Rolando Reátegui sobre Alarcón: "Fuerza Popular no va a blindar a nadie"

Fuerza Popular acordó respaldar el proceso indagatorio contra Edgar Alarcón en la Comisión Permanente. Así lo aseguró el congresista fujimorista Rolando Reátegui tras asegurar que no lo "blindarán" ante las denuncias que pesan en su contra.

"Fuerza Popular no va a blindar a nadie, se va a seguir los procedimientos correctos con un debido proceso. Es lo correcto, más allá no podemos decir nada, porque sería adelantar opinión", afirmó Reátegui a El Comercio.

Reátegui, integrante de la Comisión Permanente, explicó que se escuchará la sustentación del congresista aprista Javier Velásquez Quesquén, quien fue el primero que presentó un pedido de remoción contra el contralor Edgar Alarcón.

Luego, añadió el fujimorista, se creará un grupo de trabajo dentro de la Comisión Permanente que citará al contralor Alarcón para que brinde sus descargos. Tras ello, este grupo emitirá un informe final que será debatido y votado en la Permanente para finalmente ser remitido al pleno del Congreso para una postura final.

¿Y cuánto puede demorar este proceso teniendo en cuenta de que la legislatura se acaba a fin de mes? Reátegui sostuvo que los debidos procesos toman su tiempo. "Podría ser una vía rápida, pero todas las vías rápidas a la larga salen mal, no podemos adelantar", aseveró.

Ante ese panorama, Reátegui insistió que Fuerza Popular es "respetuoso" de los debidos procesos por lo que ayer -en su reunión de todos los martes- existió una "unidad de criterios" en torno a respaldar el proceso contra Alarcón en la Comisión Permanente.

Aunque el legislador oficialista Gino Costa advirtió a este Diario que Fuerza Popular busca dilatar la investigación contra Edgar Alarcón. "Solo buscarían prolongar la vida de un contralor que es funcional para ellos", refirió.

Costa recordó que existe el antecedente de la contralora Carmen Higaonna de Guerra -elegida en el gobierno de Alberto Fujimori- quien fue removida por la Comisión Permanente del Congreso en el 2001. El pedido para la remoción de Higaonna fue presentado el 20 de setiembre y resuelto ocho días después.

Higaonna llevó el caso al Tribunal Constitucional, quien declaró improcedente su queja asegurando que se respetó el debido proceso pues presentó hasta dos descargos escritos ante la Comisión Permanente del Congreso.

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