Pablo de la Flor señaló que las protestas por Tía María han tenido un "efecto contagio" con Quellaveco. (Foto: GEC)
Pablo de la Flor señaló que las protestas por Tía María han tenido un "efecto contagio" con Quellaveco. (Foto: GEC)
Paolo Benza

Dos exviceministros y un exministro de Energía y Minas coinciden en que el argumento presentado por el Consejo de Minería (CM) para suspender por 120 días la licencia de construcción del proyecto es ajeno a sus funciones, pues este órgano está llamado a pronunciarse sobre aspectos técnicos, ya sean administrativos o legales, y no sociales.

Agregan que el tiempo empleado para emitir la decisión es excesivamente corto para los estándares del sector.

Como reveló este Diario en su edición de ayer, el CM tomó la decisión de suspender el proyecto Tía María en solo dos días. Los recursos de revisión de la licencia –presentados por el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, y dos gremios de la zona– fueron elevados al CM el miércoles 7 de agosto.

Al día siguiente, el 8, el CM pidió a la Oficina General de Gestión Social (OGGS) –que depende del Ministerio de Energía y Minas– un informe social sobre el estado del conflicto. Y el 9, el CM emitió su veredicto de suspensión.

El informe de la OGGS –entregado el mismo día que fue solicitado– mencionaba la elevada posibilidad de que el conflicto generara víctimas mortales si continuaba activo. El CM, a su vez, recogió este como su principal argumento para ordenar la suspensión de la licencia.

En la resolución del CM, se lee: “Según lo manifestado por la Oficina de Gestión Social, existe riesgo de pérdida de vidas humanas, además de las pérdidas económicas ya ocasionadas”.

Los especialistas consultados coinciden en que esta argumentación es cuestionable.

“La autoridad competente para temas sociales y ambientales no es el Consejo de Minería”, afirma Pedro Gamio, quien fue viceministro de Energía durante el segundo gobierno de Alan García.

Aunque la Ley del Procedimiento Administrativo General señala en su artículo 119 que el CM puede tomar decisiones “aduciendo el interés difuso de la sociedad”, los tres exfuncionarios coinciden en que, más allá de la vaguedad de esta cláusula, el CM está llamado a decidir sobre los aspectos técnicos de la licencia, no los sociales.

“El informe de la OGGS no tendría que tener nada que ver con la decisión final [...]. Si bien el consejo puede necesitar información del aspecto social, su decisión se debe basar en el aspecto técnico”, explica Guillermo Shinno, viceministro de Minas durante el gobierno de Ollanta Humala, que en el 2015 también enfrentó un conflicto en Tía María.

—Velocidad inusual—
“No sé si el Consejo de Minería pueda haber tenido el tiempo de madurar el tema [en dos días]”, dice Carlos Herrera Descalzi, ministro de Energía y Minas del gobierno de Ollanta Humala.

“Ellos podían conocer el tema del conflicto social, pero tendrían que haberlo evaluado con respecto a las funciones que les competen. Es una decisión que suena más política que técnica. No creo que hayan podido ponerse de acuerdo tan rápido. Da pie a pensar de que hubo alguna forma de consejo [externo]”, agrega.

Como se recuerda, en la última semana se revelaron dos audios en los que el presidente Martín Vizcarra decía a autoridades de Arequipa que se oponen a Tía María que buscaría darle sustento a su posición (contraría al proyecto).

“Cuando las cosas salen de su cause natural y hay un conflicto social que puede implicar pérdida de vidas humanas, el gobierno tiene que tomar decisiones políticas”, dice Shinno.

“Podría haber habido una injerencia, algún pedido [del Ejecutivo]. Lo que en regímenes verticales sería una orden, en este caso podría ser una conversación”, dice Herrera Descalzi.

—Congresistas opinan—
Congresistas de distintas bancadas opinaron en la misma línea que los ex altos funcionarios del Minem. “Con esto se demuestra que el CM no tiene independencia para resolver este tipo de temas vinculados a un proyecto minero tan importante”, dijo la vocera de Nuevo Perú, Indira Huilca.

El congresista aprista Javier Velásquez coincidió en que la decisión se había tomado sobre la base de criterios políticos. “Es un nefasto precedente porque en el futuro todas las licencias que se soliciten van a estar condicionadas a una fundamentación de carácter político-social y no técnico”, comentó.

Finalmente, la vocera de Fuerza Popular, Milagros Salazar, pidió la renuncia del ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, y del primer ministro Salvador Del Solar. Sin embargo, consultada sobre por qué su bancada no apoyó la moción de interpelación contra Ísmodes, Salazar respondió: “¿La interpelación qué iba a lograr? Tienen que hacerse los reajustes rápidamente”. 

—Cronología—
8 de julio
A pocos días de que expirara la vigencia de su estudio de impacto ambiental, el gobierno autoriza la construcción del proyecto Tía María.

19 de julio
El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, presenta un recurso de revisión a la licencia. En días posteriores se presentan dos más.

7 de agosto
La Dirección General de Minería eleva los tres recursos de revisión al Consejo de Minería.

8 de agosto
El Consejo de Minería pide un informe a la Oficina de Gestión Social sobre la situación de conflicto en Arequipa, que es entregado ese mismo día.

9 de agosto
El Consejo de Minería suspende la licencia de construcción del proyecto.