Una reforma compleja [Informe]

La reforma judicial es una tarea impostergable. Para algunos, el panorama es desalentador. Para otros, no hay mejor oportunidad de cambio. La corrupción evidenciada en los audios en los que están implicados ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), jueces, fiscales y empresarios ha dado pie a una serie de propuestas para mejorar el statu quo.

Entre las que han surgido para reformar el CNM, algunas buscan garantizar una fiscalización permanente de los consejeros, elevar los estándares de los postulantes, exigir que solo voten las universidades licenciadas por la Sunedu o reestructurar los órganos de control interno. Pero el sistema de justicia es más que eso.

El Comercio conversó con cuatro destacados abogados para identificar los focos que pueden explicar por qué cojea el sistema de justicia peruana y qué se necesita para reformarlo.

—La academia—
El sistema de justicia está formado principalmente por abogados. Las facultades de derecho de las universidades son el paso previo al ejercicio de la profesión. Para Luis Pásara, doctor en derecho e investigador del sistema de justicia en Latinoamérica, el problema es que estas se han convertido en un negocio barato.

“Hay que ser drásticos, porque la mayoría son una farsa. Los chicos que van ahí a estudiar no van a aprender nada y los códigos no importan tanto en un sistema pervertido, donde lo que vale es a quién conoces y cuánto estás dispuesto a pagar”, explica.

Para licenciarlas, además, no es requisito –y debería serlo– que tengan un curso de ética de responsabilidad profesional, sostiene Beatriz Boza, fundadora de Ciudadanos al Día. “La ética se ha privatizado; está en manos de cada quién fijarla”, señala. En el Perú, explica, el problema es que no hay un ecosistema que promueva esta responsabilidad. Los estándares, agrega, se reducen a lo legal o ilegal, siendo esto lo mínimo indispensable.

Luis Vargas Valdivia, ex procurador anticorrupción, considera que las universidades deben involucrarse en hacer más seguimiento y control a las resoluciones judiciales.

El ex presidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma cree que el rol de la Academia de la Magistratura –de formar y capacitar a jueces y fiscales– deben suplirlo las mejores universidades, para asegurar mayor idoneidad académica.

—Colegios de abogados—
Su función teóricamente es corregir y sancionar las malas prácticas de los abogados, pero los expertos consultados coinciden: no funcionan. Pásara estudió este fenómeno en una muestra de cien procesos disciplinarios del CAL y concluyó que, pese a la gravedad de los casos, no hubo sanción. “Será porque otorongo no come otorongo y hay complicidad entre los miembros”, explica. Critica, por eso, que tenga un sitio en el CNM.

Boza indica que de los países de la Alianza del Pacífico –México, Colombia, Chile– solo el Perú tiene colegiatura obligatoria. “¿Tiene sentido restringir derechos fundamentales como la libertad de asociación o de empresa si el objetivo para el que se crearon –vigilar el ejercicio responsable de la profesión– no se está cumpliendo?”, se pregunta Boza. De ahí, que proponga debatir otras opciones: la autorregulación a través de universidades, por ejemplo.

Vargas hace un paralelismo con la Asociación de Barra Americana, un modelo lejano al peruano y explica que si “allá uno es denunciado por mala praxis, es expulsado”.

La razón detrás de la ineficiencia en nuestro país, para García Toma, es un problema de rentas y falta de voluntad. “Se necesitan tribunales disciplinarios a tiempo completo y dedicación exclusiva que lleven a la inhabilitación perpetua”, asegura.

—Sociedad civil—
“Esto no es un tema del CNM, la fiscalía, el PJ, de los ‘otros’, sino de nosotros”, reitera Boza. Precisamente, esta sensación de lejanía es la que perciben los ciudadanos con relación al derecho; hasta que un conflicto los obliga a interactuar con el sistema.

Por eso, los entrevistados coinciden en la necesidad de incluir en el currículo escolar cursos de educación cívica sobre cómo materializar derechos básicos, cómo funciona un tribunal, etc. “Eso generaría un efecto multiplicador en las familias [de los escolares]”, sostiene Vargas.

García Toma coincide en que es necesario que la sociedad civil se organice creando juntas de usuarios para empoderarlos, como sucede con los consumidores para defender la calidad de los productos que reciben.

“Hay que organizar a aquel que día a día va con sus expedientes y no lo reciben y lo maltratan; a aquel que no puede costear un abogado y tiene que hacer todo por sí mismo”, agrega.

—Transparencia—
Para Boza, la transparencia en el sistema de justicia es el antídoto de la corrupción porque evita las malas conductas e incentiva las buenas. En su opinión, si bien ha mejorado con los años –particularmente para visibilizar a las máximas cabezas de las instituciones– aún falta mucho.

Agrega que no se ha explotado el beneficio de la tecnología. “Todo debería estar en [la] web, escritos, hojas de vida de jueces y fiscales, sus procesos disciplinarios y un repositorio de acceso público de la jurisprudencia”, comenta.

Para Pásara, este hermetismo no es casual. “Mantener al ciudadano medio en la ignorancia legal es una manera de manipular un sistema cerrado donde la única llave la tienen los abogados; así, termina desarmado frente al sistema jurídico”, señala.

Bajo ese esquema, agrega, es difícil que la ciudadanía entienda las irregularidades cuando se dicta una prisión preventiva o se absuelve por temas formales, lo que la obliga a recurrir a ‘traductores’, abogados, por lo general, mal formados. Y ahí empieza nuevamente el círculo vicioso.

La reforma de un sistema que abarca tantos frentes es de largo aliento. El reto es difícil, pero, sin duda, no es responsabilidad de unos pocos resolverlo.