Un dato sintetiza la gestión del sector en este año de gobierno: hubo siete ministros en menos de 12 meses. Según el Instituto de Criminología, el Consejo Privado Anticorrupción y el equipo de , más de un 120 funcionarios han ocupado las 25 unidades técnicas del Ministerio del Interior durante este período.

Estos cambios representan un , pues cada nuevo ministro se presenta ante el Congreso y expone un plan que no termina de implementar.

En estos meses, nueve tenientes generales de la Policía Nacional han pasado a situación de retiro, sumando ya el cuarto comando policial. Además, en menos de un año hay generales y coroneles que han cambiado de colocación en dos o tres oportunidades, sin posibilidad de completar lo que iniciaron.

Por otro lado, cuando un alcalde quiere gestionar un proyecto de seguridad ciudadana para su distrito, debe volver a explicarle al funcionario recién nombrado lo que le explicó a su antecesor. Y luego el equipo que asesora a un gobierno local con su plan de seguridad ciudadana cambia de enfoque cada que asume un nuevo director. Cada funcionario trae a su propio equipo de confianza, pero a las pocas semanas hay otro que lo reemplaza.

Las consecuencias de todo esto se reflejan en las cifras presupuestales. A fines del primer semestre del 2022, los proyectos de inversión en seguridad ciudadana tienen un avance de ejecución del 18,6%. Los proyectos enfocados en disminuir los conflictos sociales tienen un avance del 0%. Los recursos para la compra de productos farmacéuticos destinados a proteger a los policías del COVID-19 tienen un avance de ejecución del 11,5%. En general, el sector Interior ha ejecutado alrededor del 36,5% de su presupuesto de inversiones.

Estos datos permiten entender por qué, a casi seis meses de declarado el estado de emergencia en Lima y el Callao, la ciudadanía no parece percibir mayores resultados. Desde hace unos meses, la victimización y la percepción de inseguridad muestran una tendencia creciente. Es muy difícil pensar en una gestión exitosa con un nivel de rotación nunca antes visto en el sector. Y todo ello se hace aún más preocupante si consideramos que la mayoría de estos cambios responde a intereses subalternos.

Nicolás Zevallos Trigoso es director del Instituto de Criminología