Rolando Luque: “No ha habido una política clara sobre la gestión de conflictos” | Entrevista

— Este jueves, el presidente Castillo cumple 100 días de mandato. ¿Cuál es su balance de esta primera etapa en el manejo de conflictos sociales?

Lo que hemos observado, sobre todo, es que, en un primer momento, hubo un exceso de protagonismo de parte del [anterior] presidente del Consejo de Ministros [Guido Bellido], al colocarse por encima del esquema de gestión de conflictos que debe estar principalmente en los órganos especializados. Es decir, el Viceministerio de Gobernanza Territorial y la Secretaría de Gestión de Diálogo dentro de la PCM. Y en el caso del Ministerio de Energía y Minas, la Oficina General de Gestión Social.

MIRA: Pedro Cateriano: “Boicotear la minería simplemente es poner al país al borde del precipicio” | ENTREVISTA

En segundo lugar, comprendemos que este gobierno ha tenido un inicio un tanto accidentado, en relación a la conformación de los equipos de trabajo, especialmente a nivel de ministerios, pero también en otras dependencias públicas que son relevantes para la administración del Ejecutivo […] Ahora hay que entender un punto adicional, todos pensábamos que con las elecciones íbamos a dar por terminada la inestabilidad política de los últimos cinco años, pero no ha sido así. En parte esta inestabilidad ha sido heredada por el gobierno anterior y en parte también hay una cuota de responsabilidad en el nuevo gobierno de no haber tomado con mayor firmeza y habilidad las primeras decisiones que son claves para asentar adecuadamente a un gobierno.

— En setiembre, la Defensoría del Pueblo advirtió, en un informe, sobre el conflicto en la comunidad de Aquia (Áncash), pero desde el gobierno no hubo ninguna reacción hasta que Antamina suspendió sus operaciones. ¿El Ejecutivo pudo evitar que este conflicto escale? ¿Cómo?

Siempre es posible que, tratándose de operaciones mineras de la magnitud de Antamina, como también puede ser Las Bambas, Cerro Verde o Yanacocha, que son grandes operaciones mineras que reportan en términos de tributos ingresos significativos para el país, el Estado tiene la responsabilidad de hacer un seguimiento permanente de cómo están las relaciones entre la minera y la población. De modo tal, que, si hay demandas sensibles de la población en relación al comportamiento de la minera, como el cumplimiento de sus compromisos, riesgos de contaminación o problemas de carácter laboral o de seguridad, el Estado debe anticiparse a que esas demandas no vayan a convertirse en conflictos sociales y en hechos de violencia posteriormente.

Es importante, además, de que el Estado, sobre todo el gobierno nacional y los gobiernos regionales estén muy pendientes del desarrollo de cada pueblo, porque los problemas de salud, educación, infraestructura, alimentación y seguridad son problemas que le corresponde atender al Estado. Y si este no llega oportunamente y presta esos servicios, entonces la población se expresará frente a una compañía minero exigiéndole aquello que en realidad no le corresponde.

— En el mismo documento se refiere que hay 198 conflictos sociales en el país. Y Castillo, en los tres primeros meses de su administración, no ha logrado resolver ninguno. ¿Hubo un exceso en las promesas del presidente en campaña, que en la actualidad le están pasando factura?

Son 198 conflictos sociales, 142 activos y 56 que están latentes. Hay que tener en cuenta de que hay 1.300 demandas, que son promovidas por 537 organizaciones sociales y que están dirigidas a 318 entidades estatales y 73 empresas. Esos son los datos exactos que tiene el sistema de monitoreo de la Defensoría del Pueblo. Esto es para dimensionar la complejidad del tema y también para que se entienda en el gobierno de que no se trata de un asunto de enviar a la policía o de muñeca política, sino que implica inversión estatal en lo que llamamos infraestructura para el diálogo. Es decir, capacidades estatales para monitorear adecuadamente la conflictividad y poder actuar oportunamente.

Y, luego, otro punto importante es el cumplimiento de los acuerdos, el 50% de los acuerdos firmados por el gobierno o por el Estado en general no han sido cumplidos.

— ¿Este es el punto débil en el manejo de conflictos sociales? ¿El seguimiento de actas de acuerdos?

