Salaverry: “Detrás de esto estaría el fiscal de la Nación”

Daniel Salaverry fue uno de los congresistas que permanecieron 18 horas en el local de Fuerza Popular de la calle Morochucos, en Surco, hasta que el allanamiento de la fiscalía concluyera. El portavoz naranja negó la existencia de contabilidad paralela e indicó que su bancada no retrocederá en la denuncia constitucional planteada en contra del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

— La orden para allanar los locales de Fuerza Popular fue dada por el juez Richard Concepción Carhuancho. ¿Por qué en Fuerza Popular le atribuyen este hecho al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez?
Quien solicita la orden de allanamiento es el Ministerio Público y en base a argumentos que han quedado totalmente desvirtuados. Creemos que han sorprendido al juez Concepción Carhuancho con estos falsos argumentos, no nos cabe duda de que detrás de esto estaría el fiscal de la Nación con una clara intención de intimidarnos, de querer silenciarnos y de que renunciemos a continuar con la denuncia constitucional que le hemos interpuesto en el Congreso.

— ¿Usted cree que Sánchez tiene tanto poder como para influir en dos instituciones del Estado en contra de Fuerza Popular?
Como vuelvo a repetir, el fiscal Pablo Sánchez es la cabeza del Ministerio Público y por supuesto que tiene autoridad sobre todos los fiscales del Perú.

— Pero no tiene autoridad sobre los jueces.
Al juez Concepción Carhuancho lo han sorprendido con una solicitud, en donde se fundamentaban argumentos totalmente falsos, como la supuesta doble contabilidad, que no ha existido.

— En comunicación con El Comercio, el fiscal Domingo Pérez señaló que el fiscal Sánchez no tenía conocimiento de esta diligencia.
No le creo porque, según los reglamentos de las fiscalías anticorrupción y de lavado de activos, el fiscal de la Nación coordina y supervisa con los fiscales de cada caso las estrategias que estos tomarán. Así es que no solo miente el señor Pérez, sino que estaría infringiendo su propio reglamento y su propia ley orgánica.

— José Chlimper, secretario general de Fuerza Popular, dijo que el allanamiento “fue legal”. ¿Por qué, entonces, desde su partido califican la diligencia de “atropello a la democracia”?
[El allanamiento] será legal, pero no es legítimo. Una medida tiene que estar legitimada por la verdad y aquí no han hablado con la verdad.

— De acuerdo a la resolución de Concepción Carhuancho, existen evidencias de que Fuerza Popular manejó una “doble contabilidad o contabilidad paralela” para “ocultar dinero entregado por Odebrecht”. ¿Esa sola sospecha no justifica el allanamiento?
Pero si hace unas semanas el propio Marcelo Odebrecht, en un interrogatorio ante el fiscal Pérez, ha desmentido cualquier posibilidad de que haya entregado dinero a Fuerza Popular, ese solo hecho le podido servir al fiscal para desvirtuar esa sospecha. Esa supuesta doble contabilidad jamás ha existido. La fiscalía de manera temeraria ha tratado de tergiversar la manera cómo se conforman los libros contables, nosotros tenemos un solo libro para cada tema.

—Marcelo Odebrecht ha señalado, de acuerdo a fuentes de El Comercio, que Jorge Barata debe corroborar si la firma brasileña le dio o no dinero a Keiko Fujimori para su campaña…
No hay una sola evidencia en donde se diga que Fuerza Popular o la señora Keiko Fujimori haya recibido dinero de Odebrecht, no existe esa evidencia. Ese argumento de la supuesta doble contabilidad, se ha desbaratado porque toda la documentación contable está en manos de la fiscalía hace varios días y lo que han encontrado son simple y llanamente fotocopias de esos originales que se le entregó al fiscal hace tiempo.

