‘La Bestia’ se enfrentó al tráfico de Lima: la travesía del auto blindado que trasladó a Joe Biden
La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, junto a otros 17 procesados, podrían ser sentenciados al pago de más de US$ 270 millones de dólares si son hallados responsables de los presuntos actos ilícitos por los que son procesados en el Caso “Vías Nuevas de Lima”.
Y es que, el Poder Judicial (PJ) declaró fundado el pedido de constitución como actor civil de la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato, que solicitó como monto provisional de reparación las sumas de $267′568,975.17 millones y S/7′349,457.00 millones.
Villarán y otros son procesados por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir, negociación incompatible y colusión agravada.
MIRA: Dina Boluarte y el análisis de sus respuestas evasivas durante conferencia de prensa
El juez de Investigación Preparatoria, Raúl Justiniano consideró que la citada Procuraduría había cumplido con los requisitos exigidos por la norma para que pueda ser parte del proceso en calidad de agraviado, como representante del Estado.
Antes de emitir su pronunciamiento, el juez Justiniano Romero precisó que de los 18 procesados, únicamente se había opuesto al pedido de constitución de la Procuraduría Ad Hoc, la defensa del investigado Demetrio Rojas.
En su resolución, el magistrado señaló que durante la investigación preparatoria, etapa en la que se encuentra el caso, no era necesaria una justificación sustancial de la postulación de los montos, ya que esta es de “carácter provisional”.
“Esto, porque el actor civil deberá, en primer término, sustentar en el proceso cómo es que ha sido perjudicado por la conducta imputada al investigado y cómo el daño puede ser resarcido”, indicó.
Según la investigación fiscal, Villarán de la Puente habría favorecido a las empresas Odebrecht y el concesionario Rutas de Lima con el Proyecto Vías Nuevas de Lima, en retribución al apoyo que estas le brindaron durante las elecciones municipales donde fue elegida alcaldesa.
Para la fiscalía, Villarán habría concertado con el exdirector de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, y el exrepresentante de Rutas de Lima, Raúl Ribeyro Pereyra, para la suscripción del Acta de Acuerdo de Obra Adicional Puente San Pedro, del 16 de agosto de 2013, entre otros hechos a favor del consorcio y en perjuicio de la Municipalidad de Lima.
En sus alegatos, el procurador adjunto Alan Berrospi señaló que los imputados no tomaron las acciones a fin de exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las empresas, “advirtiéndose su interés indebido”.
Ello, indicó, llevó a la afectación de la obra Puente San Pedro, así como a compensaciones indebidas, exceso de costos directos y la recaudación por parte del concesionario sin haber culminado la construcción de las obras obligatorias, ya que la penalidad no fue aplicada.
En ese contexto, señaló que el monto provisional solicitado por la Procuraduría ad Hoc, como posible reparación civil era de $267′568,975.17 millones y S/7′349,457.00 millones, que deberá ser pagado por los procesados de manera solidaria.
En ese sentido, de acuerdo a los delitos y estando dentro del principio de progresión de la investigación preparatoria dentro del proceso penal, este es un monto postulatorio (…) reiteramos nuestro pedido que se nos constituya como actor civil en el presente proceso penal.”
Alan Berrospi, procurador adjunto
Durante la audiencia del lunes, Eduardo Rojas, abogado de Demetrio Rojas García, el único que se opuso al requerimiento de la Procuraduría, señaló que su patrocinado no tenía ningún vínculo con los funcionarios que emitieron informes a favor de las empresas beneficiadas. Por ello, solicitó que se declare infunda la constitución civil.
“Por ende, no existe hecho generador de daños (...) la Procuraduría no ha identificado que mi patrocinado haya actuado ilícitamente o haya actuado a título de dolo”, indicó.
Sin embargo, el juez Justiniano Romero rechazó el alegato del abogado, al señalar que el monto solicitado por la procuraduría podría variar y que, en el caso de existir una condena futura, deberá ser pagado entre todas las partes comprendidas en el proceso.
Este Diario buscó la respuesta del abogado Raúl Pariona, defensa legal de Villarán de la Puente, pero señaló que estaba en una reunión y no se pronunció sobre el caso.
“Declarar fundada la solicitud de constitución en actor civil formulada por el Estado, representada por la Procuraduría Pública Ad Hoc, por el presunto delito de colusión agravada y otros (…) Tener como petición resarcitoria postulatoria del Estado en el presente proceso la suma de 267′568,975.17 millones de dólares y 7′349,457.00 millones de soles”
