Ministra Rocío Barrios: “¿Que me apropié de dinero? Que me digan cómo” | ENTREVISTA

Las conclusiones de la investigación preparatoria señalan que ella y otros cinco funcionarios se habrían apropiado de S/177.279 al simular el contrato de servicios a dos empresas, entre julio y diciembre del 2014, por el mantenimiento de 40 vehículos de la PCM.

En entrevista con El Comercio, la funcionaria rechaza las imputaciones del Ministerio Público, señala que antes de asumir el cargo le comentó al presidente Martín Vizcarra su situación legal y ratifica que su cargo está a disposición.

—¿Cómo ha tomado la acusación fiscal y el pedido de cárcel?

Con fastidio, con rechazo y con indignación, porque los hechos imputados a mi persona no obedecen a ningún acto irregular. Lo que yo considero es que el Ministerio Público ha tenido un desconocimiento total de cómo es la normativa gubernamental que existe. Y obviamente eso me genera indignación.

—El documento fiscal es del 31 de enero. ¿Por qué cree que se conoce la acusación fiscal más de un mes después?

No creo en la casualidad, creo en la causalidad. Nosotros propusimos el cambio de la cabeza de la organización de la alta dirección del Imarpe, porque consideramos que sea una institución científica sumamente sólida, fuerte y que no sea a ‘dedocracia’, sino por meritocracia. Son dos investigaciones que se están llevando a cabo en este momento, contra algunos funcionarios de Imarpe. En ambos casos tienen que ver con la posible adulteración de cierta información al determinarse la biomasa. En el fuero interno también hay una investigación administrativa contra aquellos funcionarios tanto en el Imarpe, como en el Ministerio de la Producción.

— ¿Hacia dónde van sus sospechas?

No tengo la certeza de que esta denuncia venga por ese lado. Sin embargo, sí hay cosas que me generan cierta suspicacia. Todos somos conscientes de la campaña publicitaria con una rotación de más de 20 spots al día en dos canales de televisión. Llama la atención que estos spots que hablan de una crisis en la pesca no hayan surgido antes, sino hayan surgido a raíz de la modernización del Imarpe.

—La denuncia fue realizada por la procuraduría anticorrupción en el 2016, en marzo del 2018 se formalizó la investigación preparatoria y usted asume Produce en marzo 2019. ¿Informó al presidente Vizcarra y al entonces premier Del Solar?

Me citan si mal no recuerdo en el 2016 por una investigación preliminar por un delito de omisión de acto funcional. Posteriormente, cambia a lo que es peculado. Cuando a mí se me convoca al Gabinete, hace más de 11 meses, cuando me entrevistan lo que señalo es que tengo una investigación preliminar, obviamente por un hecho que ha derivado de una acción de control, pero que desde mi perspectiva y experiencia carece de todo asidero legal. Es lo que considero y estoy defendiendo. Esta resolución del día de ayer me cogió más que con sorpresa, con indignación. Los hechos imputados a mi persona bajo la resolución que salió ayer no resisten ni revisten una tipicidad penal.

—Aquella vez que comunicó su posición, ¿qué le comentaron, cuál fue la respuesta?

No fue que hubiera una respuesta, simplemente que, como corresponde, cuando invitan a un Gabinete uno dice las contingencias o hechos que uno tiene. Tengo 23 años en el Estado y como funcionarios públicos siempre estamos pasibles a investigaciones, acciones de control o a denuncias. Lo que no debería pasar es que uno culmine con una sentencia o sanción inhabilitadora, eso es lo que uno debe procurar. Esto no me llamaba mayormente la atención, dentro de los 23 años de mi carrera he pasado por varias investigaciones y no tengo una sola sanción.

—La denuncia tampoco tomó por sorpresa al presidente Vizcarra, porque usted ya le había comentado.

Imagino que, como a mí, lo ha tenido que tomar por sorpresa. Cuando uno tiene la certeza de que los hechos imputados no son delitos, a quién no le va a sorprender que haya una calificación indebida de tema.

—En la declaración jurada de intereses hay un espacio que dice: información relevante que considere necesario declarar. ¿Por qué no la incluyó ahí?

