La Comisión de Fiscalización del Congreso tenía previsto recibir este miércoles una nueva declaración presencial del cantante Richard Cisneros o Richard Swing, en el marco de la investigación que dicho grupo realiza sobre los procesos de contratación de servicios efectuados por el Ministerio de Cultura desde el año 2018.
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El documento de la citación, establecida para las 3 p.m. en la Sala Miguel Grau Seminario, contempla cinco puntos sobre los que deberá responder el intérprete de música criolla. Entre ellos, se espera mayor detalle en torno a las nueve órdenes de servicio que Cisneros tuvo con el citado ministerio y otras entidades desde el 2018, precisando el tipo de servicio, las modalidades, productos y pagos.
En la víspera Cisneros había mencionado a El Comercio que estaba dispuesto a responder. “Hay prioridades que deben ser atendidas y no desviar la atención con mi persona. Siempre ha estado muy claro y, por más que pretendan fabricar a dedo un delito con mi nombre y apellido, no podrán hacerlo porque mis órdenes de servicio son legales, honestas y estrictamente artísticas profesionales”, aseveró.
Empero, casi una hora antes de la sesión, presentó un documento dirigido al presidente de la comisión, Edgar Alarcón (UPP), solicitando la reprogramación de la toma de declaración.
Argumentó que no ha sido notificado del informe preliminar de la comisión y de la decisión de variar su situación de invitado a investigado. En ese sentido, solicitó conocer de qué se le acusa y cuáles son los medios probatorios de la imputación.
“...Solicito se me notifique los mencionados documentos que indico y toda la carpeta o expediente que figure en esa sede parlamentaria a fin de poder ejercer el irrestrictro derecho a la defensa de manera eficaz y eficiente que señala nuestra carta magna...”, indica parte del escrito presentado por el cantante.
En su escrito, Cisneros indica, respecto del primer punto de la citación, que los contratos por los que se le cuestiona y los detalles sobre los mismos obran en poder del propio ministerio.
“...Solicito se me otorgue un plazo razonable de 7 días hábiles que necesito para estudiar el presente expediente conforme al derecho al debido proceso...”, también señala.
Como se recuerda, el caso se refiere a los nueve contratos con el Ministerio de Cultura entre julio del 2018 y abril del 2020 por S/175.400.
El más reciente, que ocasionó el despegue de los cuestionamientos a dichos acuerdos, fue bajo la modalidad de servicios por terceros y se refiere a charlas motivacionales virtuales para trabajadores del ministerio durante la pandemia por el coronavirus.
El mes pasado, este Diario dio cuenta de que un informe preliminar de la Contraloría General de la República advierte distintas irregularidades en esas nueve órdenes de servicio. La documentación fue remitida a la Comisión de Fiscalización, que ahora ha vuelto a citar a Cisneros Carballido.
El informe final se conoció este miércoles. En él se da cuenta de la responsabilidad penal de 16 funcionarios de ministerio, al que se imputa el efectuar pagos indebidos por el monto de S/ 155.400.00 a un único proveedor que no contaba con la especialidad ni con el perfil o experiencia debida para la ejecución de las actividades requeridas.
Además, el grupo parlamentario, que ha pasado la situación de Cisneros de invitado a investigado, emitió en julio un informe preliminar en el que solicitó una ampliación del plazo de trabajo. En dicho documento se concluyó que el cantante no tendría el perfil para los contratos con el Estado, por lo que “se trataría de una forma encubierta de asignar a una persona una retribución mensual a la cual, de otra manera, no podría acceder por la vía de un nombramiento en un cargo de confianza, por no contar con los requisitos profesionales mínimos para ello...”. También advierte que “se habría direccionado de manera preferente uno o más procesos de locación de servicios, creando procesos con nombre propio e incurriendo en un apartente tráfico de influencias, entre otros ilícitos por determinarse”.
Vale precisar que el Ministerio Público también investiga el caso. Según ha comentado Richard Swing, aún no es citado. “Todas las órdenes fueron cumplidas y entregadas a tiempo con informes y entregables dentro del marco legal de tiempo”, insistió.
Para la sesión de este miércoles también se citó a Mirian Morales, secretaria general de la Presidencia de la República, y Jorge Apoloni, exsecretario general del Ministerio de Cultura.
En junio, Richard Swing rindió su primera declaración ante la Comisión de Fiscalización. en donde no brindó datos precisos ni absolvió todas las dudas del grupo legislativo.
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