La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, o Diviac, fue creada en agosto del 2016, en un escenario en que la criminalidad organizada –desde extorsionadores y sicarios hasta redes delictivas dirigidas desde municipios– estaba extendida en todo el país. Rubén Vargas, entonces viceministro en el Ministerio del Interior, explica por qué es importante que haya sido un equipo de policías especializados y fiscales el que esté a la cabeza de la investigación más importante del momento.
— ¿Por qué tenía que ser esta unidad policial la que se encargue de un tema tan delicado que involucraría nada menos que al presidente?
Es importante que la inteligencia policial nunca esté de espaldas al titular de la acción penal. El gran valor de la Diviac es que tiene agentes con autonomía operativa. Ellos entienden que, cuando se abre una carpeta fiscal a una organización criminal, a quien tiene que reportar es al fiscal, no al comando.
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— ¿Fue correcto que el propio coronel Harvey Colchado fuera a tocar la puerta de Palacio de Gobierno?
Sí correspondía ir, y se debió haber tomado las medidas frente a cualquier conducta que desacate una orden judicial. Desde mi punto de vista, a los cinco minutos de que no abrían la puerta el fiscal debió ordenar el allanamiento dentro de lo que indica la resolución judicial. Si, según el fiscal, ha habido allí personas –civiles o uniformadas– que estaban en abierto desacato de esa orden judicial, había un delito de flagrancia.
— Con lo que se sabe hasta ahora, ¿la tesis fiscal parece ser correcta?
La hipótesis fiscal va exactamente en la línea de lo que se está develando. La situación desde que se comenzaron las primeras noticias del posible involucramiento del presidente Castillo en actos de corrupción ha cambiado radicalmente. Teníamos algunos indicios dispersos, ahora tenemos claridad.
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— ¿Y qué va a suceder si siguen apareciendo indicios? ¿En qué momento el Congreso hace su trabajo?
Un grupo de oficiales honestos y una fiscal valiente, Marita Barreto, nos van a dar a los peruanos esa bala de plata que necesitamos usar para desenmascarar esa organización criminal que, según el Ministerio Público, tiene como base de operaciones los ministerios y el propio Palacio de Gobierno. Lamentablemente, el control político desde el Congreso ha sido inexistente o tardío, Juan Silva estuvo el tiempo que quiso en el Ministerio de Transportes haciendo todo lo que ahora se investiga, y el Parlamento decidió no tomar la decisión que correspondía, que era la censura. Ahora estamos esperando que sean los equipos especiales de la policía y la fiscalía los que nos den ese detonante que nos hará despertar las conciencias.
— ¿Qué significa, entre líneas, esa convocatoria del presidente y el primer ministro a las organizaciones sociales?
Lo que estamos viendo ahora son actos de extrema desesperación, al pretender instrumentalizar a algunas organizaciones sociales para su beneficio propio. Yo creo que, aun cuando esta convocatoria es peligrosa, el presidente y el primer ministro están cometiendo el mismo error de la llamada derecha bruta y achorada: la bandera de lucha que pretenden alzar está manchada por la corrupción. Veo muy difícil que haya multitudes vinculadas a estas organizaciones apoyando a un presidente que muestra claros indicios de haber cometido delitos para beneficiarse.
— Al otro lado tenemos a colectivos marchando en apoyo a la fiscal. Usted ha comentado que a Castillo le conviene “convertirse en víctima de la politización de la justicia”.
A él le ha convenido y le conviene esa oposición que lo acusó de fraude, que convoca a marchas los fines de semana o que acusa una supuesta traición a la patria, una oposición de políticos que cargan una mochila muy pesada. Con ellos, sin duda Castillo va a llegar al 2026. Si esa oposición va a querer acercarse a felicitar a la fiscal de la Nación en estas investigaciones contra Castillo, le están regalando de manera irresponsable el argumento para la victimización.
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— ¿Los llamados a defender al gobierno pueden eventualmente generar conflictos sociales? ¿Tiene Castillo ese poder de convocatoria?
No va a haber una movilización de miles de campesinos o dirigentes sociales, esa bandera está manchada. Sin embargo, lo que vamos a tener son grupos similares a La Resistencia, todos radicalizados, que van a estar defendiendo al gobierno y a la familia presidencial. En Lima y otras regiones tendremos enfrentamientos entre grupos radicalizados de ambos extremos, cada uno con el discurso que han asumido. Lo que ha hecho el presidente es jugar con fuego. Esta irresponsable convocatoria del gobierno va a tener eco en grupos radicales.
— Pero sí hay quienes podrían aprovechar esta coyuntura para otros fines no políticos.
Podríamos ver a sectores vinculados a economías ilegales levantar esas banderas de defensa del gobierno, pero no porque lo sientan legítimo o porque los represente, sino por la conveniencia y para sacar provecho.
— En este escenario, ¿descarta un nuevo acercamiento entre Pedro Castillo y Perú Libre, o Vladimir Cerrón? Ambos están contra las cuerdas al mismo tiempo.
Un eventual acercamiento no tendría necesariamente la convocatoria que ellos quisieran, pero para bloquear no se necesitan más de cinco personas. Es importante que el proceso de investigación de los equipos especiales nos den elementos claros, para que el peso de esos casos obligue al Congreso a tomar una decisión. Lo peor que podría pasarle al país es prolongar esta agonía. Eso implicaría entrar a escenarios violentos, impredecibles.