Miembros de la Comisión Permanente abordaron este miércoles la ponencia del magistrado del Tribunal Constitucional, Carlos Ramos, sobre la demanda competencial interpuesta por Pedro Olaechea, titular de dicho organismo parlamentario, contra la disolución del Congreso dispuesta por el presidente Martín Vizcarra.
El documento difundido por el TC un día antes generó opiniones divididas en la citada instancia legislativa. Sin embargo, las críticas vinieron principalmente de representantes de Fuerza Popular, Contigo y Alianza para el Progreso (APP). Y sobre todo en torno a la “denegación fáctica” considerada por Vizcarra para decidir disolver el Parlamento el 30 de setiembre pasado y a los “supuestos extraordinarios” a los que se refiere Ramos en su ponencia al referirse a la negación de la confianza que solicite el Ejecutivo.
—Pedido—
Fue a partir de una intervención de Gilbert Violeta (Contigo) que la sesión de la Comisión Permanente cambió de temática para dar paso al intercambio de opiniones sobre la ponencia de Ramos. Previamente, se evaluó un decreto de urgencia del Ejecutivo que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica.
Violeta pidió que el procurador del Congreso realice las gestiones correspondientes para que el pleno del TC aborde como primer tema en su sesión del martes 14, antes de debatir la ponencia de Ramos, el presunto adelanto de opinión de algunos magistrados.
En esa línea, consideró que el debate del TC debería iniciar estableciendo qué magistrados adelantaron opinión sobre la disolución del Congreso y la demanda competencial.
Mencionó declaraciones periodísticas de Marianella Ledesma, titular del ente constitucional, así como de los magistrados Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Ramos y José Luis Sardón. “Este debería ser el primer tema a tratar antes de la resolución de fondo que el doctor Ramos ha presentado a los miembros del Tribunal Constitucional”, instó. Sobre el pedido, Pedro Olaechea, titular de la Permanente, pidió a Violeta alcanzarle los documentos.
—Llamado del primer ministro—
Tras una sesión del Gabinete, el primer ministro Vicente Zeballos fue consultado por el asunto y recordó que la ponencia aún es una fase inicial del debate en el TC.
Afirmó que el procurador del Congreso está en su derecho de hacer el planteamiento de Violeta, pero acusó que se trataría de “medidas inapropiadas porque se trata de poner en cierta forma un nivel de traba a una discusión dentro de un espacio autónomo”.
En esa línea, recalcó que una ponencia no es sinónimo de sentencia, y que solo esta tiene eficacia y fuerza vinculante. “No sé por qué se eleva el tono de voz o la temperatura política en un espacio que recién está en su fase inicial. Me corresponde invocar paciencia, cordura y no hacer uso de mecanismos de presión que puedan ser elementos condicionantes para la mejor resolución que pueda emitir en su oportunidad el Tribunal Constitucional”, cuestionó.
Asimismo, apuntó una eventual contradicción, pues resaltó que si Olaechea apeló al TC en su oposición a la disolución del Congreso es porque hay confianza en la autonomía e independencia de dicho organismo. “Dejemos que los mecanismos institucionales de nuestra democracia operen y resuelvan. Y estamos a la espera […] Como Poder Ejecutivo, hemos sido cautos y precisos de señalar que respetamos la competencia y autonomía del Tribunal Constitucional”, añadió.
—Posiciones—
Luis Galarreta, también secretario general de Fuerza Popular, sostuvo que los argumentos de Carlos Ramos significarían una “barbarie jurídica absoluta”, pues —a su juicio— llaman a patear el tablero si el Ejecutivo y el Legislativo “se llevan mal”. “Lo que está haciendo el tribuno Ramos es institucionalizar y convalidar la situación que nos llevó a un cierre inconstitucional. Mañana, quien sea gobierno va a plantear cualquier populismo barato en un proyecto de ley al Congreso y le va a decir que hace cuestión de confianza, y lo va a cerrar por cualquier cosa”, sostuvo.
