Richard Rojas: ¿Por qué lo investiga la fiscalía y qué norma se transgredería al nombrarlo embajador en Venezuela?

Desde el pasado mes de setiembre, el mandatario ha tratado de colocar al amigo de Cerrón un una embajada. La elegida, inicialmente, fue Panamá.

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No obstante, dicho país no quiso a Richard Fredy Rojas García como el representante del Perú y apeló al silencio diplomático cuando debía darle una respuesta al presidente Pedro Castillo, quien lo presentó.

Ante la salida sigilosa y elegante de Panamá, Castillo Terrones tuvo de dejar sin efecto la propuesta de Richard Rojas García para ser enviado a ese país. Sin embargo, resolvió el tema presentándolo como embajador ante Venezuela.

De esta manera, luego de cuatro años, Perú estaría próximo a reabrir la Embajada de Perú en Venezuela, luego que el fuese cerrada durante el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

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La designación de Rojas García -vía la cuota política de Pedro Castillo- no solo ha caído mal en Torre Tagle, también entre diversos expertos y políticos, que han cuestionado las credenciales profesionales para que ejerza dicha labor.

Pero sobre todo, porque tiene una investigación abierta por presunto delito de lavado de activos agravado en la modalidad de actos de conversión, transferencia y ocultamiento en el marco de una organización criminal. Justamente, la fiscalía solicitó 12 meses de impedimento de salida del país contra Rojas.

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Puede objetarse

El exministro de Relaciones Exteriores Luis Gonzáles Posada, explicó que el proceso de designación de Richard Rojas, aún no ha concluido. Explicó que, tras la aceptación de Venezuela, aún debe expedirse la resolución suprema que nombre a Richard Rojas, y esta debe llevar la firma del presidente Pedro Castillo y del canciller Óscar Maúrta.

Es en esta etapa, indicó, que se puede objetar la designación del vocero de Vladimir Cerrón.

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Según Gonzáles Posada, quien tendría que hacer la observación es el canciller en base a que la Ley del Servicio Diplomático obliga que los embajadores que no son de carrera y son designados por el presidente, deben cumplir diversos requisitos.

“La Ley del Servicio Diplomático es sumamente clara en su disposición complementaria sobre los embajadores que no son de carrera, que se le denomina políticos y que solo puede ser hasta un 20% de las designaciones, deben cumplir con una serie de requisitos”, comentó.

Entre los requisitos está ser peruano de nacimiento, no tener antecedentes penales, pero también debe tener capacidad y “versación notoria”, es decir, conocimiento sobre temas internacionales. Pero además, agregó el exministro, tiene que haber destacado por “prestar y haber prestado destacados servicios a la Nación”.

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El propuesto embajador Richard Rojas, según su hoja de vida, no concluyó sus estudios universitarios en ciencias políticas y se ha venido desempeñando en labores técnicas. Desde hace ocho años acompaña a Vladimir Cerrón como su vocero y también actuó como personero legal de Perú Libre.

La requisitos a los que Gonzáles Posada se refiere se encuentran en las Disposiciones Complementarias del Decreto Supremo Nº 047-2021-RE que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28091 - Ley del Servicio Diplomático de la República, publicado en julio de este año.

“Es decir, debe cumplir requisitos mínimos para ocupar un cargo de esa naturaleza, eso está en la norma. De tal manera que, cuando un presidente presenta una candidatura, corresponde filtrarlo al canciller, es su deber hacerlo para determinar si ese nombre cumple con esas disposiciones legales; si no lo cumple evidentemente tiene que decirle al Presidente que no lo puede presentar porque estaría infringiendo una norma”, advirtió el excanciller.

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Recordó que Panamá no aceptó a Rojas García como embajador de Perú y ese nombramiento, ahora fue desviado hacia Venezuela.

“Entonces, acá hay un conjunto de infracciones bastante delicadas dque ha generado estos cuestionamientos”, afirmó el Gonzáles Posada sobre el caso de Rojas.

Gonzáles Posada reiteró que quien está obligado a que se cumplan las normas es el canciller y si este, finalmente, junto con el presidente Castillo firma la resolución de designación de Rojas García, lo habilitaría para ejercer el cargo de embajador.

Finalmente, consideró que una medida judicial dictada en contra del Richard Rojas también podría impedir que asuma el cargo político-diplomático.

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Organización criminal

La fiscalía le imputa a Richard Rojas, junto a Vladimir Cerrón y otros investigados, ser parte de una presunta organización criminal dedicada al delito de lavado de activos y que permaneció en el tiempo, desde la fundación del partido político Perú Libre. Es decir, desde el 2008 hasta el 10 de setiembre del 2021.

El fiscal Richard Rojas Gómez, quien lleva el caso, relató que en el 2020, Perú Libre declaró un repentino incremento patrimonial. Ello, agregó, coincide con el aumento del accionar delictivo de la presunta organización criminal “Los Dinámicos del Centro” en la Región Junín y de la que los investigados formarían parte.

