La jueza Sonia Bazalar reprogramó para el miércoles 21 de octubre la audiencia en la que se evaluará la solicitud de la fiscal Janny Sánchez-Porturas de nueve meses de prisión preventiva contra Mirian Morales, ex secretaria general de la Presidencia; Óscar Vásquez Zegarra, ex asesor del mandatario Martín Vizcarra; Liliana Chanamé, exdirectora de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura (MINCUL); y el cantante Richard ‘Swing’ Cisneros.
Todos ellos son investigados por la presunta contratación irregular de Cisneros en el Ministerio de Cultura, entre el 2018 y 2020.
Bazalar también informó que el viernes 23 de octubre evaluará el pedido formulado por Sánchez-Porturas para que se le dicte impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones a Karem Roca, ex asistente administrativa del Despacho Presidencial; y a Mauricio Salas Torreblanca, coordinador y programador del Gran Teatro Municipal.
¿Cuáles con los argumentos de la fiscal? ¿Cuáles son los nuevos hechos que revela en su solicitud? El Comercio lo detalla a continuación.
1. El “mecanismo” de la contratación
Uno de los primeros elementos que la fiscal Sánchez-Porturas desarrolla- en su solicitud de prisión preventiva contra Morales, Vásquez, Cisneros y Chanamé, al que accedió El Comercio- es que el cantante se habría valido de “contactos previos” con altos funcionarios del gobierno para llegar a “acuerdos subrepticios” para ser favorecido con diferentes contratos en el Ministerio de Cultura (MINCUL), entre el 2018 y 2020.
Sánchez-Porturas subraya que las “tratativas” y las “coordinaciones previas” fueron entre ‘Richard Swing’ y el presidente Martín Vizcarra, a quien le uniría “un grado de confianza, amistad y cercanía”, y otros funcionarios, como Morales, en su calidad de secretaria general de la Presidencia, y Vásquez, ex asesor en Palacio de Gobierno.
Vizcarra Cornejo, de acuerdo a la investigación preliminar, determinó, recomendó o dispuso la orden “de manera directa” o a través de Morales y Vásquez para que diferentes ministros de Cultura, entre ellos Patricia Balbuena, acuerden con los directores, administradores, y jefes de oficinas la “factibilidad” de la contratación de Cisneros, a través del siguiente “mecanismo”:
El Ministerio Público subraya que el MINCUL, para concretar las nueve contrataciones de Cisneros por más de S/155.000, creó “servicios innecesarios”, direccionó el perfil del proveedor, consignó actividades “inherentes” a la entidad (es decir, que no debían tercerizarse), y destinó montos contractuales sobrevalorados.
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2. El rol de Morales, la exsecretaria general de la Presidencia
Morales Córdova, de acuerdo a la tesis fiscal, se encargó, por pedido del presidente Vizcarra, de “contactar” por teléfono o directamente a los diferentes ministros de Cultura para que “viabilicen” la contratación de Cisneros Carballido. A la ex secretaria general de la Presidencia, se le imputan los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y ocultamiento real.
Sánchez-Porturas indica que Morales habría inducido a dos testigos- en referencia a la exministra de Cultura Patricia Balbuena y a Karem Roca, ex asistente administrativa del Despacho Presidencial- a declarar falsamente en la investigación que ella conduce. A ambas, la abogada les dio instrucciones respecto “de qué debían decir” en sus manifestaciones.
Por ejemplo, refiere que el 16 de junio de 2020, en base a la declaración del testigo protegido con clave N°TR01-2020-141, que Balbuena fue convocada a Palacio de Gobierno, donde se reunió por 10 o 15 minutos con el presidente Vizcarra, quien le dijo que no se preocupará y que la entonces secretaria general de la Presidencia le explicaría “bien las cosas”, en relación a la investigación a los contratos a favor de Cisneros.
Tras ello, Morales le contó a Balbuena que ya había conversado con la abogada de Cisneros y que había coordinado con otros implicados.
Y, de acuerdo a la solicitud de prisión preventiva, le pidió a la exministra de Cultura que diga que conoció a Swing el 2 de abril de 2018, cuando juró el Gabinete Ministerial, liderado por César Villanueva. No obstante, Balbuena no habría aceptado esta propuesta.
La fiscal también señala que Morales le dio instrucciones a Roca, como se escucha en uno de los audios difundidos, lo qué debía decir en su manifestación sobre los registros de ingreso de Cisneros a la Casa de Pizarro. “Situación que se habría materializado, pues la imputada Karem Roca, en su calidad de testigo, habría prestado falso testimonio”, agrega.
