El director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, afirmó que el gobierno debe cumplir con la promesa hecha por la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, en el sentido, de hacer pública la lista de las personas que visitaron al presidente Pedro Castillo en una casa en el distrito de Breña. “Hay una incongruencia entre la forma de procesar los escándalos cercanos al círculo presidencial y el discurso anticorrupción”, subrayó.
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— A inicios de diciembre, la primera ministra, Mirtha Vásquez, dijo que se iba a transparentar la lista de las personas que se reunieron con el presidente Castillo en Breña, pero hasta el momento no ha sucedido. ¿Cómo se puede interpretar este incumplimiento?
Es importante que esto se pueda concretar a la mayor brevedad posible, hay muchas suspicacias que se han levantado a raíz de estas reuniones en la casa de Breña. Y así hubieran sido reuniones de índole doméstico o personal, como señaló el presidente Castillo, ya habiendo un compromiso del gobierno, planteado por la propia primera ministra, es absolutamente indispensable que se pueda cumplir con ello con el mayor detalle posible. Además, no solo eso, es necesario que se pueda explicar las relaciones que vayan a conocer cuando este compromiso se termine de honre. ¿Cuál es la relación con estas personas y la naturaleza de las reuniones que se han sostenido con ellas en Breña?
—Por ejemplo, el procurador general, Daniel Soria, consideró que “no fue satisfactoria” la respuesta que le brindó Palacio, al requerir esta información…
Lo que pasa es que tenemos un problema, el despacho presidencial lo que ha hecho es concretar información formal, A los que se ha comprometido la primera ministra y el presidente Castillo, a través de ella, es a reconstruir una relación de visitas no registradas bajo el supuesto de que son de índole personal, eso es a los que están comprometidos a reconstruir. Claro, puede tomarles un poco de tiempo, tampoco mucho más, porque es recordar, escarbar en la memoria si es que no lo tiene en su agenda personal y poder armar esta relación.
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—¿Este es un gobierno poco transparente?
Es un gobierno que no ha dado señales de querer ser transparente, pero cuando se ha visto expuesto ha corregido en algunos casos. A partir del descubrimiento de los despachos en Breña durante los primeros días del gobierno [de Castillo], se empezó a llevar un registro prolijo de las reuniones en el despacho presidencial. Aunque fue a raíz del escándalo. Y aún así queda pendiente [transparentar] esos primeros días, que aún están en la nebulosa. [Este gobierno] no tiene un espíritu, una vocación por la transparencia.
—Han transcurrido tres semanas desde que se revelaron estas reuniones secretas en Breña y la única explicación del presidente Castillo fue que estas citas eran de carácter personal. ¿Este silencio puede profundizar la crisis política?
Tenemos un compromiso hecho, planteado por el gobierno, y ese compromiso tiene que honrarse. Si no se honra, las fuerzas de oposición y la opinión pública van a reclamar. Claramente, hay un riesgo de no cerrar este capítulo si es que no se termina de satisfacer este capítulo.
—Tampoco ha aclarado por qué se reunió en Palacio de Gobierno con la empresaria Karelim López Arredondo. La compañía Termirex S.A.C., a la cual asesora esta persona, ganó, a través de un consorcio, una millonaria adjudicación en octubre. ¿Es normal que una proveedora del Estado tenga acceso a un jefe de Estado?
Hemos tenido proveedores del Estado como Marcelo Odebrecht que visitaron en Palacio de Gobierno al [fallecido] expresidente Alan García con mucha naturalidad, eso estaba mal, claramente. No debería ser, no es un mensaje positivo, que genera mucha confusión, suspicacias y que despiertan dudas legítimas, porque [López] se reúne un día [con Castillo] y a los pocos días resulta que obtiene esta concesión. Así haya ganado otras licitaciones antes, hay ahí una sospecha que es totalmente legítima, la opinión pública tiene todo el derecho del mundo que ante una situación así, levantarse ceja. Por eso mismo, es tan importante que se pueda brindar las explicaciones sobre la naturaleza de esta relación, de esta reunión, así sea una cuestión privada, así el presidente Castillo y la señorita esta se conozcan de tiempo, es necesario que pueda quedar eso aclarado.
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—El Comercio reveló un conjunto de chats entre el presidente Castillo y el excomandante general del Ejército José Vizcarra, donde le pidió coordinar “temas urgentes” con Bruno Pacheco y ascender a un comandante EP. ¿Qué nuevos elementos aportan estas conversaciones?
La figura del señor Pacheco es muy controvertida y las investigaciones que se han abierto deberían poder ser muy exhaustivas en los distintos frentes en los cuales él se habría estado moviendo en la ubicación que tenía como secretario general, como en esto de los ascensos en las Fuerzas Armadas, este asunto con el jefe de la SUNAT [le pidió beneficiar a empresas con deuda tributaria], y esto de los US$20 mil, hay que ver si hay algún vaso comunicante entre todos estos hechos. También abordar la relación con Karelim López. Aquí hay que hacer las investigaciones, que estas nos terminen de mostrar cuál era la actividad que tenía este señor en este proceso tan importante y si es que hay otras conexiones o no.
—¿A su consideración, tras la difusión de estas conversaciones, el presidente Castillo debe ser incluido en la investigación preliminar del Ministerio Público sobre los ascensos en las FF.AA.?
