SIP: Congreso peruano intentó afectar la libertad de expresión

El Congreso de la República - disuelto por el presidente Martín Vizcarra el 30 de setiembre- intentó afectar la libertad de expresión a través de proyectos de ley para restringir la publicidad estatal e incrementar las penas para casos de difamación, entre otros temas, según denunció un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

La agencia EFE señaló que el informe - redactado antes de la disolución del Congreso- consignó las agresiones denunciadas por el gremio periodístico continental. El documento fue difundido durante la LXXV Asamblea General de la SIP, que se celebró en Miami, Estados Unidos.

La SIP señaló que “las querellas por difamación fueron una herramienta utilizada para acallar a ciudadanos, medios y periodistas, por parte de personas involucradas en casos de corrupción o abusos de poder”.

El informe reseña un proyecto de ley que propone ampliar la pena de cárcel por difamación de un máximo actual de tres años a un rango de entre cuatro y siete años.

De aprobarse, la difamación sería penada con cárcel en todos los casos y también podría aplicarse a casos de difamación en redes sociales, lo que es reiterativo, pues el Código Penal ya establece que la difamación se aplica a medios de comunicación, lo que incluye a redes sociales.

"La iniciativa ha establecido erróneamente que solo normará sobre difamación en redes sociales, cuando también afectará a los medios", agregó el documento.

Menciona, igualmente, el proyecto de ley que establece condiciones para que la contratación de publicidad estatal responda a necesidades concretas y se dirija a medios según su alcance y público objetivo.

La SIP afirmó que la agenda legislativa ‘anti-prensa’ se fortaleció en respuesta a las labores de investigación periodística sobre casos de corrupción de Lava Jato y Lava Juez, la red de corrupción en los tribunales de Perú, que “han derivado en investigaciones fiscales e incluso cárcel para varios prominentes políticos y jueces”.

Entre los casos de amedrentamiento registrados contra periodistas y medios, el informe reportó la condena contra el periodista Pedro Salinas a un año de prisión suspendida y a pagar 25.000 dólares de reparación civil al arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, por difamación agravada debido a unas afirmaciones hechas por el periodista en un artículo y una entrevista de 2018.

Posteriormente, Eguren desistió de la querella contra Salinas.

El periodista y su colega Paola Ugaz han publicado en 2015 el libro Mitad monjes, mitad soldados, en el que investigaron abusos sexuales en el grupo religioso Sodalicio de Vida Cristiana, al que Eguren pertenece, aunque el arzobispo ha señalado que este libro no forma parte de la querella.

De otro lado, el Poder Judicial admitió una nueva demanda por difamación interpuesta por Miguel Arévalo Ramírez contra los periodistas Oscar Castilla y Edmundo Cruz.

Los periodistas han investigado la relación de Arévalo, alias ‘Eteco’, con el narcotráfico, utilizando fuentes contrastadas, entre ellas la del Departamento para la lucha contra las drogas de Estados Unidos (DEA).

(Fuente: EFE)