Relatoría para la Libertad de Expresión cuestiona ley sobre publicidad estatal

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró sus cuestionamientos a la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados.

"Si bien los Estados no tienen obligación de contratar publicidad oficial en los medios de comunicación, una prohibición legal que afecta únicamente a los medios privados constituye una medida discriminatoria que afecta la viabilidad de los medios de comunicación y, al mismo tiempo, afecta el derecho a la información de los periodistas y de la población", advirtió el informe.

El documento es firmado por el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, y está fechado el 14 de agosto. Fue entregado a la Misión Permanente de Perú ante la Organización de los Estados Americanos, así como al canciller Néstor Popolizio. Además, se solicitó enviar el texto al Tribunal Constitucional (TC).

La ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios privados de comunicación fue aprobada por el Congreso de la República en junio pasado. Poco después, el Ejecutivo y un grupo de congresistas, impulsados por la bancada de Peruanos por el Kambio, presentaron sendas denuncias constitucionales ante el Tribunal Constitucional (TC) al manifestar que la ley infringe la Carta Magna y afecta los derechos a la información y a la libertad de expresión, entre otros.

Justamente el TC, en audiencia pública, escuchará hoy viernes los argumentos de las partes sobre esta ley. Luego, tendrá 30 días para resolver.

En su nota técnica, la Relatoría para la Libertad de Expresión advirtió que la "ley aprobada por el Congreso no tiene precedentes en la región por tratarse del primer caso de retiro de publicidad oficial a todo un sector de los medios de comunicación, en razón de la naturaleza privada de la propiedad".

Indicó, además, que "presenta serios problemas a la luz del marco jurídico interamericano que prohíbe tanto la censura previa, así como los mecanismos o medidas que puedan constituir restricciones indirectas".

Alertó que dirigir la publicidad solo a los medios estatales y a las redes sociales "limitará y restringuirá el derecho del público" a obtener información. Añadió que la publicación en los medios estatales por sí misma "no garantiza el acceso a una información plural, ni alcanza a todo el público".

"La Relatoría Especial también quiere llamar la atención respecto al contexto en el que fue adoptada la presente legislación. Los partidos que promovieron esta norma alegaron la necesidad de racionalizar y controlar el gasto estatal en este rubro y evitar el uso político-electoral", puntualizó.

"No obstante, continuó, varios de los representantes que apoyaron la medida declararon públicamente que estaba dirigida a castigar a los medios privados que desacreditaron como ’vendidos’ y ‘mermeleros’ y que habrían ganado cuantiosas sumas a costa del erario público”.

De esta forma se hace alusión a las declaraciones del entonces presidente del Congreso, Luis Galarreta (Fuerza Popular), quien, antes de que se apruebe la cuestionada norma, criticó a la prensa y anunció que iban a emitir una ley contra los medios ‘mermeleros’.

El texto de la Relatoría para la Libertad de Expresión también destacó que, en diversas resoluciones, la Asamblea General de la OEA ha reconocido la importancia de los medios de comunicación social para la libertad de expresión y el sistema democrático.

Sostuvo, igualmente, que la Convención Americana, en su artículo 13.3, prohíbe expresamente el uso de mecanismos indirectos que tienden a "impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".