El presidente ya está siendo llamado. De hecho, tenía que comparecer [en calidad de testigo] ante la fiscal de la Nación en estos días […] Las investigaciones tienen que seguir avanzando y si es que se encuentran más elementos, claramente tendrá que ajustarse su estado.
— Castillo no se pronunciado sobre el hallazgo de US$20 mil en la oficina de Pacheco en Palacio. Y las plazas dice que sí tiene autoridad moral para luchar contra la corrupción. ¿Hay un doble discurso de parte del presidente?
En una reunión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, él [Castillo] dijo que ellos habían dado señales claras al separar la paja del trigo, aludía de que por esa razón su gobierno sí estaba en posición de poder lucha contra la corrupción. La verdad es que la separación de la paja del trigo tomó mucho tiempo, y tampoco fue una separación muy cortante, porque al señor Pacheco se le dieron las gracias por los servicios prestados. Entonces, tampoco es que lo despidieron con un portazo por generar problemas al interior del círculo más íntimo [del presidente]. Hay una incongruencia entre la forma de procesar los escándalos cercanos al círculo presidencial y este discurso anticorrupción que desde la Presidencia del Consejo de Ministros se está reimpulsando.
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—Un sector de la oposición intentó vacar al presidente Castillo. La moción no fue admitida. ¿Cómo queda la relación entre el Congreso y el Ejecutivo después de este episodio?
A ver, claramente tenemos un problema muy serio en la relación estructural entre poderes del Estado y esto es algo que ya se venía señalando desde meses atrás, a propósito de la disolución del Congreso [en 2019] y la vacancia [a Martín Vizcarra], moderar estos instrumentos de autodestrucción es una exigencia que la opinión pública tiene. Y en el Congreso, donde debe resolverse esto, no se está trabajando por mejorar estos mecanismos de relación que nos permitan bajar la intensidad de la crisis. No puede ser que ante cualquier sospecha nos vayamos de frente a discutir la vacancia o la disolución, eso no puede ser, no es saludable vivir en un estado de tensión de esa naturaleza. Aquí el Congreso tiene una responsabilidad y tiene que valorar las propuestas que ya existen y tomar decisiones pensando en la estabilidad del país.
—La oposición y el oficialismo sí parecen tener una coincidencia: la contrarreforma de la Sunedu. ¿Qué tan peligroso es que los rectores tengan el control de la institución que regula a las universidades?
En ninguna parte del mundo el supervisor y el supervisado comparte la mesa, no tiene sentido. Es claramente lo que se está barajando aquí, lo que se trata de hacer es camuflar una recaptura del órgano regulador. Y, por lo tanto, rebajar los estándares para poder permitirles a estas universidades que tanto daño han hecho seguir operando en el negocio educativo. Esto es algo que no debiera permitirse de ninguna manera, ojalá el pleno corrija esto.
— La primera ministra Vásquez ha señalado que no se puede permitir el debilitamiento de la Sunedu. ¿Cree que el presidente Castillo vaya a respaldar esta postura? El Ministerio de Educación ha sido ambiguo en un comunicado.
El comunicado fue muy débil, el comunicado llamaba al diálogo entre todos los sectores, pero claramente no pueden participar todos los sectores, hay un grupo que representa a las universidades trafa, que lo único que ha hecho es tratar de corromper al sistema político para poder proteger su negocio. Con estos sectores no se puede dialogar, las soluciones no van a pasar por recoger las opiniones de este sector. Ahí el Ministerio de Educación ha demostrado mucha debilidad. Ojalá que el ministro se pueda dar cuenta de lo que está en juego y deslindar con aquellos sectores que representan al negocio educativo, que quieren volver al proceso anterior a la reforma para seguir operando sus empresas con estándares de calidad pobrísimos.
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—¿Le preocupa la contrarreforma en el transporte? ¿Cree que el Congreso vaya a frenar al ministro Silva?
A mí me preocupa mucho, la aceptación que tiene el ministro Silva entre distintos sectores del Parlamento y no solo en el oficialismo, sino en otras organizaciones políticas. No parece haber un interés [en el Congreso] por ejercer esta función de control político que es tan reclamada. Y no solo hay sospechas, sino evidencias que existen sobre el desempeño del ministro. La verdad llama mucho la atención de que en el Congreso no se quiera llevar adelante un proceso más serio de control, que pueda llevar incluso a la censura del ministro, hay problemas de corrupción y a esto se suma la relación con los transportistas informales. ¿Cuáles son las suspicacias que generan esta actitud? Que se puede pensar que ha habido algún tipo de negociación detrás de los proyectos de infraestructura, que sean favorables para las regiones de los congresistas.
—Según informó “Hildebrandt en sus Trece”, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, les pidió a diputados españoles que se pronuncien en contra del gobierno de Castillo. La acciopopulista ha negado esta versión. ¿Cómo evalúa usted este hecho? ¿Si se confirma, Alva debe dejar la conducción de la Mesa Directiva?
Creo que tiene que esclarecerse esta situación, es bien sospechoso. Parlamentarios de distintas orientaciones políticas en España que participaron en la reunión han conformado que ocurrió, es necesario que la presidenta del Congreso pueda dar sus explicaciones ante el pleno, y si estas no son satisfactorias para los parlamentarios y la opinión pública tendría que pensarse en un recambio. Es indispensable que haya un proceso de explicación de parte de la señora Alva ante los testimonios que se han brindado.
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