Resaca, rebote y Niño moderado, por Fernando Vivas

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De todas las incidencias de fin de año, la que más nos alarmó fue un asalto violento que dejó herido de bala -sin gravedad- al alcalde de Chincha, César Carranza. Hasta donde se supo, no fue un ajuste cuentas sino un atraco ‘random’ a una fiesta privada; pero alarmó la intrepidez y sentido de la oportunidad de los atacantes.

Fue otro incidente, más al sur, el que tocó fibras más sensibles del Perú. Mauricio Oviedo, en el balneario El Planchón, en Tacna, instó a retirarse, con insultos racistas y clasistas, a una familia que usaba la sombra de una estructura de cañas que los propietarios de casas próximas a la playa colocaron, informalmente, en el espacio público. El sujeto estaba tan desubicado que él mismo grabó el incidente asumiendo que denunciaba un abuso. Otros propietarios incurrieron en el mismo trance, poniendo en peligro a un niño a quien casi le cae un palo. A pesar de la reciente sentencia del TC que ratifica que “las playas son de uso público, libre y general para todos e inalienables”; hay peruanos que creen que vivir en su entorno los hace dueños, sino del sol, de la sombra. O sea, la ley y la democracia pierden su esencia para relativizarse en consideraciones discriminatorias, y se tejen redes de intereses particulares, en forma de clubes, asociaciones, vecindades o cualquier grupo que se apropia de lo público. Cuando alguno de sus integrantes es puesto en evidencia, replica con esta retórica: ‘a quién le ganaste’, ‘tú eres de los que invaden los cerros’, ‘no sabes quién soy yo’, ‘no vales nada’.

La discriminación suele sulfurarse en la playa sin mucha violencia; pero llega a la tragedia cuando pasa al terreno de la protesta social inflamada y de la réplica –presuntamente sesgada por prejuicios políticos- de las Fuerzas del Orden. Esto último es, precisamente, la tesis del polémico informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las bajas fatales de las protestas de diciembre y el verano pasado; en especial de las ocurridas en Juliaca el 9 de enero. El fracaso o impacto de los eventos que la oposición a Boluarte prepara para esa fecha, valdrá para medir las resistencias que Dina deberá vencer en el año.

Dina Boluarte, cuando era vicepresidenta, cantó el huayno “Falsía” en un consejo de ministros descentralizado, como pidiendo justicia para los olvidados. Ahora, que tiene el poder para impulsar reformas, se ha tomado largos meses de bronca entre el Congreso, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público, para evaluar que era pertinente y oportuno convocar al Consejo para la Reforma de la Justicia, presidido por ella y que cuenta con todos los actores del sistema (Poder Judicial, Ministerio Público, Minjus, Congreso, Defensoría, JNJ, Contraloría). Con apetito de ajuste de cuentas con la JNJ, ya había aparecido (capitaneada por Fuerza Popular) una iniciativa para impulsar esa reforma desde el Congreso. También un proyecto –más impertinente, si cabe- del congresista Roberto Chiabra para desarmar a la JNJ y establecer que sea el Congreso quien elija a los jueces y fiscales supremos. Al menos, Boluarte, Otárola y el ministro del rubro, Eduardo Arana, le sacaron un cohetón de las manos al Congreso con el que no quieren chocar por nada. El 9 de enero, el mismo día de la efemérides luctuosa de Juliaca, se realizará la primera reunión.

En cambio, hay otro conflicto, este entre el MTC y la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el que la reacción del gobierno ha sido bastante lenta. Verónica Zambrano, la cabeza del ente supervisor, Ositran, ha levantado la voz antes que el ministro Raúl Pérez Reyes. Resulta que Rafael López Aliaga lanzó, el 24 de diciembre, una ordenanza que deja sin efecto el plan de cierre de calles y avenidas importantes, amparado en una ley, para la construcción de la estación central de la Línea 2 del Metro, que tendrá conexión subterránea con la conexión de la estación central del Metropolitano. El miércoles, en conferencia de prensa en clave alta, declaró que lo hizo porque el ministro del MTC, Raúl Pérez Reyes, lo sorprendió ordenando cierres severos con la disposición complementaria de una ley. Terminó la semana sin saber si llegaron a un acuerdo o comenzó la batalla de ‘Porky versus la tuneladora’ (el super taladro usado para construir el metro subterráneo). Ahora bien, si, además, se tratara de una forma de presión para que el gobierno tome interés en la propuesta de la MML de construir teleféricos, la negociación sería más complicada. E insólita.

El miércoles en la tarde, el registro del despacho presidencial, delató la visita de dos ex ministros de Economía, Luis Carranza y José Arista. El jueves temprano, corrieron rumores de una renuncia de Contreras. Boluarte no se anda con delicadezas cuando de cambios de gabinete se trata. Su primer PCM, Pedro Angulo, fue prácticamente despedido ‘en vivo y en directo’, en una conferencia de prensa; según vimos sus muecas de sorpresa, sentado al lado de la propia Dina. El antecedente de que Carranza fue el responsable del capítulo económico en el plan de gobierno de Keiko Fujimori y voceado MEF en caso de que ganara; marca una pauta ya conocida en la relación entre el gobierno y la mayoría congresal durante el 2023: buscar, para las carteras sensibles, ministros bien vistos por la mayoría congresal aunque ello no signifique, necesariamente, un proceso de consultas con partidos y bancadas; sino de meras señales. Fue el caso de Javier González-Olaechea, quien se considera un liberal de derecha, y tiene buena reputación entre la mayoría conservadora. Contreras, tras una reunión con Boluarte salió a decir que no renunciaba. No se le veía feliz.