Yo creo que es la principal amenaza para la legitimidad de los espacios de diálogo. Imagínese usted que después de mucho esfuerzo y, en algunas veces, corriendo riesgos, la población logra que la autoridad participa en una mesa de diálogo. [No obstante] lo que muchas veces ocurre es que, una vez concluido el proceso de diálogo, tras la suscripción de actas, no hay una responsabilidad plena del cumplimiento, algunas terminan archivadas y otras con mucho esfuerzo, se logra por presión de los actores sociales, que esos acuerdos se materialicen en realidades que benefician a la población.

Y por la importancia que tiene el tema no podía haber habido ningún descuido. Sin embargo, hemos visto que no ha habido una política clara sobre la gestión de conflictos y seguimos aún esperando esa propuesta.

— Braulio Grajeda, quien fue abogado de Cerrón, dejó el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM, tras casi tres meses en el cargo. ¿Hubo algún tipo de avances durante su gestión?

Lo primero que hay que lamentar es la enorme inestabilidad que hay en el Viceministerio de Gobernanza y en la Secretaría de Gestión Social y Diálogo [de la PCM]. Desde que se creo ese viceministerio en el 2017 a la fecha, ha habido siete viceministros. Ahora vemos que nos vamos por el octavo en tan poco tiempo. Y ha habido 13 secretarios o secretarias en Gestión Social y Diálogo. Con ese nivel de inestabilidad en los equipos es muy difícil generar confianza en la población o llegar a un engranaje mayor para responder frente a la conflictividad social. Ahí hay una limitación muy grande que debe quedar superada a corto plaza. Hay que llamar a personas con experiencia.

— ¿Existe algún tipo de coordinación entre la Defensoría del Pueblo y el viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM?

Cuando la Defensoría del Pueblo empezó este trabajo en el 2004, no había ninguna capacidad en el gobierno al respecto, la conflictividad social no tenía una oficina. En el 2006, por presión de la defensoría, empieza a ganar espacio y desde ese momento hasta la fecha ha habido avances importantes. Cada gestión ha hecho un aporte significativo para la comprensión de la conflictividad social, se han desarrollado herramientas, también se han cumplido una cierta cantidad de acuerdo, pero este trabajo ha sufrido un bajón, un bache del que se debe salir.

— ¿El bache es con el actual gobierno?

Sí, ósea lo que considera es que hay problemas de organización interna en la PCM, en la propia Secretaría de Gestión Social y Diálogo, lo que había en algunas líneas de trabajo, de pronto han quedado suspendidas. Y eso no puede ocurrir porque la conflictividad social tiene un costo muy alto, costo incluso en la vida de las personas que pueden resultar fallecidas o heridas, [los conflictos] también generan costos materiales, políticos e institucionales. No hay que olvidar que l conflictividad social ha terminado causando serios problemas en los Gabinetes Ministeriales, donde se han registrados renuncias de ministros. [El manejo de conflictos] tiene una fuerza muy importante que no hay que descuidar, sino canalizar hacia la resolución.

— El 29 de octubre, en Ayacucho, manifestantes incendiaron las instalaciones de la minera Apumayo y también destruyeron el campamento minero de Breapampa. Dos días después, la PCM restableció el diálogo. ¿Pero hasta dónde se debe tolerar este tipo de actos de violencia?

La protesta tiene un fin muy importante que es reoxigenar el funcionamiento de la democracia, y es a través de la protesta que se pueden detectar problemas, el ciudadano ejerce la crítica al funcionamiento del Estado o del mercado, y aparte plantea demandas específicas. Pero la condición inseparable de la protesta es que sea pacífica, si la protesta afecta los derechos de otras personas, como la integridad física o la vida, también la propiedad privada y pública, y las comunicaciones, entonces estamos frente a un tipo de protesta que no se enmarca dentro del derecho reconocido por nuestro país ni tampoco en el derecho internacional. Ningún Estado de derecho puede alentar o ser tolerante con actos violentos, todo acto violento debe ser investigado por las autoridades correspondientes.

— Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, ha amenazado con expandir la “ola antiminera”…

No quisiera comentar las expresiones de ningún político, pero lo que sí puedo decirle es que, desde la experiencia de la Defensoría del Pueblo en el tema de la conflictividad social, los liderazgos [de las protestas] son cada vez más pragmáticos, las organizaciones sociales están pendientes de llevar bienestar a la población y eso significa que salen a protestar para obtener, en el corto plazo, mejor salud, educación e infraestructura. No encuentro que mayoritariamente esos liderazgos estén ideologizados y que obedezcan a determinadas consignas políticas. Esto no excluye a la política de la conflictividad social, de ninguna manera, la política siempre está presente. Hay que tener cuidado en que las demandas que plantea la población no queden subordinadas a los objetivos políticos de alguien, eso es en lo que hay que tener cuidado.

— La Defensoría del Pueblo ha presentado un proyecto que establece requisitos indispensables para acceder al cargo de ministro. ¿Esta iniciativa se dio a raíz del Gabinete liderado por Guido Bellido?

Sí, es un proyecto presentado por el propio defensor del Pueblo. El objetivo es asegurar para la ciudadanía que el servicio público que se presta desde posiciones de más alto nivel esté rodeado de exigencias de idoneidad tanto profesional como moral, a fin de que el Estado garantice la satisfacción de los derechos fundamentales de las personas. Al Estado deben llegar siempre las personas más comprometidas con el bien común.

— ¿Luis Barranzuela podría estar al frente del Ministerio del Interior si esta norma estuviese vigente?

Bueno, no podría hacer una especulación de este tipo, pero evidentemente, de acuerdo a la información periodistas que hemos podido conocer en las últimas horas, el gobierno deberá aclarar, investigar y obtener evidencias firmes respecto a lo que ocurrió en el domicilio del ministro para determinar si infringió o no la legislación [sanitaria].

— ¿Barranzuela debe ser retirado del Mininter, tras la fiesta en su domicilio? La Defensoría del Pueblo ha referido que los “altos funcionarios” tienen obligación mayor para cumplir con normas sanitarias.

No solo se debe esperar corrección en los altos funcionarios, sino una conducta ejemplar, más aún teniendo en cuenta el contexto en el que estamos. La pandemia no ha pasado, existe aún el riesgo de una tercera ola, debemos seguir cuidándonos. Entonces, los mensajes sostenidos que deben salir desde las entidades estatales deben ser siempre, en el sentido, de seguir tomando todas las precauciones de cuidar la vida y la salud de las personas. Y todo lo que debilite ese mensaje, afecta a las personas y al gobierno.

— El presidente Castillo planteó la “nacionalización” o “estatización” del gas de Camisea, cuando antes había referido que no se iban a dar expropiaciones. ¿Existe un doble discurso de parte del mandatario? ¿Esto afecta la credibilidad del gobierno?

Existiría un doble discurso si es que esa posición se hubiera mantenido, entiendo que a las pocas horas o al día siguiente, el presidente Castillo salió a aclarar que respetaba la libre empresa y que no iba a ver ningún tipo de nacionalización […] Personalmente, yo no creo que eso que se llama beneficio de la duda, yo creo que cuando hay interés público de por medio, necesitamos despejar la duda, no darle un beneficio. En el Estado no puede haber beneficio de la duda, que haya beneficio de la duda en el terreno privado, donde se juegan los intereses individuales de cada quien. Pero en el terreno público hablar de beneficio de la duda es una concesión desproporcionada. Aquí tenemos que ser exigentes desde el primer día, y los discursos tienen que ser claros en cumplimiento de políticas puntuales.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR

• Pedro Cateriano: “Boicotear la minería simplemente es poner al país al borde del precipicio” | ENTREVISTA
• Estallido social: ¿Cuántos conflictos sociales y protestas arrastra el gobierno de Pedro Castillo?
• Congresistas exigen la salida de Luis Barranzuela tras reunión en su casa pese a prohibición
• Las cifras del narcotráfico: récord en decomiso de drogas, pero la erradicación baja
• Implicados en Los Dinámicos del Centro aún son funcionarios en Junín
• Pedro Castillo, el presidente “radical” en la plaza y “moderado” en otros escenarios | ANÁLISIS
• Juan Jiménez: “El Gobierno no está dando los pasos que aseguren una relación de confianza” | Entrevista
• Francke intenta aclarar dichos de Castillo sobre Camisea: ¿Es distinto estatizar que nacionalizar?

VIDEO RECOMENDADO