Cinco preguntas y respuestas claves tras la decisión del TC de validar la disolución del Congreso

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar la legalidad de la disolución del Congreso puso fin a una controversia a raíz de la demanda competencial que presentó Pedro Olaechea, titular de la Comisión Permanente, contra la medida tomada por el presidente Martín Vizcarra el pasado 30 de setiembre.

Aunque pareció más un extenso libro con varios capítulos, Vizcarra aseveró el último miércoles que el fallo del TC da la vuelta a una página de confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso, iniciada tras las elecciones del 2016. Mientras tanto, la mayoría de miembros de la Comisión Permanente —con aparente resignación pero a voz alzada— ha cuestionado la determinación, aunque el llamado de Olaechea ha sido acatarla.

Sin embargo, hay algunas voces que dan cuenta de intenciones para contrarrestar la decisión del TC. Karina Beteta, representante de Fuerza Popular y primera vicepresidenta de la Permanente, sostuvo en la sesión de este miércoles que dentro de sus atribuciones tomará la decisión de “accionar contra los que resulten responsables por infracción a la Constitución”. Este Diario intentó comunicarse con ella para tener precisiones de su posición, pero no fue posible.

En tanto, Salvador Heresi, representante de Contigo y segundo vicepresidente de la Mesa Directiva de la Permanente, dijo que acata la sentencia. Pero manifestó a El Comercio creer que se debe recurrir a organismos internacionales, por lo que conversará con sus colegas. “Estoy estudiando cuáles son las instancias internacionales que eventualmente podrían ver este hecho”, comentó.

Heresi también ha planteado una acción popular y una demanda de amparo ante el Poder Judicial contra la disolución del Congreso. “Como abogado, corresponde respetar la sentencia. Y como abogado, agotar todos los medios legales si uno no está de acuerdo con la misma, si es que estos proceden”, refirió.

A la espera de conocerse el texto final de la sentencia en los próximos días, algunas preguntas aún han quedado en el camino a raíz de los distintos hechos acaecidos desde el cierre del Parlamento.

¿Cuál es la situación de Pedro Olaechea?

La decisión del TC valida que el único organismo parlamentario que queda en funciones una vez disuelto el Congreso es la Comisión Permanente. Por tanto, Olaechea solo puede atribuirse ese cargo y no el de presidente del Congreso de la República, ni mucho menos firmar documentos bajo esa denominación.

Es más, cabe recordar que el pleno del TC notificó a Olaechea la admisión de la demanda competencial finalmente como presidente de la Comisión Permanente, una rectificación luego de que en un anterior oficio se le consignara como titular del Congreso de la República.

Olaechea ha manifestado que cumplió con su deber al defender “la institucionalidad del Congreso”, sin embargo, ha precisado que acata la decisión del TC.

¿Sigue siendo Mercedes Araoz vicepresidenta del Perú?

La Constitución establece que la renuncia del presidente y los vicepresidentes tiene que ser aceptada por el Congreso. Pero como se recuerda, este fue disuelto antes de que se le diera el encargo a la exlegisladora oficialista y de que ella declinara del mismo solo un día después de haber jurado.

Bajo ese panorama, el abogado constitucionalista y especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi señala a El Comercio que la renuncia de Araoz no ha sido aceptada. Óscar Urviola, expresidente del TC, añade que dicha decisión fue una respuesta política a una situación que no tenía trascendencia jurídica: su juramentación como presidenta encargada. Por tanto, ambos especialistas concluyen que ella sigue siendo vicepresidenta.

Cabe recordar que, a inicios de octubre, el primer ministro Vicente Zeballos manifestó la posición del Ejecutivo al respecto en declaraciones a RPP: “Desde una perspectiva política y constitucional, ella sigue siendo vicepresidenta del Perú porque renunció, en el documento que hizo público en Twitter, ante el presidente del Congreso (Pedro Olaechea) y el Congreso no existe, ha quedado disuelto […] Lo que está en ejercicio es la Comisión Permanente. Ella sigue siendo primera vicepresidenta”.

