El presidente del tribunal, Manuel Miranda, leyó el pronunciamiento de la institución. En la conferencia estuvo ausente José Luis Sardón. (Dante Piagio / El Comercio)
El presidente del tribunal, Manuel Miranda, leyó el pronunciamiento de la institución. En la conferencia estuvo ausente José Luis Sardón. (Dante Piagio / El Comercio)

El (TC) se pronunció ayer sobre la difusión de una parte de la resolución –aún no publicada– de la demanda de inconstitucionalidad presentada por 41 congresistas con la finalidad de dejar sin efecto la norma para el fortalecimiento de las bancadas, conocida como ley antitránsfugas.

“En el Estado constitucional no existe órgano, entidad o persona, pública o privada, que esté exento del control constitucional”, dijo el presidente del TC, Manuel Miranda, quien leyó el documento elaborado por el pleno del órgano en una conferencia realizada ayer.
Miranda agregó que los pronunciamientos del TC “son de obligatorio cumplimiento una vez publicados”.

“El Tribunal Constitucional, así como sus magistrados, rechazan toda amenaza al ejercicio de sus competencias constitucionalmente asignadas”, aseveró.

La institución tiene hasta el próximo viernes 8 para emitir su fallo sobre el caso.

En la conferencia de ayer participaron seis magistrados. José Luis Sardón no estuvo presente.

El último miércoles, congresistas de Fuerza Popular y del Apra habían criticado la decisión del TC sobre el caso.

Aunque el TC no ha precisado si el extracto del documento mostrado en Twitter por el congresista Gilbert Violeta es original, fuentes de El Comercio dijeron que sí lo es.

Antes de su pronunciamiento, en un escueto comunicado, el TC señaló que “cualquier acto que implique una eventual filtración de un proyecto de sentencia o de diversos aspectos de una deliberación que, por su propia naturaleza, es reservada, generará, luego de la investigación correspondiente, una drástica sanción a quienes resulten responsables”. También recalcó que una sentencia del TC “se configura como tal cuando es publicada oficialmente”.

Fuentes de este Diario relataron que la indagación por el caso ya está en curso y es efectuada por una comisión, cuyo plazo de acción es de 15 días hábiles. Las posibles sanciones van desde una amonestación hasta la separación del infractor. Aclararon, no obstante, que ninguna sanción puede afectar a un congresista u otra persona ajena a la institución.

También confirmaron que la votación del caso fue de cinco a dos y que los magistrados que votaron en contra (Sardón y Ernesto Blume) aún no presentan el informe con sus fundamentos. El plazo para hacerlo es de siete días hábiles.

—Pasillos agitados—

El ex oficialista Roberto Vieira dijo ayer que ya hay conversaciones entre quienes no se sienten cómodos en sus bloques parlamentarios. “Lo que ha generado esta filtración es que las llamadas entre congresistas aumenten. Hay diferencias entre varias bancadas”, apuntó.

Vieira aseguró haberse comunicado con Patricia Donayre y Yeni Vilcatoma –antes de Fuerza Popular, ahora no agrupadas– para trabajar con miras a conformar un nuevo grupo. Donayre señaló que esperará que se confirme el fallo del TC para pronunciarse.

Fuentes en Fuerza Popular descartaron la posibilidad de que el fallo del TC vaya a producir una ruptura en la bancada. “El bloque allegado a Kenji no tendría que renunciar, solo tendría que votar distinto a lo que mande la cúpula amparado en el lema de la gobernabilidad”, afirmaron.

El congresista fujimorista Miguel Torres dijo que no teme al fallo del TC.

Fuerza Popular tiene 71 escaños y ejerce una cómoda mayoría en el Parlamento –que en el pleno se obtiene con 66 votos–, lo cual le permite aprobar o rechazar proyectos, así como promover interpelaciones y censuras de ministros.

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