Rosio Torres: ¿Por qué delitos podría ser investigada la congresista denunciada por recorte de sueldos a trabajadores?

Debido a esta grave acusación, el Ministerio Público —que ya tendría conocimiento de los hechos, según el reportaje— podría abrirle una investigación, de acuerdo a abogados penalistas consultados por El Comercio. Incluso, la Procuraduría General del Estado acaba de presentar una denuncia contra Torres por presunta concusión.

No se trata de la primera controversia en la que está involucrada la legisladora, quien - en el anterior periodo anual de sesiones - fue presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El año pasado, “Panorama” denunció que Torres contrató a dos personas para su despacho que, en realidad, habrían laborado en la campaña de su esposo, Fernando Meléndez, al Gobierno Regional de Loreto en los comicios del 2022.

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De acuerdo con “Punto Final”, los trabajadores de la oficina de Torres Salinas transferían el dinero a la cuenta de Juan Daniel Pérez Guerra, su sobrino.

Asimismo, el pasado 29 de marzo, el dominical captó a la congresista mientras borraba las conversaciones que sostuvo por WhatsApp con su familiar. Ello minutos después de ser consultada por el mismo programa de televisión por los depósitos que realizaron sus trabajadores.

Sin darse cuenta que era grabada, Torres le escribió a su sobrino: “Han estado armando esto hace tiempo. Le tengo al enemigo en la oficina”.

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Para el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado, el Ministerio Público podría investigar a Torres Salinas por los presuntos delitos de peculado doloso, concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y obtrucción a la justica.

“El menú de opciones es amplio para ver si hay un solo delito o varios que pueden conjugarse mediante la figura de concurso”, subrayó.

En primer lugar está el presunto delito de peculado doloso, que es cuando el funcionario o servidor público se apropia o utiliza de cualquier forma para sí bienes público o que están bajo su administración. Otra opción sería concusión, que es cuando el funcionario mediante coacción o amenazas obliga a una persona para obtener benefecio patrimonial.

Según el penalista, podría haberse perpetrado el delito de tráfico de influencias porque está involucrado el sobrino de la legisladora y “no se sabe cómo llegaron los empleados a ser contratados” en el despacho de Torres. A su juicio, quizás la parlamentaria les ofreció el cargo a cambio de un porcentaje de su salario.

“No me quedan dudas de que toda esta situación ha generado el enriquecimiento ilícito de esta persona por lo cual también el Ministerio Público podría trabajar esta figura”

Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción

Debido a los chats que borró Torres también podría ser investigada por obstrucción a la justicia, afirmó Maldonado. También dijo que el sobrino de la congresista podría ser investigado en calidad de cómplice.

Para Maldonado, “el caso revela un patrón recurrente [en el Congreso]” y se deben “levantar murallas” para que esto no continúe ocurriendo.

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El penalista Jefferson Moreno tuvo un análisis similar. A su juicio, los posibles delitos en los que habría incurrido Torres serían peculado doloso, concusión, enriquecimiento ilícito y obstrucción a la justicia.

“Peculado porque se habría apropiado ilegalmente de fondos del Estado. En el caso de concusión se trata de obligar a personas a entregarle dinero al funcionario público. Podría ser investigado por cualquiera de las dos opciones en referencia al cobro”, dijo Moreno.

El abogado indicó que “también es una opción” investigar a Torres por enriquecimiento ilícito.

Moreno coincidió con Maldonado respecto a la eliminación de los chats. “Se trata del delito de obstrucción a la justicia”, añadió.

"El escenario es bastante complicado [para Torres]”

Jefferson Moreno, abogado penalista

Según el especialista, el sobrino de Torres sería incluido en las pesquisas en calidad de cómplice.

“Son casos clásicos, sucedió lo mismo con el ex congresita Michael Urtecho”, dijo también.

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A su turno, Roberto Noriega, del Estudio Linares, opinó que la Fiscalía de la Nación podría investigar a Torres por el presunto delito de concusión, “que es cuando una persona - abusando de su cargo - obliga a una persona a entregar indebidamente - para sí o para otro - un bien o un beneficio patrimonial o económico”.

Noriega subrayó que las penas por este delito van de 2 a 8 años. El penalista no descartó que también se abran pesquisas por enriquecimiento ilícito o peculado contra la legisladora.

Según él, por borrar sus diálogos por WhatsApp, Torres afrontar también una indagación por encubrimiento real “por ocultar los elementos que constituyen el delito”.

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La noche del lunes, el líder de APP, César Acuña, anunció que Torres será expulsada del partido.

“Lo primero que hemos hecho es que la separen de Ética, estamos esperando que la congresista descargue, nos explique y definitivamente tiene que ser expulsada del partido. Va a ser expulsada del partido porque no vamos a permitir que congresistas malogren la imagen de un partido y lo peor desprestigien al Congreso de la República”, expresó Acuña en Canal N.

Por la mañana, se conoció que Alianza para el Progreso pidió los descargos de Torres Salinas. Así lo confirmó a El Comercio Luis Valdez, secretario general del partido. “Hemos activado todos los protocolos, no podemos dejar pasar un hecho tan delicado”, señaló.

El ex parlamentario aseguró que el caso ya está en manos del Comité Político Nacional de APP y que las medidas contra Torres se tomarán en base a las respuestas de la congresista. “Si sus decargos no son satisfactorios, podríamos suspenderla o incluso iniciar un proceso de expulsión”, afirmó Valdez.

“Ella ha sacado un comunicado en el que se somete a las investigaciones, esperemos que así sea”, expresó.

Previamente, la bancada de APP anunció que retiró a Torres de la Comisión de Ética y exigió una aclaración pública de la parlamentaria respecto al caso. “La Bancada APP convocará a una reunión para recibir sus descargos y determinar si existen responsabilidades por parte de la congresista involucrada”, expresó.

“A efectos de garantizar la independencia en las investigaciones, procederemos con el cambio de la congresista Rosío Torres de la Comisión de Ética Parlamentaria”, añadió.

A través de un comunicado, desde el despacho de Torres negaron que la legisladora haya recortado los sueldos de sus trabajadores y afirmaron que se pone a disposición de las autoridades.

“La congresista Torres Salinas niega tajantemente que haya requerido, directa o indirectamente, pago alguno a los trabajadores de su despacho y deslinda cualquier tipo de responsabilidad en los hechos mencionados”, expresó.

“La congresista Torres Salinas se pone a disposición de las autoridades respectivas y solicitará licencia de la Comisión de Ética en tanto se esclarezcan los hechos”, sentenció.

Este Diario buscó contactarse con la congresista para recoger sus descargos; sin embargo, al cierre de este informe, no respondió.

Rosio Torres Salinas, de 49 años y natural de Loreto, es una cirujana dentista con maestría en salud pública. Llegó al Congreso para representar a su región con 5,179 votos. Antes de su arribo al Poder Legislativo, fue catedrática de diversas universidades públicas y privadas.

Es militante de APP desde el 2021, previamente integró las filas del Movimiento de Integración Loretana, del que fue una activa dirigente.

Una vez en el Parlamento ostentó el cargo de presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucional, en el primer periodo anual de sesiones, durante esta época llegaron múltiples denuncias contra el entonces presidente Pedro Castillo Terrones.

Torres también es titular en el Consejo Directivo y de las comisiones de Economía, Energía y Minas y Relaciones Exteriores.