Las otras investigaciones claves de la fiscal Janny Sánchez-Porturas, a cargo del caso Richard Cisneros

Más de ocho años son los que lleva trabajando la fiscal Janny Sánchez-Porturas en la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Desde ahí, ha dirigido investigaciones contra el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, el exalcalde de Surquillo Gustavo Sierra, al exasesor presidencial Carlos Moreno, entre otros polémicos personajes, hasta su más reciente pesquisa contra los funcionarios implicados en las contrataciones al cantante Richard Cisneros, que el viernes fueron detenidos preliminarmente por siete días.

Sánchez-Porturas ha laborado antes en la Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima y en la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Control Gubernamental. Pero es en diciembre del 2011 cuando ingresa a la Fiscalía Anticorrupción.

A través de la resolución N°2471-2011-MP-FN, fue designada en la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima y a partir de julio del 2012, según la resolución Nº 1871-2012-MP-FN, ingresó a la Primera Fiscalía Anticorrupción, donde en la actualidad tiene a su cargo el Tercer Despacho. Es ahí desde donde ha liderado investigaciones claves.

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Aurelio Pastor y sus “influencias” en el JNE

La investigación contra el exministro aprista Aurelio Pastor fue una de las primeras que impulsó la fiscal anticorrupción y que llevó a la cárcel al también excongresista. La pesquisa inició de oficio en noviembre del 2012, a raíz de la difusión de un audio en el que Pastor solicitaba a la exalcaldesa de Tocache Corina de la Cruz un pago de S/60 mil a cambio de ayudarla con sus “influencias” a solucionar sus procesos en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El exministro fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión en mayo del 2015 por el delito de tráfico de influencias, pero salió en libertad seis meses después, tras ser absuelto por la Sala Permanente de la Corte Suprema.

Luis Castañeda y el presunto doble sueldo

En junio del 2015, la fiscal Janny Sánchez-Porturas presentó una acusación penal contra el exalcalde de Lima Luis Castañeda por el delito de peculado doloso y pidió cuatro de años de cárcel. Esto a raíz de un presunto cobro irregular de doble sueldo por parte del exburgomaestre.

Según la investigación, Castañeda se habría apropiado de cerca de S/190 mil más de lo que debía recibir como alcalde entre 2004 y 2006. En diciembre del 2015, el fiscal anticorrupción Renzo Beteta planteó que se archive el caso tras un requerimiento de sobreseimiento presentado por el exalcalde. No obstante, en abril del 2016, la fiscal Sánchez-Porturas insistió con el pedido.

En aquella fecha, el exburgomaestre declaró que no existía “ninguna causal”. “Eso salió en el 2012 con un claro matiz político, hay que hablar las cosas de frente. Hubo tres archivamientos y, sin embargo, se vuelve a abrir y se vuelve a abrir. Es parte de estar en política”, señaló.

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Carlos Moreno, el exasesor de PPK

La fiscal provincial formalizó investigación preparatoria en octubre del 2016 contra el doctor Carlos Moreno Chacón, exasesor del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), tras la difusión de unos audios en los que supuestamente se coordinaba beneficiar a una empresa privada con un convenio que tenía el Sistema Integral de Salud (SIS) con el Arzobispado de Lima.

En marzo del 2018, la fiscal Sánchez-Porturas pidió cinco años de cárcel para Moreno por el delito de negociación incompatible. En tanto, a raíz de este caso, el Colegio Médico del Perú decidió inhabilitar por un año al doctor.

El embajador César Bustamante y sus vínculos con César Hinostroza

La fiscal provincial también revisó el caso del embajador César Bustamante, tras la difusión de este Diario, en junio del 2019, de audios e informes sobre -al menos- 34 conversaciones telefónicas que sostuvo con el exjuez supremo César Hinostroza, entre diciembre del 2017 y marzo del 2018.

En setiembre del 2019, Sánchez-Porturas dispuso ampliar por 90 días la investigación por los presuntos favores de Bustamante cuando se desempeñaba como director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Gustavo Sierra, exalcalde de Surquillo

El exalcalde Gustavo Sierra, quien fue detenido cuando se encontraba cobrando una coima a un empresario en un restaurante, también viene siendo investigando por el despacho de la fiscal anticorrupción por el delito de tráfico de influencias.

En junio del 2019, Sánchez-Porturas logró que se ordene nueve meses de prisión preventiva contra Sierra, quien también es sindicado ser asesor del alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzáles. La investigación ya ha sido formalizada.

Alan García y la concesión del puerto de Paita

También a raíz de una denuncia del procurador Amado Enco, la fiscal Sánchez-Porturas inició pesquisas contra el expresidente Alan García por supuestas irregularidades en la concesión del puerto de Paita, para presuntamente beneficiar a la compañía Terminal Portuarios Euroandinos. La denuncia fue en noviembre de 2018 y la indagación inició en enero 2019.

La investigación también incluía a Patricia Alarcón, Cayetana Aljovín, Mario Arbulú, Luis Carranza, Enrique Cornejo, Hernán Garrido Lecca, David Lemor, Verónica Zavala, entre otros imputados. El caso finalmente fue archivado meses después.

Las contrataciones a Richard Cisneros

Desde junio de este año, la fiscal Janny Sánchez-Portuarias ordenó diligencias como parte de la investigación contra los funcionarios implicados en las contrataciones del cantante Richard Cisneros por supuestas irregularidades, que ella dirige.

Se han realizado allanamientos a las viviendas de las personas del círculo más cercano del presidente Martín Vizcarra, así como la intervención a las oficinas del Ministerio de Cultura, de las oficinas administrativas de Palacio de Gobierno, entre otras diligencias, con el apoyo de la fiscal adjunta Yenny Huacchillo Nuñez, quien hoy estuvo presente en las detenciones preliminares que se realizaron con la participación de efectivos de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Para lograr que el Poder Judicial autorice las detenciones, la fiscal anticorrupción aseguró en los fundamentos de su pedido que existía peligro de fuga y obstrucción a las investigaciones. Además, incluyo una serie de hechos como la manipulación de testigos, ocultamiento de pruebas y red de contactos que llegarían hasta el jefe del Estado.

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