Rock asevera que en ninguna parte del mundo existe una ley similar a la planteada por Mauricio Mulder. (Foto: Archivo El Comercio)
Rock asevera que en ninguna parte del mundo existe una ley similar a la planteada por Mauricio Mulder. (Foto: Archivo El Comercio)
Rocío La Rosa Vásquez

Roberto Rock, de la Sociedad Interamericana de Prensa (), señala cuáles son los riesgos para el Perú si es que el pleno del Congreso ratifica aprobar por insistencia el dictamen que impide al Estado colocar en medios privados.

—¿Qué derechos afecta la autógrafa de ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados?
Para efectos de los medios de comunicación y de la liberta de expresión, constituiría una suerte de censura indirecta que ha sido motivo de resoluciones de la Corte IDH y que son vinculantes para los estados miembros como el Perú. Si el proceso judicial se agotara en el Estado Peruano, el tema podría llegar a la corte. Asimismo, hay estándares internacionales que regulan la competencia económica, que prohíben o desalientan la posibilidad de que un sector de la economía sea marginado. Esta ley atenta contra la competencia.

—El argumento del congresista Mauricio Mulder es evitar que el Estado despilfarre dinero público en publicidad estatal.
Hay una confusión del congresista. Bajo esa lógica sería pertinente para la sociedad peruana desaparecer el Congreso porque nos vamos a ahorrar mucha plata, o disminuir a la mitad el número de asientos de congresistas. Pero no, sería absurdo y antidemocrático porque el Congreso representa a la sociedad y vela por sus derechos, al igual que los medios de comunicación.

—Otra justificación es que el Estado puede informar a través de las redes sociales.
Pero las redes sociales son entes privados, alguien le tiene que explicar al congresista que anunciar en Google o en Facebook requiere dinero. Está muy confundido por un ánimo que la SIP no alcanza a entender, pareciera reivindicatorio, de venganza. Está en el camino de afectar no solo a los medios, sino a la sociedad, mandando una señal de que el Perú se está alineando con las peores tradiciones del autoritarismo en Latinoamérica.

—¿Cree que el apuro en aprobar la norma es una represalia por recientes denuncias periodísticas contra el Congreso?
En muchos países existe una polarización política que nos hace mucho daño, confronta a las sociedades, confunde a la población, y creo que este tipo de legislaciones exhibe esta polarización. En grupos parlamentarios muy concretos existe este ánimo de agresión a los medios. La SIP llamaría a los congresistas que están empujando esto a hacer una reflexión sobre qué tipo de democracia quieren para el Perú.

—¿Existe una norma similar en alguna parte del mundo?
En ninguna parte, en ningún país, existe una regulación de esta naturaleza, que prohíba al gobierno anunciarse en medios de comunicación privados. Existen otras legislaciones más lesivas de distinta naturaleza en Venezuela, todavía en Ecuador, algo en Bolivia, pero expresamente una ley de esta naturaleza no existe.

—¿El camino debe ser regular mejor el gasto en publicidad estatal?
Sí, pero no hay que perder de vista que estamos hablando de regular las tareas del Estado, pues estaríamos pidiendo transparencia sobre el ejercicio de recursos públicos. Cuánto dinero gasta en publicidad, a quién le da y en qué montos, y por qué motivos equis cantidad de plata, con qué criterio. Todo eso debe ser bienvenido y creo que nuestros países se han ido abriendo a esa situación. La democracia sale ganando, el público sale ganando, esa sería una espléndida noticia.

—¿Qué debemos esperar del presidente Martín Vizcarra frente a este tema?
Suponemos que hay un margen para una controversia constitucional en el Tribunal Constitucional del Perú, porque este tipo de leyes debe estimarse como que contraviene el espíritu y la letra de nuestras constituciones.