La tremenda sentencia, un perfil sobre el presidente del Poder Judicial

Caminando a trancos el jueves pasado por los recovecos del Palacio de Justicia, me topé con sillones de terciopelo dispuestos para una ceremonia. La pompa y la judicatura. ¿De todos modos iban a celebrar el Día del Juez el 4 de agosto? ¿No era que Duberlí Rodríguez suspendió la fiesta en su último gesto de autoflagelación pública? Ya en el despacho de su sucesor, pregunto por ello: “No tenemos nada que celebrar. Estamos de duelo. Lo que vamos a hacer es una introspección colectiva”, me respondió Víctor Prado Saldarriaga.

¿El Poder Judicial tiene autoridad moral para reformarse a sí mismo? “Tenemos la capacidad técnica, conocemos el sistema y hay jueces honestos. Hace poco me visitó el ministro de Justicia y yo he ido al Congreso. Hay que establecer una agenda mínima marcando de base la autonomía funcional de cada poder”. Ay, la autonomía. ¿No estarían dispuestos a cederla simbólicamente allanándose a las propuestas ajenas? “Autonomía es distinto que exclusividad, estamos abiertos”.

El juez supremo sabe qué decir sin salirse de su ‘marco normativo’ y de su ‘autonomía funcional’ y qué queremos oír sin perder la esperanza y la paciencia en el ‘poder de los lamentos’. Pero de poco nos sirve un perfil y una retórica de corrección y pesadumbre. Queremos que demuestre de lo que es capaz de hacer por vocación de juez. De saque, nos ha dicho que empezó de amanuense –el que arma y cose expedientes– en los años 80. Que nos hable de su vida.

—El autor inmediato—
Nada lo preparó ni precipitó hacia el derecho. Su padre era contador y no había abogados en su entorno íntimo. Cuando estaba por terminar el colegio –la primaria la hizo en el Mater Amabilis y la secundaria en el Santa Margarita, ambos en el Callao– entró a una academia para postular a ingeniería electrónica en la UNI, porque la carrera estaba de moda. A las pocas semanas, las matemáticas lo vencieron y postuló a derecho en San Marcos.

La vocación recién se definió en el segundo ciclo cuando su profesor José Hurtado Pozo, gran jurista y juez, lo tuvo de asistente de cátedra y se lo llevó a hacer prácticas. Hizo estudios de especialización en derecho penal en Alemania y se doctoró en la Universidad de Valencia. Toda su vida profesional estuvo en la judicatura, salvo un par de años, a inicios de los 90, que fue abogado penalista en el estudio de José Ugaz.

¿Se politizó en algún momento? “No”. ¿En su juventud, en San Marcos? “San Marcos era de izquierda”, me dice con ambigüedad terminante, para que no siga. Vuelvo a la vida profesional. ¿Algún caso de sus primeras épocas lo marcó? “El de la banda de Los Destructores. Las penas de robos con agravantes no pasaban de ocho años, tuvimos que hacer esfuerzos con argumentos técnicos para llegar hasta 16. Pero la gente estaba inconforme con las sentencias y no podíamos poner más años. Luego de ese caso, subieron las penas”.

El caso que de veras marcó su vida, y de alguna forma, la nuestra, llegó en el 2007. “Javier de Belaunde me dijo: ‘Víctor, acabas de entrar a la Suprema y ya te encuentras con la historia’”. De Belaunde se refería al caso de Fujimori. Prado había entrado en el primer puesto al concurso de jueces supremos y le tocó por azar ir a la ‘sala de los aforados’, como llamaban a las autoridades con fuero especial. Prado suspira antes de decir: “Cómo es el destino que reúne a un brillante procesalista como el Dr. San Martín, a un aficionado al derecho penal como era yo y a un juez de carrera y larga trayectoria como Hugo Príncipe. Trabajamos la sentencia en varias partes. Príncipe trabajaba el contexto, los acontecimientos; la parte penal era mi trabajo; San Martín veía la prueba”.

¿Es cierto que usted se encargó de sustentar la tesis de la autoría mediata de Fujimori en las matanzas del grupo Colina? “Sí, y al pobre [César] San Martín le dijeron que se la había copiado de España. La hice yo en no sé cuántas madrugadas. San Martín lo que hizo en su condición de presidente, para sentir más seguridad, fue consultar el tema; pero la parte de la sentencia que trata de autoría mediata, desde la primera palabra hasta el último punto, es de Víctor Prado”.