— ¿Por qué no entregaron todos sus libros contables a la fiscalía?
La fiscalía está confundiendo a la opinión pública, los libros contables de Fuerza 2011 [en la actualidad Fuerza Popular] están integrados por hojas sueltas, son archivadores. Hojas del 1 al 500, por poner un ejemplo. Lo que hacen los contadores es legalizar primero 200 hojas y luego cuando estas se van utilizando y se necesitan más, agarran de la hoja 201 a la 500 y nuevamente van al notario y la vuelven a legalizar, pero eso no significa que existan dos libros, eso es un solo libro que se ha legalizado en dos etapas. Acá no hay documentos con la misma numeración o el mismo foliado con información distinta, acá hay un solo documento, que es un libro con un solo orden correlativo de las hojas.

— ¿Entregaron todos los documentos o, como señala la fiscalía, faltaban libros contables?
Le pongo un ejemplo, de uno de los libros que tuviera 100 hojas, 40 estaban llenas con información contable y las otras 60, en blanco, porque aún no se había anotado nada. Lo que se ha hecho es entregar las hojas contables. Cuando la fiscalía ha ido el jueves, ha dicho: “Ah, pero estas hojas no las han entregado, las otras 60 hojas”. Nosotros les hemos respondido que esas 60 hojas están en blanco. ¿Qué sentido tiene que nosotros entreguemos hojas en blanco? A pesar de ello, se ha podido constatar que no existe doble contabilidad, que es una sola contabilidad, que las hojas tienen un orden correlativo de numeración y foliado, que todas las páginas están legalizadas y que forman parte de un solo libro contable, eso está grabado en video.

— ¿Por qué la información consignada en las copias que su partido entregó a la fiscalía no coincide [como señala el Ministerio Público] con los libros contables originales?
La fiscalía dice que se han apersonado al notario y el notario les ha dicho que nosotros tenemos, por ejemplo, 14 legalizaciones para libros contables y la fiscalía ha asumido que esas 14 legalizaciones son 14 libros contables. Entonces, cuando han llegado y han visto que nosotros tenemos siete libros, sigo en el ejemplo, han dicho de dónde sacamos las 14 legalizaciones si solo tenemos siete libros. La fiscalía piensa, en base a esto, que le estamos ocultando información y eso es falso, porque ellos se confunden. Nosotros hemos solicitado la legalización de los notarios por las hojas. Para un libro contable, ahora ya no se usan estos libros empastados, anchos y gruesos, sino archivadores de palanca con hojas sueltas, entonces vamos legalizando las hojas por paquetes. ¿Qué es lo que ha asumido la fiscalía? Que cada paquete de esos es un libro y eso no es así. Un solo libro puede haber tenido tres etapas de legalización.

—El testigo protegido TP-2017-55-1 indicó a la fiscalía que el congresista Rolando Reátegui lo indujo a declarar que hizo un aporte de S/13.850 a Fuerza Popular…
Es imposible que los partidos puedan hacer una investigación financiera y contable de cada uno de sus aportantes, eso solo lo podría hacer la UIF. Decir que por un aportante –de los 1.400 que ha tenido Fuerza Popular– que ha aportado 13.000 soles, el partido se habría enriquecido ilícitamente, por favor. Respecto a si esta persona aportó o no, bueno eso está en investigación.

— Usted afirmó que este allanamiento no lo hará retroceder en la denuncia constitucional presentada contra el fiscal Sánchez. ¿Fuerza Popular irá hasta el final con el intento de destitución?
Nosotros, cuando analizamos este tema de la omisión funcional del fiscal Pablo Sánchez, no lo hemos hecho con un cálculo político para a la mitad del camino dar marcha atrás. Estamos convencidos de que el fiscal Sánchez ha permitido que por un año reine la impunidad y que empresas y ex autoridades que debieron ser investigadas hace mucho tiempo, no lo sean, poniendo en riesgo la reparación civil que tienen que pagar al Estado. Esto ha permitido a algunas consorciadas con Odebrecht como Graña y Montero vender o transferir sus activos, eso es responsabilidad del fiscal de la Nación. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué dar marcha atrás y vamos a continuar hasta el final.

