La reforma del modelo, la columna de Jaime de Althaus

Nos ha caído como una puñalada la noticia del aumento de la pobreza luego de casi 20 años de descenso continuo. Tenemos que rebelarnos contra eso. Responder con honestidad a las siguientes preguntas: ¿qué hemos hecho para frenar el crecimiento, la inversión privada, la inversión minera? ¿Qué tenemos que hacer para volver a crecer a tasas altas a fin de retomar la reducción de la pobreza? ¿Qué tenemos que hacer para reducir la enorme informalidad que es la principal fuente de pobreza y desigualdad que hay en el país?

Ahora crecemos poco, en parte porque no hemos cambiado el Estado. El ministro de Economía ha planteado recuperar la inversión pública para encender la privada. Pero es obvio que el Estado no puede hacerlo, no funciona. Carece de capacidad, está atomizado y corrompido. Por eso, en lo inmediato el Ejecutivo pedirá un marco autoritativo para contratar a empresas de gerencia de proyectos (PMO) nacionales o internacionales que empaqueten proyectos regionales y sectoriales, incluyendo megaproyectos concesionados, y gestionen su ejecución.

Pero, al mismo tiempo, debe empezar a resolver el problema de fondo: la profesionalización y reingeniería del Estado. Meritocracia y resultados en lugar de patrimonialismo. Extender las islas de excelencia a todo el aparato público, incluyendo el sistema judicial. Para eso, lo primero es darle fuerza política a la Ley del Servicio Civil. También digitalizarlo todo y efectuar una reingeniería profunda en salud (anemia), Provías, Pro Inversión y en la descentralización, a fin de recuperar la autoridad central del Estado. Esto último reclama además una reforma política para reconstruir partidos presentes en todo el territorio.

El modelo de desarrollo ha sido exitoso en crecer y bajar la pobreza gracias a la liberalización de la economía en los 90, pero no puede avanzar más si no pasamos a la gran reforma institucional para darle funcionalidad al Estado e implantar la ley en el territorio y en los sectores. Sin buena educación, pero también sin seguridad ni justicia, y sin derechos de propiedad y contratos seguros y protegidos para todos, el crecimiento tiene un límite.

El “para todos” es importante. Si la ley es solo para los formales y la mayor parte funciona fuera de la ley (informalidad), los pequeños (informales) no pueden crecer más allá de cierto límite y la sociedad pierde la energía potencial del crecimiento desde abajo. Así es muy difícil bajar la pobreza más allá de cierto punto. A ese límite hemos llegado.

Esa segregación económica tampoco beneficia a los formales porque carga todo el peso fiscal y regulatorio sobre ellos, subiendo aún más la barrera para la integración de los pequeños. Romper ese círculo vicioso pasa por decidirse de una vez a una legislación tributaria y laboral inclusivas, y por desmontar ese intervencionismo de baja intensidad que se ha ido restaurando progresivamente. Hay que podar el árbol burocrático, suprimir instancias inútiles y derogar normas y trámites que matan la iniciativa.

Y, por favor, no entregar a los campesinos dinero –que rebaja su dignidad– sino tecnologías, que sacan de la pobreza en un año. A ver qué nos dice el primer ministro.