Por un momento lo veo contento y relajado y tiene por qué: fue una sentencia de impacto histórico, que ha resistido el paso del tiempo a pesar del inevitable rechazo del núcleo duro naranja. Como nunca, hubo un especial cuidado en el lenguaje, le digo: “Íbamos desarrollando las primeras líneas de la sentencia mientras preparábamos interrogatorios, actas; teníamos debates semanales. Sabíamos que había que explicar a la población con una lógica de redacción de sujeto, predicado y punto”.

—A chicotazos—
Con la seguridad que agarró tras ese juicio y los años de juez y docente, decidió lanzarse a la presidencia del PJ. Pero la primera vez que postuló, ganó Víctor Ticona; la segunda, Duberlí Rodríguez. Del renunciante Duberlí, me dice, esforzándose por hacerlo con tacto y no callar por espíritu de cuerpo, que es el último espíritu que queremos ahora: “Tuvo mucho interés en dinamizar la justicia de género, la intercultural, la ambiental, el expediente electrónico; pero lo ganó lo exterior, el integrar organismos multisectoriales, comisiones de alto nivel que no sirven. Todo eso lo llevó a trasladarse permanentemente fuera del país, a no vivir el día a día de la institución”. Auch, chiquita de juez a juez.

Prado me cuenta que estuvo a cargo de la comisión de justicia intercultural, la que trata de conciliar la justicia oficial con las prácticas de ronderos y comuneros. ¿Podríamos agarrar a chicotazos a Hinostroza? Por fin, el juez supremo ríe. “Si estuviera en el dominio territorial de las rondas”, replica entre risas.

Volvemos a ponernos adustos para repasar las reformas urgentes: él destaca la meritocracia con concursos o la democracia con votación de jueces para elegir a su cabeza. Y que la Academia de la Magistratura forme jueces desde que salen de la facultad, como la Academia Diplomática. “Voy a hacer poco porque solo tengo cinco meses [hasta que concluya el tiempo del mandato frustrado de Rodríguez y ya no se puede reelegir], pero quiero saber que hice lo máximo que pude y que la gente sepa que hay jueces que quieren a su país”.

Le pido que me identifique focos de corrupción sobre los que puede actuar. “No sería táctico que lo diga”. Necesitamos demostraciones. “En las próximas semanas, van a ver a toda la Corte Suprema en distritos judiciales que hemos identificado, atendiendo directamente a la población”. Valga el gesto, será bueno verlo.

Quiero hacer una pregunta que nace de un fastidio personal. Detesto ver a jueces halagados con ceremonias y medallas por universidades con ansias de influencia política. He observado su hoja de vida y veo que él no es la excepción. Se pone serio y me concentro en su coronilla azabache y sus patillas sinceras (o sea, canas) de supremo sin anticuchos: “Soy docente más de 30 años en San Marcos y la PUCP, y honoris causa en dos universidades en las que he trabajado. Eso se ha pervertido. Hay universidades que no voy a mencionar cuya política es dar honoris causa a ‘tuti li mundi’ y la vanidad de los ‘honrados’ cede a ello. Nunca voy a aceptar uno de esos”.

Ya que hablamos de mecanismos y protocolos de la corrupción, evocamos al caído CNM y la caja de Pandora e influencias que se destapó. “Hay lobby judicial. No puedo mencionar casos particulares, por mi posición, pero hablo de forma genérica. No es normal que un congresista nos llame, nos lo podremos encontrar en un coctel, pero no es nuestra rutina hablar con ellos. Hay una cultura que tenemos que cambiar, la de creer que los procesos se van a ganar a través de terceros. Consecuencia de eso es no creer en la justicia”.

Prado va más lejos en la reflexión porque para un juez el mal es mucho mayor que el lobby de empresarios, congresistas y colegas presionándolos por un fallo. Lo ha estudiado, además. “La criminalidad busca infiltrar a los sectores que pueden actuar contra ella. Infiltran el Congreso, el Ministerio Público, los medios”. Y para colmo, se refugian en los formalismos, en el debido proceso, digo. “La experiencia reciente en América Latina ha puesto en evidencia que el rebrote de la criminalidad está asociado a lo que llamamos personas expuestas políticamente [PEP]. Están rodeadas de un marco normativo que reconoce privilegios. Hay una tendencia, que yo comparto, para que no haya prerrogativas especiales”. Ajá. La tiene clara en un aspecto crucial. A trabajar y liderar propósitos de enmienda y de reforma radical, señor juez.