Primero, porque era una investigación preliminar. Y cuando se habla de declaración jurada de intereses, tiene que ver básicamente con el hecho de información de posibles conflictos de intereses para efectos de las gestiones que hago en el sector, si es que tuviera algún familiar trabajando en el sector. En este caso no estamos hablando de ningún conflicto de intereses, esta es una investigación que surgió bajo un control posterior que se da normalmente en la administración pública.

—No lo consideró necesario, entonces.

En verdad, ni siquiera. Como le digo, para mí era un hecho que no resiste ninguna teoría penal.

—¿Y ahora se mantiene en esa posición? ¿No cree que fue un error no haber consignado la información?

Ni siquiera es un error, ni tampoco había la obligatoriedad, porque no estamos hablando de un tema de conflicto de intereses.

—¿Pudo ya hablar con el presidente Vizcarra, el ministro Zeballos? ¿Presentó sus descargos?

He presentado mis descargos como corresponde. Con la agenda que tienen el premier y el presidente, están dentro de su agenda. He presentado mis descargos ante mis jefes. Formalmente, no he conversado con ellos todavía.

—¿Informalmente le han manifestado al menos su respaldo?

He tenido una conversación ayer [el lunes] con el premier, quedé en claro que le iba a hacer llegar mis descargos, que es lo que he hecho. Más allá de eso no hemos conversado.

—Usted ha puesto su cargo a disposición, ¿esto todavía está en evaluación?

Desde el minuto siguiente en que juramentamos, nuestros cargos siempre están a disposición. Siempre va a ser así y así va a continuar.

—Tras esta acusación, ¿está dispuesta a dar un paso al costado?

Tras esta acusación, lo que estoy haciendo es dando mis descargos como corresponde, como es mi derecho a la defensa. Acá lo que estoy haciendo es defender mi nombre como Rocío Barrios, sino también como una funcionaria pública de carrera.

—¿Y si el presidente o el primer ministro le pidieran dejar el cargo?

No puedo hablar por suposiciones ni tampoco por decisiones que el premier tiene la facultad de hacerlo y el presidente también.

—¿Heredó un problema anterior?

Cuando llego a la PCM, encuentro carros incautados o retenidos en ambos talleres, inclusive el de la premier en ese momento. Me dicen que fue por falta de pago, porque no había presupuesto. Me llegó la carta notarial de las empresas que reclamaban un pago por servicios que prestaron desde julio del 2014, cuando yo no estaba en la PCM. Llego el 7 de noviembre. El reconocimiento administrativo es reconocido por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones como mecanismo legal para corregir un acto irregular en la anterior gestión, es que emito la resolución directoral a la que estaba facultada.

—Se le imputa el haber firmado esa resolución…

Y groseramente, la resolución fiscal dice que me he apropiado de dinero. Quisiera que me demuestren una sola prueba objetiva de que ese dinero ingresó a mis arcas o fue trasladado a alguna empresa con la que yo tenía algún vínculo. No la hay. Yo tuve que encontrar una solución dentro del marco legal a un problema que se había dado irregularmente. Efectivamente, todos los servicios que el Estado recibe tienen que ser previo contrato u orden de servicio. En este caso, se había estado mandando los vehículos a mantenimiento, sin contrato previo, sin orden de servicio ni ninguno de los mecanismos legales que la norma de contrataciones prevé.

—¿Qué medidas tomó usted?

Primero, que se me evidencie que esos servicios se dieron. Lo segundo, emitir la resolución directoral. Lo que no está permitido es el enriquecimiento sin causa, que es una figura que quiere decir que el Estado no puede abusar de su poder para dejar de pagar un servicio que sí le prestaron debidamente en perjuicio de ese proveedor. Es una figura reconocida por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Pero paralelamente, en la resolución donde se establece el reconocimiento administrativo, establezco también que se disponga el deslinde de los responsables que habían originado ese acto irregular previamente.

—¿Una acción penal o un procedimiento administrativo?

