La Comisión de Constitución debatió el proyecto sobre elecciones internas de las organizaciones políticas. (Foto: Lino Chipana / GEC)
La Comisión de Constitución debatió el proyecto sobre elecciones internas de las organizaciones políticas. (Foto: Lino Chipana / GEC)
Jonathan Castro

Este lunes, la aprobó el punto más importante del tercer proyecto de : la elección interna abierta y obligatoria de candidatos en las organizaciones políticas. Esta tarde, el grupo continuará debatiendo los puntos restantes de esta reforma.

El presidente se ha mostrado preocupado por el tiempo que tardan en debatirse y aprobarse los proyectos, pues teme que los proyectos no sean aprobados antes del fin de la legislatura.

A un mes de trabajo, solo se ha concluido con la discusión de dos de los seis proyectos presentados durante la cuestión de confianza planteada por el primer ministro Salvador del Solar. Estos dictámenes deben ser aprobados por el pleno del Congreso.

A continuación, los cambios hechos por la comisión a las reformas planteadas por el Ejecutivo.

1. Elecciones internas
Es el último proyecto aprobado. La comisión ha hecho algunos cambios a la propuesta del Ejecutivo: aunque aceptaron que las organizaciones políticas realicen elecciones primarias obligatorias y abiertas entre afiliados y no afiliados, para el proceso del 2021 los partidos lo harán solo con sus militantes.

A partir del siguiente proceso, los partidos tendrán que obtener al menos 1,5% del padrón electoral, y los movimientos regionales al menos 4%. Este proceso será utilizado para elegir a candidatos a la Presidencia de la República, al Congreso, gobiernos regionales y alcaldías.

La comisión de Constitución continuará debatiendo los puntos pendientes de este proyecto esta tarde. La paridad de candidatos no ha sido incluida en el predictamen elaborado por el equipo técnico de este grupo. La presidenta de esta comisión, , anunció que este punto se debatirá después.

2. Impedimentos para ser candidato
El proyecto del Ejecutivo planteaba que se impida postular a "las personas que cuentan con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos".

La propuesta fue aceptada por la comisión y se agregó un punto: impedir que ejerzan la función pública, a través de designación de un cargo de confianza, los condenados en primera instancia por un delito doloso.

El objetivo de esta propuesta es garantizar una "mayor idoneidad en el ejercicio de los cargos de elección popular".

3. Inscripción y cancelación de partidos
El primer punto en el que se pusieron de acuerdo fue en la eliminación de la recolección de firmas para la inscripción de organizaciones políticas. En cambio, las organizaciones deben contar con una relación de militantes mínimo del 0,1% de los ciudadanos del padrón aprobado para el último proceso electoral, lo que equivale a más de 23 mil afiliados. El Ejecutivo había planteado una cifra ligeramente menor: el 0,075% del padrón.

En el momento de su inscripción, los partidos deberán tener comités partidarios funcionando permanentemente en al menos cuatro quintos de los departamentos y no menos de un tercio de las provincias.

Además, la comisión eliminó requisitos planteados por el Ejecutivo: que no más de un tercio de los afiliados puede tener domicilio en una misma circunscripción, así como la obligatoriedad de presentar un reglamento electoral y el oficio con el que las organizaciones autorizan a la ONPE el acceso a la información de su cuenta bancaria de aportes privados.

También se eliminó la propuesta del Ejecutivo que señalaba que en caso de que más del 5% de la solicitudes de afiliación resulten falsas, se rechaza la inscripción de la organización y se notifica al Ministerio Público.

Se aprobó que los partidos que no logren al menos cinco representantes en el Congreso y el 5% de votos válidos en ese rubro perderán su inscripción. Lo mismo pasará con los que no participen en las elecciones generales o los que retiren sus listas. Este último punto fue agregado por la comisión. Con la ley vigente, solo perdían su inscripción si es que los partidos no participaban en dos elecciones consecutivas.

En el caso de las alianzas electorales, perderán la inscripción aquellos partidos que no consigan al menos un representante en el Congreso, como fue el caso del Partido Popular Cristiano que fue en alianza con el APRA y no consiguió curules. La valla se eleva en 1% por cada organización adicional que forme parte de la alianza.

La comisión eliminó dos puntos propuestos por el Ejecutivo: la perdida de la inscripción por no conseguir que al menos 1,5% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones nacionales acudan a votar en sus elecciones internas y por mantener impagas multas graves y muy graves relacionadas a financiamiento político.

En el plano de las elecciones regionales, también se cancelará la inscripción de los partidos que no participen en tres quintos de las regiones, la mitad de las provincias y un tercio de distritos.
Los movimientos regionales que no alcancen al menos un consejero regional y el 8% de los votos válidos de una circunscripción también perderán su inscripción.

La comisión acordó que se suspenda la inscripción a los partidos que no mantengan el número mínimo de afiliados exigidos para su inscripción seis meses antes de la fecha límite para efectuar la convocatoria de cada proceso. El plazo de suspensión será entre seis meses y un año.

El grupo presidido por Bartra también decidió que las alianzas electorales que hayan obtenido representación deben mantenerse durante el periodo de gobierno correspondiente.

El 6 de junio, tras la aprobación de la cuestión de confianza, la Comisión de Constitución acordó un cronograma para el debate. El primer punto era: el proyecto sobre impedimentos para poder postular y luego la propuesta sobre el financiamiento de partidos políticos.

En tercer lugar, propusieron evaluar las iniciativas referidas a la formación de partidos políticos y, posteriormente, los proyectos sobre paridad, alternancia y la eliminación del voto preferencial. Como último punto del cronograma se tiene previsto ver el proyecto sobre la inmunidad parlamentaria.