“No hay un país en el mundo que haya resuelto el problema de narcotráfico”

—En sus propias palabras, ¿qué es el pacto social que Devida ha presentado y que está teniendo comentarios a favor y en contra?

No es solo un pacto social, es un pacto social ciudadano, porque nosotros creemos en la democracia, en los derechos. La población de la Amazonía en general, no solo los cocaleros, sino los indígenas y los colonos, lo que buscan es respeto. El pacto social ciudadano es un proceso constante de diálogo entre el Estado y la población, en el que deben entender que así como tienen derechos, tienen obligaciones. Y para nosotros las cuatro obligaciones fundamentales del pacto social ciudadano son: no expandir los cultivos de coca, sino más bien reducirlos de forma verificable, gradual y voluntaria; no desviar coca a las pozas y a laboratorios; no deforestar; por último, no degradar los suelos. Si ellos cumplen con esas obligaciones, ¿nosotros qué podemos ofrecerles? No podemos ofrecerles dinero contante y sonante porque eso se licúa, se va, se diluye. Tenemos que entregarles servicios del Estado de forma compacta.

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—¿Se ha calculado cuánto va a costar implementar este plan?

Esta gestión del pacto social ciudadano es complementaria a la acción que tiene Devida. Tenemos un presupuesto este año de S/264 millones, que es corto para la magnitud del problema que debemos de afrontar. Necesitamos solicitar una demanda adicional de por lo menos S/ 80 millones de soles al Ministerio de Economía y Finanzas, para poder apalancar la expectativa que tenemos para poder cumplir esto.

—Las personas que cultivan coca sabiendo que esa coca va al narcotráfico están ya inmersos en un sistema ilegal que les es rentable, y eso lo aprovecha el que produce cocaína. ¿Cómo creer que porque firman un pacto van a decir: ‘Ok, ya no vamos a sembrar más coca’?

Lo que esperamos es, en un marco de crisis continua de los precios de la coca y de la pasta de la cocaína en el Vraem, aprovechar esta situación para poder presentar la propuesta, y que el pacto social ciudadano se convierta en un instrumento por el que el poblador de la selva del Vraem pueda decidir entre trabajar con bajo la fórmula que he planteado, o decidir no trabajar con el Estado de derecho, para lo cual tendría que someterse a lo que el Código Penal establece con el caso de la siembra.

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—Insisto: ¿qué nos podría garantizar que los cocaleros voluntariamente dejarán de serlo?

La propuesta del pacto social ciudadano no descuida, debilita o fragmenta ninguna de las capacidades o posibilidades del Estado Peruano. En el cortísimo plazo, (se propone) pagar jornales para que el propio cocalero erradique su coca, para que ese cocalero trabaje en mantenimiento vecinal de caminos vecinales, o en acuicultura. Es decirle al cocalero: yo no estoy negociando tu coca ilegal por más plata, no vamos a alcanzar al narcotráfico. Lo que queremos plantearle es tener ciudadanía. ¿Quiere ser ciudadano y no ser objeto de persecución, de represión o de criminalización? Pues tiene aquí la propuesta para trabajar con el Estado.

—¿Cuál es la meta de autoerradicación que se han propuesto?

Poder erradicar voluntariamente mil hectáreas sería una meta que no se ha conseguido en 30 años en el Vraem. En el Vraem nunca se han reducido los cultivos de coca, ni forzosa ni voluntariamente.

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—¿Donde se va a erradicar? Ha habido varios mensajes cruzados en las últimas semanas. Devida asegura que habrá erradicación en todas las cuencas cocaleros, excepto el Vraem, pero días atrás el primer ministro Aníbal Torres le dijo a cocaleros del Huallaga que allí tampoco erradicarían. ¿Total?

La Política Nacional de Erradicación ya está definida por el Ministerio del Interior, por una resolución ministerial. En todas las cuencas cocaleras va a haber erradicación, salvo una: en el Vraem estamos aplicando el pacto social ciudadano.