— Cuatro bancadas le pidieron a Fuerza Popular no destituir Sánchez. ¿Algún congresista de otras fuerza política, respaldan la acusación contra el fiscal?
Primero, yo he visto a cuatro congresistas firmar un documento, no a cuatro bancadas, ojo. Sin embargo, creo que tras lo ocurrido en las últimas semanas, tras la denuncia constitucional- como la situación de la señora Villarán y la prisión preventiva para los representantes de las empresas consorciadas- refuerza aún más nuestra posición. Esto va a servir para que aquellas bancadas que aún no han tomado una decisión, lo hagan.

— En su denuncia usted señala que las socias peruanas de Odebrecht no son investigadas por la fiscalía, pero el abogado Fernando Camet Piccone indicó que desde abril estaban sometidos a pesquisas…
Para que una investigación se pueda llevar a cabo debe existir una resolución que autorice al fiscal a investigar sea a una persona jurídica o natural, esa resolución no existe. Jamás, formalmente se ha abierto investigación preliminar a ninguna de estas empresas, tanto es así que la misma Graña y Montero emitió un comunicado dando a conocer a la opinión pública que ellos no estaban siendo investigados por estos hechos de corrupción.

— Tras la orden de prisión preventiva en contra de los ex directivos de las empresas GyM, JJ Camet e ICCGSA, ¿no cree que su denuncia constitucional contra el fiscal Sánchez ha perdido peso?
Pongo un ejemplo, si un delincuente roba un televisor, luego es capturado y devuelve el televisor, ¿está eximido de la responsabilidad? No, porque el delito ya se cometió. En este caso, la infracción constitucional ya se cometió y el responsable político de esta infracción es el fiscal de la Nación. El que de manera extemporánea y posterior a la denuncia haya actuado y haya hecho lo que debieron hacer hace un año no lo exime de esta responsabilidad y de esta sanción, que nosotros estamos solicitando.

— Bajo la lógica de su denuncia, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, también sería responsable político de las omisiones que hacen las comisiones investigadoras del Parlamento….
No, porque el reglamento del Congreso no estípula eso, como sí estípula la Ley Orgánica del Ministerio Público en su artículo 80, son cosas totalmente distintas.

— ¿Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, avaló la denuncia constitucional que usted presentó contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez? ¿Conversó con ella antes de presentarla?
Así es, la bancada en pleno y la presidenta del partido respaldan esta denuncia que yo he interpuesto.

— ¿Si el camino no es la destitución, el fujimorismo evalúa aplicar una sanción menor, como la suspensión temporal del cargo?
No, no hemos conversado sobre este tema, nosotros estamos seguros de que todas las bancadas del Congreso cerrarán filas en esta lucha contra la corrupción y en contra de los que blindan a los corruptos. Ahora el pueblo peruano va a saber quiénes estamos en esa línea frontal contra la corrupción y quiénes no.

— ¿Fuerza Popular intenta enviar el mensaje de “conmigo no te metas” a la fiscalía?
No, lo que queremos es mandarle un mensaje al país de que nosotros no vamos a permitir actos de corrupción ni vamos a permitir que se blinde a los corruptos.

— ¿Cree que la investigación del Caso Ramírez es una persecución política contra Keiko Fujimori y su agrupación?
No me voy a pronunciar al respecto, porque es un tema totalmente independiente y no quiero que esta denuncia que hemos interpuesto [contra el fiscal] se contamine con este tipo de comentarios.

— El Congreso ha investigado el Caso Ecoteva, ha investigado al segundo gobierno de Alan García, ha investigado a Humala por diferentes casos, ¿por qué no investiga el presunto lavado de Joaquín Ramírez?
Mire, no contaminemos la denuncia y la responsabilidad que tiene el fiscal de la Nación en estos gravísimos hechos de omisión funcional con este tipo de comentarios sobre el señor Ramírez. Usted me quiere llevar a que yo opine sobre el señor Ramírez para después generar un titular como si esto fuera una reacción a la investigación que se le está haciendo. El señor Ramírez tiene una investigación y serán sus abogados quienes lo defiendan.