El procedimiento normal de este tipo de hechos es que primero se inicia el procedimiento administrativo, porque hay que identificar quiénes son los responsables. Cuando termina el proceso disciplinario, este tiene que decir si hubo responsabilidad, qué tipo de sanción o si recomiendan que se vaya a la vía penal o civil. No tengo los resultados de esa gestión, porque estuve cuatro meses en el cargo.

—¿Ha acudido a la fiscalía para declarar?

Hace tres años y medio y luego de ese no he vuelto a declarar. Estoy esperando que me notifiquen para ejercer mi derecho de defensa en el control de acusación.

—¿Por qué cree que la fiscalía dice que no hay evidencia de servicio?

Creo que es por la falta de conocimiento del marco normativo gubernamental. No solo dice que no hubo el servicio, sino que no hubo órdenes de servicio anteriormente. Pero hay que diferenciar lo que es un proceso regular de contratación de un proceso de reconocimiento administrativo, es decir excepcional, para solucionar un acto irregular anterior. Porque el Estado no puede abusar de su poder. Es el mecanismo que he usado.

—¿Este tema debió quedarse solo en el ámbito administrativo?

Debió ser en el ámbito administrativo. El problema es que cuando no se conoce el marco normativo gubernamental, se aplica indebidamente el marco penal. Este obedece a un tema de dolo, tiene que probarse. El fiscal alude una apropiación de dinero. Sería importante ver la trazabilidad del dinero.

—¿Le han levantado el secreto bancario durante la investigación?

No, pero en verdad, encantada que me levanten el secreto bancario, de las comunicaciones. Pero deberían, ¿no? Lo mínimo que se hace para determinar la trazabilidad del dinero en un delito de peculado o de un bien es tener la ruta. Hasta donde he leído la resolución, no se ha hecho ninguna ruta. ¿Qué me apropié de dinero? Que me digan cómo, dónde. Qué prueba existe en esa resolución fiscal, a qué fojas del expediente, que prueben que ese dinero me lo apropié o ingresó a mis cuentas.

—¿Está confiada en que esto se va archivar?

Completamente confiada, porque soy abogada de profesión y estoy completamente confiada de los hechos que digo. Me pueden parar de cabeza. Un sol irregular en mi cuenta, le aseguro que no lo van a encontrar. En eso estoy completamente confiada. Acá hay una resolución que se da en un marco legal para resolver un problema que nació en el Estado irregularmente. Hubo un acto irregular en el Estado, sí; hubo una prestación de servicios que nació mal, sí; se quebraron las normas de contrataciones; sí, pero no en mi gestión. Llego y tuve que tomar decisiones de gestión, y decido por un reconocimiento, que es un mecanismo legal. ¿Ingresó dinero a mi cuenta?, no. ¿Conozco a las empresas?, no. ¿Tengo alguna relación?, no.

—Pudo conversar con la anterior directora de la oficina sobre el tema.

No se me entregó el cargo hasta un mes después. Nunca más vi a la persona, le requerí más de tres veces que entregue el cargo y venga a apersonarse. Y la última vez aparece porque hice el requerimiento a través la auditoría. Y es más, comunico a la contraloría, porque eso era un hecho irregular. Katushka Tapia no está en la investigación, qué curioso.

—¿Cuál sería el pedido a la fiscalía?

Más que a la fiscalía, pediría que se sea objetivo, que se revise el expediente. Que se haga la trazabilidad del dinero para determinar si hubo peculado o no, que me digan en base a mérito a qué demuestran que hubo apropiación de dinero por parte de mi persona.

—Cuando asumió el primer ministro Zeballos, ¿tampoco pudo conversar con él sobre el tema?

No, porque ni si quiera yo tenía claramente mapeado. Para mí, el tema era completamente inocuo, falaz, carente de asidero legal.

—Zeballos se enteró recién el lunes también…

Entiendo que sí, al igual que yo. Para mí carecía de asidero legal.

—El lunes nos enteramos de la acusación, ¿pero de la investigación preliminar?

No, el premier, no. No había conversado con el premier de esto. Los que hacemos gestión pública siempre estamos supeditados a la investigación. No está mal que nos investiguen, es bueno. Pero lo importante es que esa investigación sea objetiva.