Una salida para terminar con el ‘hermanito’, por Fernando Tuesta

La implosión del sistema judicial ha creado un terremoto institucional de proporciones. Y es que justamente las personas que tienen el encargo de impartir justicia han mostrado su lado más miserable. Juego de favores, alteración de procesos, tráfico de influencias, favoritismo cuando no cubileteo para puestos de trabajo, designación de autoridades, con el tono y lenguaje que no se distingue ya quiénes son delincuentes y quiénes jueces y fiscales. Ese lenguaje propio de las mafias o cárteles era el sonido de la putrefacción enquistada en las instituciones del sistema judicial peruano. Así de crudo, como los audios incriminatorios.

Este terremoto debe de ser respondido, como ya se ha dicho, con ejemplares sanciones y necesarias reformas. Ya el Congreso ha aprobado una ley –ojalá se promulgue pronto– para declarar en emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Sus funciones son tan importantes y el desempeño mayoritario de los consejeros tan pobre que la medida ha sido acertada. No parece haber duda en las funciones asignadas, salvo el caso de la elección de los jefes de la ONPE y el Reniec, donde sus cuestionamientos son mayores. Es claro que si su especialización y dedicación es nombrar, ratificar y remover jueces y fiscales, designar a los jefes de aquellas instituciones cada cuatro años está lejos de conocerlas y más cerca de cometer errores en la designación, cuando no, intentar tener injerencia en ellas.

Donde hay mayor discusión es en el origen del mandato. El diseño de incorporar colegios profesionales y facultades de derecho ha resultado ser un fracaso, por la sencilla razón de que hoy se han multiplicado universidades de bajísima calidad, de donde han egresado profesionales mal formados que se colegian sin ninguna limitación. Qué más ejemplo que los vistos en estos días.

En estas circunstancias, la idea de conformar un colegio electoral, cuya única función sea elegir a los miembros del CNM, así como a los jefes de la ONPE y el Reniec, sería lo más adecuado. Lo podrían conformar, sin delegación de funciones, cinco miembros entre los que se deben encontrar el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, el defensor del Pueblo, el presidente del Tribunal Constitucional, el contralor general de la República. Si se opta por siete miembros, se puede agregar al secretario ejecutivo de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) y al secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional.

La elección de los miembros del CNM debe hacerse a través de un concurso público de méritos, teniendo como requisito ser abogado de profesión, por un mandato de cinco años, renovable por una sola vez. La elección será de uno por año obligatoriamente, para que el consejero elegido asuma sus funciones el 1 de julio. Las bondades de este diseño es que tiene origen diverso y no partidarizado. Hasta ahora, en promedio, los integrantes de esas instituciones han tenido buen desempeño. Difícilmente algún partido o corriente política pueda copar tan diversas instituciones y que coincida con el tiempo de la elección. Es, a todas luces, un diseño garantista.

Hay que castigar así a los comprometidos en procesos de corrupción, pero también crear las condiciones de construir un diseño, que pueda ayudar a una mejor elección de consejeros.