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También en el terreno de la reforma política el Congreso está optando por soluciones demagógicas en lugar de abordar las reformas estructurales indispensables para que el próximo presidente, que deberá enfrentar la reconstrucción nacional, cuente con un Congreso que le dé gobernabilidad.
Los proyectos de modificación constitucional que eliminan completamente la inmunidad parlamentaria e impiden postular a cualquier cargo electo a quienes hayan sido sentenciados en primera instancia, tienen un elemento en común: pueden ser usados por las organizaciones criminales o por políticos inescrupulosos o por gobernantes autoritarios para deshacerse de enemigos políticos o congresistas incómodos o investigadores de casos de corrupción, instrumentando a fiscales y jueces venales o adictos.
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No hay que ser muy imaginativo para darse cuenta de cómo esas reformas, introducidas para defender a la democracia del asalto de la delincuencia y la corrupción, pueden convertirse en un arma del crimen organizado y de los designios autoritarios. Podríamos tener a un Congreso sistemáticamente debilitado y chantajeado. Fuera de la afectación al derecho fundamental a la presunción de inocencia.
La inmunidad debe eliminarse, sí, para todo proceso que tengan los congresistas al momento de ser electos, lo que equivale al 90% de los casos (no la hubieran tenido Edwin Donayre, Benicio Ríos y demás) y poner plazo perentorio con silencio administrativo positivo para los delitos comunes cometidos durante el mandato parlamentario.
El problema está en las reglas políticas. Lo que favorece la infiltración de las mafias de todo calibre es la proliferación de candidaturas presidenciales con sus listas congresales, y el voto preferencial, que es la puerta de entrada del dinero sucio para financiar campañas de candidatos propios o ajenos. Eliminar el voto preferencial es más efectivo que eliminar la inmunidad.
Pero ese problema va mucho más allá. Afecta la gobernabilidad misma. Decenas de candidaturas presidenciales y de listas congresales van a exacerbar una competencia de ofertas populistas multiplicada exponencialmente por el voto preferencial. El resultado va a ser un próximo Congreso fraccionado y también incontinente e inmanejable, casi con tantas bancadas como congresistas hay, que hará extremadamente difícil que el Ejecutivo pueda encarar con eficacia la monumental tarea de la reconstrucción nacional.
El Congreso está socavando las bases no solo del crecimiento económico, con su populismo desenfrenado, sino de la viabilidad política del país, al limitarse a reformas efectistas. Eduardo Dargent ha señalado la necesidad de que se formen alianzas para reducir el número de opciones, subir el nivel de la competencia programática y asegurar un próximo Congreso más orgánico. Pero ello exigiría un alto nivel de madurez política, considerando el incentivo perverso de la segunda vuelta.
Lo que queda es aprobar una de las reformas que propuso la comisión de alto nivel: elegir al Congreso junto con la segunda vuelta, o después de ella (como en Francia), para que el gobierno tenga más probabilidades de tener mayoría en el Congreso y pueda gobernar. Y que la insistencia del Congreso en una ley observada por el Ejecutivo tenga que aprobarse con los 2/3 de los votos. Con bicameralidad y distritos electorales más pequeños en diputados, redondeamos la reforma.
Ojalá no sean sueños de opio.
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