—¿Ese anuncio del primer ministro generó alguna fricción?

Es parte de una discusión y un debate. Por eso, al día siguiente estuvimos aquí en con los alcaldes, con los dirigentes sociales y fuimos muy claros: como entidad rectora de la política nacional, no podemos sujetar la conducción de un diálogo necesario e indispensable a una acción de suspensión de erradicación.

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—¿No era más fácil empezar a aplicar el plan de autoerradicación por una zona donde hay un poco más de control territorial, por así llamarlo, justamente como el Huallaga?

No, porque en estos momentos el Vraem vive un momento de crisis de precios. La coca está abandonada, han bajado los precios a unos niveles muy fuertes y no se recuperan. Es una oportunidad única que tenemos.

—El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, dijo recientemente que “en la vida va a haber erradicación voluntaria”, y que “al cocalero no le va a convenir eso”. Otro mensaje contradictorio de los sectores involucrados.

Devida es la entidad rectora del cumplimiento de la Política Nacional de Control de Drogas y como tal, nosotros incorporamos el pacto social ciudadano. Lo conoce el primer ministro, lo hemos puesto en conocimiento del presidente de la República. No te digo que va a ser sencillo ni va a ser fácil, pero creo yo que antes de tomar medidas extremas debemos intentar tener coherencia, armar el paquete que queremos embolsar de servicios estatales, conseguir recursos de la cooperación y actuar en la cancha.

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—¿Existe algún referente de éxito en la autoerradicación? Algunos mencionarían a Bolivia, pero al final la cantidad de cultivos aumentaron en ese país.

No hay un país en el mundo que haya resuelto el problema de narcotráfico. Lo que hemos aprendido es a gestionarlo. Lo que tenemos que pensar es realistamente qué podemos hacer como país. Bolivia, efectivamente, es un país que ha tenido mayores niveles de éxito que en el pasado. Pero ese no es el problema en este momento, el problema es el nuestro.

—Este gobierno empezó con un mensaje poco claro respecto del tema cocalero. Primero, por los mensajes ambiguos del presidente, luego por la presencia de personajes como Luis Barranzuela, que un día asesoraba a dirigentes cocaleros del Vraem y una semana después era designado ministro del Interior. Está también Julián Pérez, dirigente cocalero del Vraem, que siempre ha cuestionado a Devida, pero a quien ahora usted tiene como interlocutor.

Sí, claro. Nos hemos reunido no solo con él, sino con los seis presidentes de las federaciones. Nelson Mandela una vez dijo La paz se hace con el enemigo, no se hace con los amigos. Entonces nosotros tenemos que trabajar el tema de la reducción de la coca, tenemos que trabajarla con el que tiene coca. El VRAEM es responsable de 28.000 hectáreas y nunca se ha logrado reducir los cultivos de coca.

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—Confiar en la autoerradicación también puede terminar favoreciendo al narcotráfico. Si el mensaje es que no se va a erradicar en el Vraem, lo que van a hacer los traficantes es estimular que se siembre más coca.

Es que el narcotráfico como fenómeno no se mueve en función a las decisiones que toma una u otra persona. Es la demanda internacional. La coca está abandonada, o sea, no la están cosechando.

—Pero siguen produciendo y siguen vendiendo cocaína. No porque le esté yendo mal momentáneamente al negocio van a dejar de producir.

Por eso estamos trabajando con el Ministerio del Interior para mantener la fiscalización de los insumos químicos y que no ingresen a la zona.Y por eso queremos una interdicción aérea no letal con los norteamericanos y letal con la Fuerza Aérea. Somos conscientes de que quizá la erradicación en sí misma no es el mejor instrumento para lograr sostenibilidad y paz en una zona que lleva 30 años en emergencia. Es una zona que está acostumbrada a manejarse en la ilegalidad. Estoy seguro de que si se recuperan los precios, esta situación se va a alargar en el tiempo y lo que queremos es un corte.