Su colega Miguel Torres aseveró que si el pleno del TC acoge la ponencia señalada, “literalmente el sistema jurídico de nuestro país se va al tacho”. “Me llama muchísimo la atención que un exprofesor mío como el doctor Carlos Ramos olvide esta regla que en algún momento estoy casi seguro que me la ha enseñado. No puede existir denegatoria fáctica por una razón muy sencilla: la norma en derecho público tiene que ser expresa”, señaló. En la misma línea se expresaron Luz Salgado, Lourdes Alcorta y Karina Beteta, también representantes fujimoristas.
Salgado advirtió que los próximos Congresos, bajo su interpretación de la ponencia de Ramos, podrían ser cerrados “por cualquier pretexto, cualquier norma que pongan como cuestión de confianza”. Por ello, pidió al pleno del TC recapacitar. “¿Esta denegación fáctica va a quedar institucionalizada si es que se aprueba la ponencia del magistrado Ramos? ¿O sea cualquier cosa se va a llevar a la libre interpretación y la Constitución va a quedar en cero?”, se preguntó.
Alcorta consideró que la ponencia tiene pobres argumentos. “Este es un hecho histórico, puede crear precedentes, porque el señor Vizcarra ha cerrado este Congreso de facto, porque así lo interpretó. Y eso no lo considera el señor Ramos”, refirió. Finalmente, Beteta manifestó que la disolución del Congreso no está sustentada en la Constitución.
Sobre el fondo de la ponencia de Ramos, Violeta dijo esperar que el resto de magistrados tenga argumentos más consistentes. “Esta suerte de supuestos extraordinarios para deducir la famosa denegatoria fáctica la verdad no tiene precedentes en la historia del derecho constitucional peruano”, sostuvo.
A su turno, Luis Iberico (APP) dijo creer que la ponencia de Ramos abre espacios para que el Congreso se convierta en un “ministerio del Poder Ejecutivo de turno, el ministerio de las leyes”, lo que tendría consecuencias nefastas a futuro. “Si esto se mantiene en la resolución final que del TC, así como el Ejecutivo pretendió imponerle al Legislativo la forma de elegir a los magistrados del TC, ¿mañana por qué un presidente no podría decir que se opone a que tal persona que está siendo propuesta en el Congreso sea miembro del TC y hace cuestión de confianza para impedir que el Parlamento elija a un miembro del TC”, arguyó.
Contraria posición tuvo Clemente Flores (Peruanos por el Kambio), quien pidió a los miembros de la Permanente ser respetuosos de las instituciones. Aseguró que la disolución fue constitucional y que ninguna institución seria del Perú o el extranjero la ha cuestionado señalando que es un golpe de estado o un acto ilegal.
“Aplaudimos cuando hay resoluciones a favor de ciertos grupos políticos, como cuando liberaron a la señora Keiko Fujimori. Y cuando recién está presentada la ponencia ya se está amenazando, cuestionando. Esperemos con calma, respetemos las instituciones, esperemos que salga la sentencia en su momento”, exhortó a sus colegas. “Este congreso no digamos que ha sido un santo. Desde el momento en que asumió la presidencia Peruanos por el Kambio con el presidente Kuczynski fueron muy duros ustedes hasta llegar a la vacancia. Y ustedes aplaudieron cuando ingresó el presidente Vizcarra”, rememoró.
En tanto, Marco Arana (Frente Amplio) llamó a no olvidar las permanentes tensiones que hubo entre el Ejecutivo y el Legislativo, ni a un Parlamento que “obstruía la justicia y blindaba a quienes deberían estar investigados”. Opinó que ello derivó en la situación actual.
“Usar el tono y los argumentos en el mismo momento que está ocurriendo ese debate francamente no es sino un señalamiento claro de que se pretende, como cuando había mayoría en el Congreso antes de la disolución, influir en la decisión del Tribunal Constitucional, invadir competencias de su autonomía y eso es inaceptable. Esperemos que haya el fallo del TC y ahí se podrá hacer las críticas convenientes. Tal como escucho las argumentaciones, me parece una grosera injerencia en la decisión y autonomía que debiera tener el TC”, sentenció.