Aunque lo negó en más de una oportunidad, el viernes 6 de junio de 2014, la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, confirmó lo que era un secreto a voces: que tentaría la reelección en los comicios de octubre de ese año. La exministra de la Mujer, durante su discurso, planteó que su candidatura representaba “la honestidad versus la corrupción” y “la consolidación de reformas versus el retroceso”. Sin embargo, los resultados le serían esquivos, acabó en el tercer lugar, por detrás de Luis Castañeda Lossio (Solidaridad Nacional) y Enrique Cornejo (Partido Aprista).
Villarán de la Puente, de acuerdo a las imputaciones del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, recibió para su campaña de reelección, al igual que en el proceso de revocatoria, financiamiento de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht. Se calcula que el monto destinado para los comicios ascendería a unos US$3 millones.
El exgerente general de la Municipalidad de Lima José Miguel Castro- quien gestionó y recibió estas donaciones- brindó, entre el 15 y 22 de junio, detalles de lo que hizo la exalcaldesa de Lima con lo que quedó de este dinero, una vez que concluyó su administración al frente de la capital.
Castro, durante un interrogatorio ante el fiscal Carlos Puma, integrante del equipo especial Lava Jato, contó que, en los primeros meses de 2015, Villarán de la Puente creó la fundación Unidos para Transformar. “Su principal objetivo fue continuar trabajando temas de índole municipal cuando su gestión ya había terminado”, agregó.
También refirió que la fundación tenía como objetivo financiarse a través de “aportes privados y organización internacionales”. Sin embargo, para iniciar su funcionamiento dispuso de los fondos que “quedaron de la campaña de reelección”. “Estos fondos ascendían aproximadamente a S/400.000, que fueron usados para pagar al personal, el alquiler y la movilidad”, subrayó.
Uno de los principales rubros a cubrir por Unidos para Transformar- de acuerdo al testimonio del exgerente municipal- fue el “pago del salario” de Villarán de la Puente, quien percibió “entre S/14.000 y S/19.000” en tres o cuatro meses.
Castro, quien aspira a ser colaborador eficaz, indicó que no participó en la fundación, a pesar de que fue invitado por la exalcaldesa “en varias oportunidades”.
Unidos para Transformar funcionó en el local de la cuadra 3 de la calle Estados Unidos, Jesús María, que había sido alquilado desde agosto de 2013 con miras a la campaña de reelección de 2014.
El exgerente municipal, investigado por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y cohecho pasivo en agravio del Estado, informó el referido local partidario estuvo abierto hasta mayo de 2015. Y este fue alquilado e implementado “con los saldos de la campaña de revocatoria”, cuyo financiamiento había corrido por cuenta de OAS y Odebrecht.
El local, que tenía cuatro pisos, costaba aproximadamente S/10.000 al mes y ahí funcionaba un equipo, cuya planilla bordeaba los S/20.000, según refirió el aspirante a colaborador eficaz.
Durante el tiempo de la campaña de reelección, en el 2014, hubo personas dedicadas a manejar las redes sociales “que incrementaron el presupuesto”, refiere el ex hombre de confianza de la exalcaldesa de Lima.
Los otros fundadores
Según la partida registral de la fundación Unidos para Transformar, a la que también tuvo acceso este Diario, Villarán de la Puente figura como su presidenta, mientras que el exgerente de Seguridad de la Municipalidad de Lima Gabriel Prado Ramos como su secretario y el exjefe del programa Barrio Mío Álvaro Espinoza Benza como tesorero.
“Lo que te puedo decir es que la fundación nunca movió nada, tuvimos varias reuniones con distinta gente, pero nunca movió nada. Estuvimos varios meses viendo que se podía hacer, esto debido a la experiencia ganada en la Municipalidad de Lima, pero nunca salió nada, no tuvimos ni ingreso ni egresos”, manifestó Espinoza Benza, quien es concuñado de Castro.
“No manejamos dinero. Sobre el alquiler, el local era el de la campaña, se supone que ya estaba alquilado, nosotros usábamos un cuarto”, añadió a El Comercio.
Durante la administración de Fuerza Social en Lima, Espinoza Benza también fue integrante del Fondo Metropolitano de Inversiones.
Eduardo Roy Gates, abogado de Prado, indicó que “no tiene nada que responder” sobre la declaración de Castro. Agregó que, como el exgerente municipal está sometido a un proceso de colaboración eficaz, sus testimonios no son públicos.
Villarán de la Puente, en mayo de 2015, hizo referencia a su fundación, en una entrevista a La República.
“Estoy más activa que nunca. Un cargo público no está ahora en mi agenda personal. Trabajo con la Fundación Unidos para Transformar, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades a partir de la experiencia de Lima, apoyando a gobiernos locales y regionales. Queremos expandir la idea de Lima a otras zonas urbanas del país”, subrayó en aquella oportunidad.
Este Diario intentó comunicarse en varias oportunidades con Raúl Pariona, abogado de Villarán de la Puente, pero este no respondió a nuestras llamadas ni mensajes, hasta el cierre de esta nota.
Más información
El 22 de octubre del 2014, Marco Zevallos, por entonces personero legal del movimiento Diálogo Vecinal, presentó fuera de fecha el reporte de aportes y gastos de campaña —al 30 de setiembre de ese año— de reelección de Susana Villarán como alcaldesa de Lima.
El total de ingresos de campaña consignado fue de S/ 1′336.600, siendo S/ 1′226.600 el mayor submonto por “aportaciones individuales en efectivo y en especie”.
Sin embargo, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó un informe de verificación el 12 de mayo del 2015, dando cuenta de un desbalance. Y es que, según el documento, la organización política “no ha informado a la ONPE gastos en publicidad electoral por la suma de S/ 2′765.180,34 y en tales circunstancias estaría incurriendo en omisión de información financiera…”.
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