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—¿No es inocente pensar que va a haber un corte, que ellos van a reflexionar en que la economía está mal y que la ilegalidad no ayuda a la formación de ciudadanía?

Yo no creo que es un asunto de inocencia o ingenuidad, sino de entender que el Vraem es una zona muy compleja, que ha sufrido un conflicto armado muy severo, en donde todavía hay una situación muy difícil en términos de estado de derecho y que se conserva bajo emergencia.

—¿Cómo saber si funciona o no el plan? ¿Cuál es la meta a la que busca llegar?

Mil hectáreas de coca a junio del 2023.

—¿Y quién las va a contar? ¿Son los propios cocaleros los que tienen que dar una especie de reporte?

Nosotros tenemos en el Vraem una oficina principal y tres oficinas de coordinación. En el norte, centro y sur tenemos desplegadas aproximadamente a 800 personas en asistencia técnica debida. Tenemos la posibilidad y la capacidad para poder hacer ese monitoreo. La idea central es poder primero generar una mesa técnica con los productores de coca que van a estar dispuestos a firmar este pacto social ciudadano. Para el que quiera dejar la coca, tiene que haber un mecanismo de verificación en donde participan la comunidad, el productor y Devida. Tiene que ser coca en producción, coca anteriormente vinculada al narcotráfico y no cultivos recientes.

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—Y para el segundo año, ¿cuál es la meta?

Lo primero que quiero llegar es a junio del 2023 con 1.000 hectáreas reducidas y verificadas, para poder pensar luego en 3.000 hectáreas en tres años y en 5.000 hectáreas dentro de cinco años.

—¿Cree que se va a lograr?

Si no creyera en eso, no me desgastaría personal institucionalmente en la propuesta.

—Ahora mismo, con el alza de precios de productos básicos y la crisis económica, si yo fuera cocalero de ninguna manera me autoerradicaría sabiendo que voy a necesitar ese dinero. Intento verlo desde un plano más realista.

Ellos están ‘aguja’ hace buen rato, no es producto de la inflación de ahora. Esta crisis ya empezó y están en una situación en donde no están dispuestos a invertir horas hombre ‘jalando’ (cosechando) coca. Hay cocaleros con media hectárea, otros con entre una y tres hectáreas, y hay cocaleros con más de cinco; a los que tienen más de cinco hectáreas no los vamos a cambiar. Están directamente vinculados al narcotráfico y tendremos que identificarlos con la participación de la comunidad.

—¿Cuántos productores del Vraem o qué porcentaje del total tienen entre media hectáreas y tres hectáreas?

Ese dato te lo puedo precisar. Vamos a desplegarnos inicialmente en tres zonas pilotos muy puntuales, muy pequeñas, para poder llegar a estas mil hectáreas. Queremos hacer el efecto demostrativo de que sí es posible mirar al Vraem distinto. Si no es posible, tendremos que volver a los instrumentos tradicionales.

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—¿Y qué va a pasar cuando un cocalero de Pichis Palcazu o el Putumayo o Puno vea que ve erradican a todos menos a los del Vraem? Al final se le está dejando el camino libre al productor más fuerte.

En política pública las decisiones se tienen que tomar por consideraciones que no siempre son solamente de orden social.

—Eso suena a una claudicación.

No claudicamos, necesitamos mantener el nivel de fuerza para hacerle daño al narcotráfico, donde más daño se le hace: pistas e insumos. Las cosas son muy sensibles en esa zona. Ten en cuenta que hace no más de un año y medio ha habido el asesinato de 16 personas en Vizcatán. Esa sensibilidad yo la tengo que tomar en consideración al momento de ejercer una acción. Los instrumentos de política pueden ser usados de manera eficiente, sin causar el daño social en el eslabón más débil, más vulnerable y menos atendido. A los clanes familiares del Vraem les vamos a estar persiguiendo

—¿Usted está de acuerdo en todos sus extremos con la ley de coca que promovió el congresista Guillermo Bermejo?