Sobre el presunto delito de ocultamiento real, el Ministerio Público establece, como consecuencia de su investigación, que Mirian Morales “habría procurado la desaparición (eliminación)” de material probatorio del celular de Balbuena. En la cita que tuvieron el 16 de junio último, según el testigo protegido con clave N°TR01-2020-141, la entonces secretaria general de la Presidencia le contó a la exministra de Cultura que ella había “limpiado” su celular, borrando así mensajes y conversaciones sobre la contratación de Cisneros.
Y le dijo que iba a coordinar “con la persona responsable” para que realicé el mismo trabajo con su teléfono.
Después de uno o dos días de la referida reunión, Balbuena fue convocada a una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y mientras esperaba, un personal de Palacio de Gobierno “vestido de casaca roja, portando fotosheck”, por orden de Morales, se habría acercado a solicitarse su celular, correo electrónico y clave para resetearlo.
Carlos Rodas Vera, abogado de Morales Córdova, dijo a El Comercio que los audios demuestran que su clienta “no trató de influir” en Roca, sino que trata primero de entender qué pasó con los ingresos de Cisneros. “Si lees la transcripción de la grabación, verás que Mirian en todo momento dice ‘en ánimo de equipo quisiera saber si ese señor entró más de esas dos veces que está registrada’”, añadió.
El letrado también rechazó que su patrocinada haya ordenado que se formatee el celular de la exministra de Cultura Patricia Balbuena. “Eso es falso, no tendría por qué”, acotó.
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3. Las amenazas de Swing a Roca en la DIVIAC
La fiscal Sánchez-Porturas- en el pedido de prisión preventiva- afirma que Richard ‘Swing’ Cisneros no tiene arraigo domiciliario, laboral ni familiar. También indica que puede obstruir la investigación haciendo uso de los contactos que tiene con altos funcionarios del actual gobierno e, incluso, revela que el cantante, durante el tiempo que estuvo detenido preliminarmente, amenazó a Karem Roca, lo que provocó que se levante un acta fiscal de incidencia el 6 de octubre último.
Estas amenazas fueron contrastadas con la declaración de la ex funcionaria del MINCUL Patricia Dávila Tasaico, otra de las detenidas.
“Escucho cada vez que llega de una diligencia, al señor Richard Cisneros llamar a la señora Karem Roca, la amenaza con su abogado. Como que su abogado la va a meter en problemas”, refirió.
Dávila Tasaico también contó que Swing le pidió los datos de su abogado, para que el suyo lo contacte y así puedan concertar para evitar una prisión preventiva.
“He visto coordinar al señor Richard Cisneros con el señor Óscar Vásquez a través de un préstamo de periódico, se hablan en voz baja cosa que no escucho y después se pasan el periódico […] El señor Cisneros persiste en mostrar vinculación con el señor presidente Martín Vizcarra y eso me hace temer porque el señor presidente es el que manda. Yo ya perdí mi trabajo y tengo miedo que mi esposo y mis hijos lo pierda también”, subrayó.
La ex funcionaria del MINCUL refirió que, en una oportunidad, cuando Roca no estaba presente, Cisneros les sugirió que no hablen nada con Roca. “Y también hizo un comentario como ‘ayayay, pero no sabe la sorpresa que le tengo para hoy’”, añadió.
La representante del Ministerio Público advierte que “no debe pasar desapercibido” que Swing mencionó, en los audios que fueron divulgados en las últimas semanas, que “habría ocultado o guardado información relevante” para la investigación, “lo que estaría obstaculizando la averiguación de la verdad”.
Juan Varillas Alzamora, abogado de Cisneros, calificó la declaración de Dávila como “chismes de callejón” y negó que el cantante haya amenazado a Roca.
“En el supuesto negado que eso sea cierto, por qué no llamaron a la Policía, inmediatamente hubieran agregado otro delito. Mi patrocinado me ha contado que la señora Roca no había comido, que eran las 5 de la tarde y por la cercanía, por la amistad que tiene, le dice que le dolía el estómago, entonces, uno de los abogados advierte que estaban conversando. De mala fe procesal han agregado eso como una observación”, expresó a este Diario.
Varillas también dijo que el Ministerio Público intentar forzar la figura de la obstrucción a la justicia, al hacer referencia que Vásquez puede haberle pasado el periódico a su cliente, pero que en este no había ningún mensaje.
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4. Vásquez y “los S/10 mil a Cisneros por su silencio”
El Ministerio Público- en la solicitud de prisión preventiva- incluye la declaración que brindó el testigo protegido con clave TR N°02-2020-141 el último 6 de octubre, en el sentido, de que tiene conocimiento de una “relación cercana” entre Óscar Vásquez, ex asesor del presidente Vizcarra, y Swing, a quien “le deposita siempre sumas de dinero” de no menos de S/10 mil.
Esta persona agregó que Vásquez Zegarra también le ha comprado “un celular y una laptop” al cantante y que, además, “le paga” los abogados que lo defienden en la investigación por sus contratos.