— En el oficialismo han señalado que buscan “desequilibrar” al gobierno con la citación de la primera dama Nancy Lange. ¿Tiene un trasfondo político esta medida?
La gobernabilidad y estabilidad del gobierno depende del presidente Kuczynski y el presidente debería más bien recibir a la Comisión Lava Jato para aclarar todo este tipo de cuestionamientos y dudas que se tienen sobre su participación en estos actos de corrupción del gobierno de Toledo en la obra de la [carretera] Interoceánica.

— Usted ha sido muy crítico con los directivos de los socios de Odebrecht en el Perú. El secretario general de su partido, José Chlimper, fue director de auditoría de GyM. ¿Él también debe responder por el Caso Lava Jato?
Todos aquellos que sean citados a la Comisión Lava Jato deberían acudir y dar las explicaciones que se le requieran.

— Al interior de Fuerza Popular le han preguntado al señor Chlimper, ¿cómo siendo director de auditoría de Graña y Montero no notó está transferencia delidades de la empresa peruana a Odebrecht?
Estoy seguro que si la Comisión Lava Jato toma la decisión de citar a Chlimper, este no tendrá problema en acudir y dar todas las explicaciones del caso respecto a su participación y sobre la decisión que él tomó cuando fue director de esa compañía.

— ¿Respalda la decisión del fiscal Juárez Atoche de archivar la investigación por lavado de activos contra Barata? ¿Por qué?
Es importante que el país conozca la verdad, si esto va a servir para que el señor Jorge Barata declare todo lo que sabe, me parece una decisión acertada. El Perú merece conocer la verdad, nosotros hemos sido los primeros en pedir en que se revele el audio del interrogatorio que se le hizo a Marcelo Odebrecht para que el Perú entero sepa qué fue lo que dijo el señor Odebrecht respecto a aquellas personas a las cuales habría dado dinero a cambio de algo.

— ¿Darán crédito a las declaraciones que puede brindar Jorge Barata sobre Keiko Fujimori?
Cualquier declaración de un colaborador eficaz debe ser contrastada con hechos reales. Por ejemplo, el señor Barata dijo que a Toledo le entregaron US$20 millones y luego encontraron una cuenta en el exterior a nombre de Maiman. De esa cuenta se transfirió dinero a la empresa Ecoteva de la suegra de Toledo y luego ese dinero se usó para pagar las casas del ex presidente en Lima y en Punta Sal y una oficina. Esa declaración está contrastada con transferencias bancarias y hechos claros. La sola versión de Barata no implica nada, obviamente tiene que confirmarse.

— La congresista Úrsula Letona dio a entender en RPP que Marcelo Odebrecht le ofreció US$2 millones a Keiko Fujimori para su campaña en el 2011. ¿De dónde sale esa información?
Eso tendrá que explicarlo la congresista Letona, pero yo descarto absolutamente cualquier posibilidad o suspicacias que se quiere tener al respecto. Aquí jamás ha habido ni siquiera un ofrecimiento de estas empresas ni a Fuerza Popular ni a Keiko Fujimori, lo hemos dicho 100 veces.

— La congresista Yeni Vilcatoma ha solicitado la renuncia del presidente Kuczynski por sus presuntos vínculos con Odebrecht. ¿Su bancada apoya ese pedido?
Desde el primer día, nosotros venimos sosteniendo que queremos que el presidente Kuczynski termine su mandato en el 2021 y que haya una transición democrática en vísperas del bicentenario. No hay un solo congresista de Fuerza Popular que haya insinuado la posibilidad de una vacancia.

— La congresista Vilcatoma vota regularmente en el mismo sentido que la bancada de Fuerza Popular y ha secundado su denuncia constitucional al fiscal Sánchez. ¿Están jugando en pared?
La congresista Vilcatoma es una congresista independiente y, como tal, puede muchas veces coincidir con las posiciones de la bancada de Fuerza Popular como también puede coincidir con otras fuerzas políticas.

— ¿De qué depende que le brinden o no las facultades legislativas al Gobierno?
Bueno, recién vamos a revisarlas, leerlas y estudiarlas. Luego nos reuniremos como bancada, debatiremos este tema y tomaremos una decisión.

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