La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, aseguró este miércoles que el proceso de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo por la ley que prohíbe el cobro de peajes promulgada por el Congreso “va a tomar menos tiempo que el clásico proceso porque será virtual”.
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Consideró que al no tener que recurrir al “antiguo sistema” se evitará “el drama de necesitar un papel” para que el proceso avance.
“Este es nuestro primer caso virtualizado y nos va a permitir mostrar a la ciudadanía cómo un proceso digital es más rápido, más célere y va a tomar menos tiempo que el clásico proceso que teníamos en el papel y teníamos que pasar por todo el drama de necesitar un papel”, sostuvo en diálogo con RPP Noticias.
Ledesma descartó, en ese sentido, que el organismo que preside vaya a tomar “en cuenta los comentarios de los embajadores” de Canadá, Australia, Colombia y Francia en contra de dicha ley y precisó que resolverán tomando como base el reclamo del Gobierno que indica que dicha ley infringe tres artículos de la Constitución.
“El pleno del TC para nada ha considerado la variable de los embajadores, para nada es una variable a analizar, es un procedimiento que miramos con mucha expectativa porque es un modelo virtual y que estamos tratando de potenciar con las nuevas reglas informáticas que hemos generado en el TC”, señaló.
“El Gobierno ha planteado esta demanda invocando la vulneración de tres normas de la Constitución. Una de ellas ha invocado el artículo 62° y señala que los términos del contrato no pueden ser modificados por leyes, otra que indica que le corresponde al Ejecutivo el tema de la infraestructura vial y, la tercera, sobre el artículo 137° que señala que el Estado de Emergencia lo decreta el Ejecutivo y es este el que adopta las medidas orientadas a ese objetivo”, detalló.
El pasado 6 de junio el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, informó que esta semana se presentó una acción de inconstitucionalidad ante el TC por la Ley Nº 31018 que suspende el pago de peajes en la red vial nacional, departamental y local concesionada en tanto dure la emergencia sanitaria por el COVID-19.
En dicha oportunidad, el primer ministro cuestionó que pese a la exposición de motivos por el cual dicha norma no debía ser aprobada por parte de los ministros de Transportes y Comunicaciones, y de Economía y Finanzas, el Parlamento haya insistido en aprobarla por insistencia.