Por entonces, la propia Araoz reconoció ante medios extranjeros que su juramentación fue un “acto político” simbólico. En su carta de renuncia, admitió también que no había las “condiciones mínimas para ejercer el encargo”.

¿Qué pasó con la denuncia penal contra ambos por usurpación de funciones?

El pasado 1 de octubre, los representantes del Frente Amplio en la Comisión Permanente, Marco Arana y Justiniano Apaza, presentaron ante la Fiscalía de la Nación una denuncia penal contra Mercedes Araoz, Pedro Olaechea, Milagros Salazar y “los que resulten responsables” por presunta usurpación de funciones.

Aquel día, Arana explicó que denunciaba a Salazar porque planteó la moción de vacancia presidencial contra Vizcarra. Asimismo, sostuvo que Olaechea no debió tomar juramento a Araoz y esta aceptar el cargo de presidenta encargada, puesto que un Congreso disuelto no tenía atribuciones para ello.

Consultado al respecto este miércoles por El Comercio, Arana señaló que no ha sido convocado por el Ministerio Público para rendir testimonio. Adelantó que pedirá a dicha institución un informe del estado de su denuncia. “Sin duda, voy a pedir el seguimiento no solo público sino formalmente de esa denuncia que es del primero de octubre”, anunció.

Cabe acotar que a inicios de octubre, el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros, Carlos Cosavalente Chamorro, presentó otra denuncia ante la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Olaechea por presunta usurpación de funciones. Al respecto, este respondió vía Twitter que esas acciones no le harían retroceder en su posición. “Preocupa también que el presidente Vizcarra instruya el accionar de los procuradores públicos y que pretenda suplantar al titular de la acción penal, el Ministerio Público. Es imprescindible respetar la separación de poderes”, añadió.

¿Pueden, además, ser denunciados constitucionalmente?

El presidente Martín Vizcarra declaró a la prensa este miércoles que el Ejecutivo no presentará ninguna denuncia constitucional. “Esperemos que sean las instancias que corresponden las que hagan la evaluación y determinen lo conveniente sobre esas personas”, señaló.

Quien ha adelantado alguna eventual futura acción es Marco Arana. Comentó a este Diario que su partido ha tomado la “decisión política” de presentar una demanda constitucional por infracciones constitucionales y usurpación de funciones “en los términos de los sucesos del 30 de setiembre”, en caso obtenga representación en el próximo Congreso. La medida tendría que plantearse ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El especialista Alejandro Rospigliosi consideró que sí está abierta la puerta para la presentación de la denuncia constitucional incluso contra los legisladores que votaron posteriormente para admitir a trámite una moción de vacancia contra Vizcarra y aprobar su suspensión por “incapacidad temporal declarada por el Congreso”. De aprobarse, los responsables podrían ser inhabilitados de la función pública por hasta 10 años, precisó.

Sin embargo, consideró que ello sería una actitud “temeraria y revanchista” en un escenario en el que se está dando por cerrado un capítulo.

¿Tienen validez las medidas tomadas por el Congreso disuelto contra Vizcarra?

Sobre las anteriores decisiones señaladas, el constitucionalista Óscar Urviola sostuvo que tales acciones quedarían en nada. “No era el procedimiento. Tendrían que haber procedido conforme al artículo 117. Todo eso no se cumplió y tampoco es viable”, apuntó.

Rospigliosi coincidió en que la admisión de la moción de vacancia contra Vizcarra, la aprobación de su suspensión y la juramentación de Araoz no tienen validez. Insistió en que esos hechos podrían generar alguna responsabilidad por infracción constitucional.

“Ni va a ser válido, porque con la sentencia está todo cerrado. Está el principio de la realidad. En la realidad, Vizcarra ha seguido ejerciendo el gobierno y lo que hicieron no tiene ningún efecto legal. No se anularía en el nuevo Congreso, porque no tiene valor alguno. No se puede anular porque no existe, pero sí es un gesto que podría generar denuncia constitucional”, sentenció.