Los presuntos actos ilícitos tenían como finalidad captar fondos mediante la contratación de persona y cobro de cupos en puestos de trabajo a los que eran designados personas vinculadas a la red criminal; y que tenía como consecuencia incrementar las arcas del partido fundado por Cerrón Rojas.

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El dinero, explicó el fiscal, habría ingresado a las cuentas bancarias del partido político, sin que hasta el momento haya un sustento válido. Por el contrario, el dinero habría provenido de los presuntos actos de corrupción que perpetraron “Los Dinámicos del Centro” en la Región Junín.

Incluso, se recordó, que los presuntos integrantes de la organización criminal también vienen siendo investigados por delitos de corrupción por el tráfico de plazas laborales en la Dirección Regional de Transporte de Junín, así como el tráfico de licencias de conducir.

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El dinero habría sido ingresado a diversas cuentas del partido entre el 2019 y 2020, y luego retirado en su totalidad. Esto, pese a que en los años 2018 y 2019, cuando Perú Libre participó en las elecciones, no reportó ningún movimiento económico de sus cuentas.

Posteriormente, se conoció que en el 2020, la organización política reportó inmuebles a su nombre por la suma de S/769,560.00. Este sería el local partidario de PL ubicado en la avenida Brasil 170 (Breña) y que fue adquirido por $200,000.00.

El papel del flamante embajador

Según la fiscalía, el flamante embajador designado, tendría conocimiento y participación en su calidad de secretario de organización norte y personero legal del Partido Político Nacional Perú Libre, “a fin de facilitar la comisión de los delitos penales relacionados con actos de corrupción de funcionarios”.

Y es que, para la fiscalía, si bien Rojas García no fue funcionario ni servidor público de la Región Junín, habría colaborado o participado con la “promoción, colocación, remoción y favorecimiento” de diversas personas a fin de que estas fueran favorecidas con puestos de trabajo dentro de la Dirección Regional de Transportes de Junín, lo que se vincula también con el trámite ilegal y emisión de licencias de conducir.

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Además, habría coordinado con otros miembros de la red para la consecución de los actos delictivos y coordinar la obtención los fondos y logística para la campaña electoral de Perú Libre , aprovechándose de las empresas y proveedores de la región Junín.

Por ello, concluyó el fiscal, el exvocero de Vladimir Cerrón y hoy embajador político asignado a Venezuela por el presidente Pedro Castillo, “tendría conocimiento y participación en su calidad de secretario de organización norte y personero legal del partido político de Perú Libre, a fin de facilitar la comisión de los delitos de corrupción antes descritos”.

Richard Rojas, según la fiscalía, cumpliría el rol de “colaborador en la ejecución de actos de transferencia y ocultamiento de dinero que facilitan a la organización criminal, las operaciones de lavado de activos”.

La manera en que habría actuado, es que Rojas, ante la imposibilidad de que el dinero ilícito pueda ser directamente manejado por Cerrón Rojas, habría dispuesto que las ganancias ilícitas sean destinadas al partido Perú Libre, a favor de su fundador, de sus representantes, candidatos, directivos y militantes a fin de evitar que se pueda identificar su origen.

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Trató de retirar el dinero de Cerrón

Otro de los actos que causaron sospecha en la fiscalía, es la participación de Richard Rojas, en el retiro de dinero que quiso efectuar Vladimir Cerrón, en julio de este año; un mes después que se abriera investigación en su contra por el presunto delito de lavado de activos.

Según las primeras diligencias fiscales sobre este aspecto de la investigación, Cerrón Rojas acudió el 8 de julio hasta la sede del Banco Interbank ubicado en Lince, para cancelar un contrato de fondos mutuos. Ese mismo día llegó hasta el Banco BBVA en el mismo distrito y allí trató de retirar S/376,930.00 a través de un cheque de gerencia a nombre de Richard Fredy Rojas García, su hombre de confianza y personero legal de Perú Libre.

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Sin embargo, por acciones de la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) dicho movimiento financiero fue congelado debido a que Cerrón tiene una condena impuesta por el delito de negociación incompatible.

Al día siguiente, Cerrón volvió al Banco Interbank y trató de retirar S/1′263,523 mediante un cheque de gerencia, pero la transacción fue nuevamente congelada por la UIF.

En esa línea, para el Ministerio Público, se advertiría la existencia de un plan ideado por el investigado Vladimir Cerrón Rojas, a fin de que, en complicidad con Richard Fredy Rojas García, este realice el cobro del cheque y una vez ello, se entregue el dinero en efectivo al investigado fundador de Perú Libre.

“Lo cual significaría el intento de ejecución de actos de transferencia y posterior ocultamiento por parte de Richard Fredy Rojas García respecto del manejo, captación y traslado del presunto dinero maculado perteneciente al investigado Vladimir Cerrón Rojas a través de sus cuentas bancarias y financieras”, sostuvo el fiscal.

En conclusión, de los hechos imputados a Rojas García se presumiría el delito de lavado de activos agravado en la modalidad de actos de conversión, transferencia y ocultamiento en el marco de una organización criminal.

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