Mire, hemos revisado siete proyectos de ley; de este último tenemos que dar una respuesta formal.

—Lo de Bermejo es un asunto más político que técnico. Él fue quien llevó al presidente (desde que era candidato) al Vraem para prometer a los cocaleros que nadie los tocará y, con ello, tener un bolsón electoral fuerte.

La situación es realmente delicada. Lo que proponemos es la adopción de un régimen de control administrativo mucho más eficiente, al estilo modelo regulatorio, que nos permita realmente controlar esas 12.000 toneladas de coca legal. Recuerde que hay 5,9 millones de peruanos que usan coca, de acuerdo al Censo Nacional de Consumo de Coca de 2019, y que podemos y debemos atender. El proyecto de ley ideal es el que aborde de manera taxativa la coca legal, la coca en transición y la coca ilegal. Ese sería el proyecto de ley ideal, que todavía no he visto.

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—¿No es muy peligroso estar de acuerdo con personas que manejan un discurso bastante radical en un sector tan delicado?

Me he cuidado de dar una opinión absolutamente técnica y profesional sobre lo que yo pienso debe ser el régimen de la coca. No me he referido y, le soy sincero, no conozco al detalle cada uno de los siete proyectos de ley.

—Años atrás, usted ha sido asesor de organizaciones cocaleras. Cuando los asesoraba, ellos buscaban algo que ahora usted les está dando como jefe de Devida. ¿No hay allí un conflicto de interés?

Nunca he sido remunerado por una organización campesina. También he asesorado al Poder Judicial, a la Academia Diplomática, a las Fuerzas Armadas, a la fiscalía. He trabajado con todos los sectores alrededor.

—¿Cuál es la meta de erradicación en todo el país para el 2022?

Un total de 18.000 hectáreas de hoja de coca.

-—Y en el Vraem, ninguna.

Mil hectáreas reducidas voluntariamente.

—¿Desde cuándo rige el plan el Pacto Social Ciudadano?

Y espero que a partir del mes de julio.

—¿Tienen identificado el sector donde van a comenzar?

Todavía lo estamos trabajando. Quiero asegurar los recursos, tengo que asegurar la forma y la contraparte con la que vamos a trabajar, que son los productores cocaleros. Tengo que trabajar al interior mismo de mi institución para tener los equipos con los que vamos a trabajar. Una vez eso esté absolutamente detallado y asegurado, voy a poder desplegarme en el terreno.

—¿Y no era mejor primero tener listo el presupuesto, la cooperación internacional y otros antes de desplegar la propuesta?

No, yo no tengo dudas, el concepto lo tengo clarísimo y por eso lo he anunciado.

—Para ayudar a estos cocaleros, no sabemos cuántos ni dónde, que podrían autoerradicar mil hectáreas, ¿cuánto presupuesto se ha destinado?

Esa pregunta que me hicieron los cocaleros: ¿cuánta plata me darás por mi hectárea?

—No hablo de plata, sino de logística, capacitaciones, etc.

No vamos a entregar plata. Estamos haciendo nuestros números para poder tener un presupuesto que nos permita tender el hardware y el software de la propuesta. En estos momentos yo no te puedo dar una cifra porque necesitaríamos tener claramente identificados los lugares donde vamos a trabajar. Si es zona media, o zona baja, no lo sabemos, eso estamos trabajándolo. Tengo a mi equipo desplegado en estos momentos en el Vraem.

—¿No es entonces osado decir “reduciremos mil hectáreas” sin saber con cuánto presupuesto exacto se cuenta, ni en qué zonas se aplicará, ni con cuántos cocaleros?

Con la cooperación internacional hemos avanzado gratamente. Lo que no quisiera es adelantarme cuando no hemos todavía firmado nada. No es arriesgado, no es ambicioso porque yo sostengo una idea de ciudadanía, que es un producto que podemos vender y del que podemos obtener un rédito de eso durante años.