Tomás Gálvez, el fiscal supremo investigado por el Ministerio Público

El fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez vuelve a estar en el ojo de la tormenta, luego de que último fin de semana afirmó que “no es corrupción” si un empresario entrega dinero a un partido político en campaña con la expectativa de ganar obras en un futuro. Incluso, dijo que el Ministerio Público y el Poder Judicial están tomados por “gente interesada” en encubrir a la constructora brasileña Odebrecht.

“Los que reciben [aportes] tenían que saber el origen delictivo y, en consecuencia, no se va a poder calificar como lavado de activos. El pitufeo es otro delito, porque ellos entregan plata, pero no quieren aparecer como donantes porque tienen la expectativa de ganar obras en el futuro. Eso no es corrupción”, manifestó en Radio Nacional.

Gálvez tiene una serie de cuestionamientos e investigaciones fiscales, a raíz de sus presuntos vínculos con “Los Cuellos Blancos del Puerto”. A continuación El Comercio las desarrolla:

1. El apoyo para “Walthercito”

El fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez llamó el pasado 16 de abril, a las 9:32 a.m., al celular del entonces juez supremo César Hinostroza para solicitarle que apoye a “Walthercito” en un caso en que una mujer lo estaba “jodiendo” y que este se encontraba en un juzgado de Familia.

Hinostroza, a quien el Ministerio Público imputa ser el cabecilla de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, accede a colaborar, pero le pide que le entregue datos y que “Walthercito” vaya a verlo en persona. Le explica que “por teléfono es un poco complicado”.

Según verificó la Unidad de Investigación de El Comercio, Gálvez le pide a Hinostroza que actúe a favor del fiscal anticorrupción Walther Delgado, quien tiene una demanda por violencia familiar en el 7° Juzgado de Familia presentada por su esposa Cynthia Acuña Troyes en marzo del 2017. Esta se encuentra en “plazo para casación”, según la página web del Poder Judicial. Es decir, para que sea visto en la Corte Suprema, instancia donde laboraba el juez Hinostroza.

En comunicación con este Diario, Gálvez dijo que la llamada que le hizo a Hinostroza fue para que este último le diera un consejo a Delgado.

“No recuerdo bien esa conversación, pero de lo que puedo decir es lo siguiente: [el fiscal] Walther Delgado efectivamente tenía un proceso complicado en el Juzgado de Familia respecto a la tenencia y visita de sus hijas [...]. Estaba muy mal. Es en esas circunstancias es que hablo con Hinostroza porque podía darle un consejo”, refirió.

2. Las boletas falsas

Gálvez habría presentado declaraciones juradas con firmas adulteradas en el 2016. Según un informe grafotécnico del perito judicial Alberto Castro Alata, las firmas que aparecen en tres declaraciones juradas presentadas por Gálvez en una investigación que se le siguió en la fiscalía “presentan características de ser falsas”.

El caso nace de una denuncia de Ginger Salguero Alcalá, exasistente de Tomás Gálvez. En noviembre del 2015, ella acusó al fiscal de haberse apropiado de S/23.469 de la fiscalía “utilizando boletas de consumo falsas para justificar gastos inexistentes” cuando era director del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público.

El peritaje de parte, realizado por Castro por encargo de Henri León Poma, ahora ex abogado de Salguero, determinó que las firmas de Juan Marino Abanto Díaz y Lucy Karina Chuquimango Jabo, propietarios de dos de los restaurantes que emitieron boletas de consumo a nombre de la fiscalía, “no corresponden al puño gráfico de su titular”.

3. El compromiso de “aguantar” la pesquisa

Un aspirante a colaborador eficaz declaró ante la fiscal Sandra Castro que los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez no solo tuvieron participación en la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, sino también sostuvo que ambos se comprometieron a “aguantar” la investigación sobre los audios del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Este testigo- según su declaración, a la cual accedió El Comercio- afirmó que Chávarry y Gálvez debían “apoyar en todos los procesos y favores” a los integrantes de la red criminal.

También reveló que la organización ya tenía conocimiento de la existencia de los audios del CNM. Agregó que le aseguraron a Walter Ríos, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia, que “aguantarían” las pesquisas, para que este termine su administración en el primer puerto.

Tomás Gálvez calificó de “falsa” la versión del aspirante a colaborador eficaz.

4. Impedimento de salida

El Poder Judicial, en noviembre último, dictó una orden de impedimento de salida del país contra Gálvez por ocho meses. Esta decisión se dio en el marco de la investigación que afrontar el fiscal supremo por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, patrocinio ilegal y organización criminal por los vínculos que tendría con “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

El Ministerio Público le imputa a Tomás Gálvez haber solicitado favores a Hinostroza, a inicios de 2018, para para beneficiar al rondero Segundo Nemecio Villalobos Zárate, quien tenía un proceso ante la sala de la Corte Suprema que integraba el exjuez.

Otro caso está vinculado a los audios en los que Gálvez le habría solicitado a Hinostroza “apoyar” al fiscal Delgado en un proceso por violencia familiar (descrito líneas arriba).

Otros audios están relacionados a la postulación de Delgado a la plaza de fiscal superior ante el ex CNM. Este último le pide a Hinostroza realizar una “llamadita”. En otro audio, Gálvez llamó a Hinostroza para pedirle que termine la “chamba” para “Waltercito”.

Además, se detectaron cinco llamadas entre Gálvez y el ex consejero Orlando Velásquez y el asesor de este Pablo Morales, en fechas en las que el fiscal Delgado estaba en proceso de evaluación.

Finalmente, otro grupo de audios contiene llamadas entre Gálvez e Hinostroza. Este último le pide brindarle “las facilidades” al empresario Mauricio Arrieta, apoderado de Ediciones Corefo.

5. Denuncia a Vela y Pérez por Chaglla

Tomás Gálvez anunció, a inicios de este mes, que denunció a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, integrantes del equipo especial Lava Jato, por los presuntos delitos de falsedad ideológica, peculado y encubrimiento. Esto debido a la devolución de S/524 millones a la constructora brasileña Odebrecht tras la venta de la hidroeléctrica de Chaglla (Huánuco).

“El Ministerio de Justicia pidió información al Ministerio Público para saber si había procesos penales en curso contra esa empresa, porque el acuerdo establecía que no se puede hacer entrega de dinero si hay vigente un proceso penal. Ellos [los fiscales del equipo especial] contestaron ‘que le entreguen el dinero pues no hay investigaciones', lo cual es falso pues hay más de 20 investigaciones. Al poner esa información se comete el delito de falsedad genérica, esto todos lo saben, pero no quieren decir nada pues hay un pacto de encubrimiento con un sector de la prensa y el Gobierno”, refirió en Canal N.

Vela, en declaraciones a Perú21, consideró que las declaraciones de Gálvez son “oportunistas”.

"Tiene graves cargos [en su contra] como el de su pertenencia a la organización criminal del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Además tiene una orden de impedimento de salida del país ordenado por la Corte Suprema de Justicia; él aprovecha estos espacios para generar controversia”, remarcó el coordinador del equipo especial.

En diciembre del año pasado, Tomás Gálvez inició una investigación preliminar contra Pérez por el presunto delito de abuso de autoridad y prevaricato en su actuación como fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto en Moquegua.

Y en agosto de 2019 le solicitó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que evalúe la permanencia de Vela y Pérez en el equipo especial Lava Jato.