Pablo Sánchez formó un equipo de fiscales para que se dedicara exclusivamente a investigar delitos de corrupción de funcionarios vinculados al caso y nombró a Hamilton Castro como cabeza del grupo. (Foto: Archivo El Comercio)
Pablo Sánchez formó un equipo de fiscales para que se dedicara exclusivamente a investigar delitos de corrupción de funcionarios vinculados al caso y nombró a Hamilton Castro como cabeza del grupo. (Foto: Archivo El Comercio)
Redacción EC

El fiscal de la Nación, , afirmó esta mañana que ante las denuncias hechas por los medios periodísticos respecto a un presunto tráfico de influencias en el Consejo Nacional de la Magistratura (), esta es la oportunidad para “concretar” la reforma de esta institución.

“Eso (la reforma del CNM) está en el contexto de lo que está ocurriendo, estamos discutiendo y es la oportunidad de concretarlo”, manifestó a Radio Programas.

Sánchez también indicó que su despacho ha dispuesto iniciar una investigación preliminar y como primera acción han solicitado los audios al portal informativo IDL – Reporteros, para iniciar las primeras diligencias.

Respecto a si los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, deben renunciar ante la denuncia divulgada, dijo que no podía adelantar opinión, pues están haciendo una investigación para determinar responsabilidades.

En cuanto a que la Fiscalía de la Nación autorizó las escuchas a los integrantes del CNM y magistrados del Poder Judicial involucrados en la denuncia periodística, refirió que “no tenía información de este tema”.

“Desde mi despacho no se autorizó, además cuando se hacen investigaciones especiales el juez es el que autoriza. Lo que sí sabemos es que todo es legal”, explicó.

Pablo Sánchez Velarde añadió que los hechos divulgados por un medio periodístico constituyen “un asunto muy serio” que debe ser investigado.

El portal informativo IDL - Reporteros señala que el presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, junto con al menos tres miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (entre ellos Guido Aguila), y un magistrado de la Corte Suprema (César Hinostroza) habrían montado un esquema de tráfico de influencias y corrupción.

Este esquema habría sido para beneficiarse a través de delitos que van desde el tráfico de favores, las trampas en exámenes de jueces y fiscales, el conflicto de intereses, hasta la manipulación de sentencias judiciales, según la investigación periodística.

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