciones preliminares contra la congresista. Asimismo, el 12 de mayo este grupo de trabajo aprobó iniciar la investigación preliminar contra Cordero Jon Tay, que se aprobó por unanimidad.

El último 12 de junio, la Comisión de Ética debía llevar a cabo una audiencia para recabar las respuestas de Cordero Jon Tay. Sin embargo, la audiencia se frustró debido a que la congresista presentó un descanso médico, demorando los plazos para ver el resultado final del caso.

Por su parte, la Procuraduría General del Estado denunció a la congresista por el presunto delito de cohecho pasivo impropio y alternativamente concusión.

Tras estas denuncias, el 17 de abril la fiscalía realizó diligencias en el Congreso como parte de la investigación contra la legisladora.

Días después, el 24 de abril, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite la denuncia en contra de Cordero Jon Tay por presunta concusión. La acusación fue presentada por la primera vicepresidenta de ese poder del Estado, Martha Moyano (Fuerza Popular). El 26 de abril, la Comisión Permanente otorgó 15 días al grupo para presentar el informe final de la denuncia constitucional.

Sin embargo, la audiencia programada para el último viernes fue postergada en la Subcomisión y esto evitó que el caso sea abordado.

Según informó “Hildebrandt en sus trece” a mediados de marzo, cuatro trabajadores de la Comisión Especial de Cambio Climático señalaron que la presidenta de este grupo de trabajo, la congresista Heidy Juárez, exigía pagos a través del asesor de su despacho Miguel Chafloque.

Las personas afectadas señalaron que Chafloque les exigían pagos mensuales que podían ser entre S/200, S/300 y hasta S/1.000 y que provenían de sus sueldos como trabajadores al interior de la comisión especial.

El 14 de abril, Juárez fue denunciada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el presunto delito de concusión. Paralelamente, el Ministerio Público inició una investigación preliminar en su contra por el delito señalado.

La fiscalía llevó en esa fecha diligencias en las oficinas de la Oficialía Mayor del Congreso, así como en el despacho de Juárez, para recabar información relacionada a este caso.

El 26 de abril, la Subcomisión admitió la denuncia constitucional contra Juárez. Asimismo, el 5 de mayo, la Comisión Permanente aprobó otorgar 15 días de plazo a la Subcomisión para investigar a Juárez.

En tanto, la Comisión de Ética decidió blindar a Juárez el pasado viernes 9 de junio por el caso de recorte de sueldos. En lugar de suspenderla por 120 días, decidieron solo amonestarla por escrito. El informe final había propuesto inicialmente la máxima sanción contra la parlamentaria, pero en el debate se aprobó una cuestión previa para que se varíen los 120 días de suspensión por una amonestación escrita y una multa equivalente a 30 días de descuento de sus haberes.

Además, se aprobó que el caso de Juárez no sea derivado a la Subcomisión ni al Ministerio Público para su investigación.

De otro lado, la audiencia programada para este viernes 16 en la Subcomisión se frustró, por lo que el caso de Juárez ha sido aplazado para ser visto en este grupo.

El congresista Edgar Tello (Bloque Magisterial) fue también denunciado por recortar el sueldo de una trabajadora de su despacho y hostigarla. La funcionaria del Parlamento dijo a ‘Punto Final’ que, como se negó al recorte de su sueldo, el legislador le pidió que compre un proyector valorizado en S/4.600 con el dinero de un bono que recibió en abril pasado.

La trabajadora contó que Tello quiso despedirla el 8 de mayo, pero no lo hizo porque está embarazada. Por ley, se considera nulo el despido de una trabajadora en período de gestación si no se acredita una causa justa.

Tras conocerse esta denuncia la Procuraduría General del Estado denunció a Tello por concusión ante la Fiscalía de la Nación.

Posteriormente, el 5 de junio la Comisión de Ética aprobó iniciar indagaciones preliminares contra Tello.

Documentos encontrados en el allanamiento a la casa del congresista José Arriola (Acción Popular) en marzo pasado revelaron que trabajadores de su despacho parlamentario autorizaron “donar” parte de sus salarios supuestamente de manera voluntaria, informó el dominical ‘Cuarto Poder’ a fines de abril.

En el inmueble se hallaron declaraciones juradas en las que aseguran que de forma libre, sin coerción, disponen de aportes económicos para ser utilizados en apoyo social.

En la casa se encontraron US$71.950 y S/33.570 en efectivo. Arriola aseguró que el monto era el saldo de su sueldo como parlamentario desde diciembre del 2022 hasta marzo del 2023. Justificó que no acostumbra a tener dinero ahorrado en el banco, pues – según dijo- años atrás sufrió un robo a la salida de una entidad bancaria.

Tras esta revelación, la Procuraduría General del Estado presentó el 2 de mayo una denuncia contra el congresista Arriola por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo impropio y, alternativamente, por el delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.

Asimismo, el 8 de mayo la Comisión de Ética aprobó por unanimidad iniciar indagación preliminar en contra del parlamentario, las que siguen en curso.