“Tengo conocimiento que, el señor Richard Cisneros desde que salió del Ministerio de Cultura, le asignan un dinero no menos de 10.000 soles, el cual es depositado por el señor Vásquez, ello por guardar silencio sobre la presenta denuncia de esta fiscalía, por disposición del presidente Martín Vizcarra, porque Cisneros es más amigo del presidente que de Óscar”, sostuvo.
La fiscal Sánchez-Porturas también hizo referencia a una declaración que el 7 de octubre ofreció el aspirante a colaborador eficaz CE 02-2020, quien dijo que cuando Morales fue interrogada, por primera vez, por la contratación de Swing, Vásquez, entonces asesor presidencial, le envió a Roca, a su celular institucional, el audio de esta manifestación.
Esto, de acuerdo al colaborador eficaz CE 02-2020, “para hacerle saber” a la entonces asistente administrativa del Despacho Presidencial que tiene poder e influencias.
“Vásquez le baja a Roca una aplicación que graba por horas”, añadió.
Sánchez-Porturas advirtió que durante las diligencias que se realizaron, en el contacto de la detención preliminar, la conducta del ex asesor presidencial y de su abogado “han sido obstruccionistas”, porque frustraron “el correcto desarrollo” del deslacrado, escucha, transcripción, reconocimiento de voces y lacrado de los audios del Caso Swing, lo que consta en el acta del 3 de octubre de 2020.
Francisco Núñez, abogado de Vásquez Zegarra, dijo a El Comercio que responderá por esas acusaciones ante la jueza.
Varillas, por su lado, negó que Cisneros haya recibido dinero del ex asesor presidencial y descartó que este le esté pagando sus honorarios.
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5. Liliana Chanamé, la autora
El Ministerio Público le imputa a Liliana Chanamé Castillo el presunto delito de colusión agravada en calidad de autora, mientras que a Cisneros el mismo ilícito, pero en calidad de cómplice primario, y a Morales y Vásquez como instigadores. La exdirectora general de Recursos Humanos del Ministerio Cultura fue la única de los diez ex funcionarios sobre los que se dictó una orden de prisión preventiva que no pudo ser ubicada.
Chanamé Castillo- de acuerdo al pedido de prisión preventiva en su contra- fue la que requirió los servicios que Swing dio en el MINCUL entre el 2019 y 2020, elaborando y direccionando el perfil “a fin de favorecer al citado proveedor”. Además, no justificó la necesidad de los contratos a favor del cantante, porque los eventos que se le encargaron no los debía ejecutar un tercero.
Sánchez-Porturas, quien recordó que la exdirectora general de RR.HH. del MINCUL rehuyó de la justicia, indicó que esta podría recibir entre 6 y 15 años de prisión.
Además, la fiscal remarcó que no se pudo “incautar” su celular, “el cual podría contener información relevante para el caso”.
La representante del Ministerio Público advierte que la imputada, en su calidad de exdirectora general de RR.HH. del Ministerio de Cultura, “por el grado de confianza y cercanía con altos funcionarios públicos podría influenciar en testigos y coimputados para que dificulten la presente investigación” y podría, adicionalmente, “acceder a diversos medios probatorios” con el propósito de ocultarlos o modificarlos.
Luis Elías Huapaya, abogado de Chanamé Castillo, dijo que en las próximas horas se reunirá con su clienta para definir una estrategia de defensa, por lo que evitó brindar comentarios sobre los argumentos de la fiscal.
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Bonus track
La fiscal Sánchez-Porturas también ha solicitado que se le dicte medidas con restricciones e impedimento de salida del país a Karem Roca, ex asistente administrativa del Despacho Presidencial, y a Mauricio Salas Torreblanca, coordinador y programador del Gran Teatro Municipal del Ministerio de Cultura.
A Roca, le imputan los presuntos delitos de ocultamiento real y falsedad genérica. El primero, porque, la ex secretaria de Vizcarra Cornejo “habría dificultado la acción de la justicia”, porque “habría desaparecido los registros de ingreso” de Cisneros a Palacio de Gobierno “de la agenda del presidente”.
Y respecto al presunto delito de falsedad genérica, el Ministerio Público indica que Roca presentó “falsa declaración”, al sostener que ella fue la que atendió a Cisneros, cuando este ingresó a la Casa de Pizarro en octubre de 2018.
A Salas Torreblanca, la fiscal Sánchez-Porturas le cuestiona no haber observado una resolución de la Secretaría General N°158-2019-SG N°004-2019-SG-MC y haber dado conformidad a los servicios del Swing, a pesar de las irregularidades advertidas.
Más información
La fiscal Sánchez-Porturas informó que su despacho desistió del pedido de comparecencia con restricciones contra los ex funcionarios del MINCUL Lincoln Matos Parodi, Diana Tamashiro Oshiro, Patricia Dávila Tasaico y Aura Quiñones Li.
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