Roberto Sánchez pidió al Mincetur que pague su defensa legal en proceso por golpe de Estado

La solicitud de asesoría jurídica remitida por Sánchez el 30 de enero, y a la que tuvo acceso El Comercio, fue en amparo de la Ley del Servicio Civil (Ley N°30057), el Decreto Supremo 040-2014-PCM y la Resolución de Presidencia Ejecutiva 284-2015-SERVIR. En estas se desarrolla que los servidores civiles tienen derecho a la defensa y asesoría legal, con cargo a los recursos de la entidad, incluso si ya concluyó su vinculación. Esta defensa se puede dar en procesos judiciales, constitucionales, policiales, entre otros.

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La defensa que fue requerida por Sánchez es por la investigación que se le sigue por el presunto delito contra los poderes del Estado y orden constitucional -rebelión- y alternativamente conspiración. En este mismo proceso se encuentran comprendidos los exministros Betssy Chávez y Willy Huerta.

En la carta, enviada al actual titular del Mincetur, Luis Fernando Helguero, Sánchez expone que se ha visto involucrado y acusado sin fundamento “de haber tomado parte” en las acciones del expresidente Castillo para disolver el Congreso “con el propósito de quebrantar el orden constitucional en el país”. Además, porque le atribuye “sin prueba alguna” haber expresado la frase “por el país” una vez comunicadas las decisiones del exjefe de Estado.

Sin embargo, la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliarles no suscribió ningún contrato o emitió órdenes de servicios para servicios de asesoramiento jurídico y defensas legales requeridos por Sánchez Palomino.

Esto debido a que el pedido del exministro por los hechos que se le imputan no están vinculados “a omisiones, acciones o decisiones en el ejercicio de las funciones” del cargo de ministro de Comercio Exterior y Turismo “ni a criterios de gestión” que Sánchez Palomino haya aplicado como funcionario público. La decisión fue comunicada en una resolución secretarial del 14 de febrero.

El pasado 22 de marzo, el pleno del Congreso aprobó la acusación constitucional en contra de Sánchez. Con esta decisión, el Ministerio Público ha quedado habilitado para investigar y acusar al también congresista de Cambio Democrático-JP por los presuntos delitos de rebelión y alternativaente conspiración.

La decisión del Parlamento se basó en que el congresista no pudo explicar las reuniones que tuvo en noviembre y diciembre, antes del golpe; y que tampoco rechazó “expresamente” lo ocurrido el 7 de diciembre cuando ingresó al Despacho Presidencial tras el anuncio de Castillo. Respecto a esto, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales precisó en su informe que Sánchez no dio una “explicación razonable”respecto a los más 40 minutos que permaneció en Palacio de Gobierno.

El exministro rechazó haber sido parte en la comisión de los presuntos delitos señalados y que las reuniones que tuvo en noviembre y diciembre son verificables en el portal de Transparencia del Estado. Asimismo, que no tenía conocimiento sobre lo que ocurriría el 7 de diciembre. Por ello, una vez emitido el mensaje, renunció al cargo. “Que los responsables digan la verdad al país”, dijo el exministro.

La denuncia fiscal señala a Sánchez como presunto coautor de los delitos señalados debido a una declaración brindada por el exministro Willy Huerta. De acuerdo con esto, después del Mensaje a la Nación, Sánchez saludó al expresidente, le dio la mano y le habría dicho: “por el bien del país”.

El Comercio intentó comunicarse con el exministro Roberto Sánchez, pero no recibimos respuesta.