Ya homologado el convenio por el PJ, por ejemplo, haría bien el fiscal Vela en hacerlo público para evitar más cuestionamientos. (Composición: GEC)
Ya homologado el convenio por el PJ, por ejemplo, haría bien el fiscal Vela en hacerlo público para evitar más cuestionamientos. (Composición: GEC)
Erick Sablich Carpio

Analista político

El acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público y vuelve a ser objeto de severas críticas por las mismas fuerzas que se opusieron desde un primer momento a su suscripción.

Y es que, sin duda, la revelación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) de que existirían al menos cinco proyectos más en los que la empresa habría realizado pagos ilícitos provenientes de la caja 2, entre los que ‘destaca’ el gasoducto sur peruano (GSP), es una noticia que en un primer nivel de lectura impacta negativamente en la percepción sobre el acuerdo y que evidencia –como no era difícil suponer– que la constructora no habría reconocido toda su responsabilidad en su deplorable accionar en el Perú.

Ello no significa, sin embargo, que “el acuerdo esté tumbado” como ha afirmado la congresista Yeni Vilcatoma, notoria representante del sector que lo rechaza. Tampoco que deba anularse o que sea “inválido” como se ha venido sosteniendo. Más allá del malestar por el presunto ocultamiento de Odebrecht, una mirada menos hepática de la situación permite concluir que la mayoría de las críticas carece de real asidero.

Para empezar, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial del Caso Lava Jato, ha explicado que el acuerdo no impide a la fiscalía investigar presuntos actos de corrupción cometidos por Odebrecht distintos a los reconocidos por la empresa en el convenio. Tanto es así que existe una investigación abierta a cargo de la fiscal Norma Mori por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible contra 26 personas respecto del GSP. En otras palabras, no se ha librado de responsabilidad en este caso (ni en otros potenciales) a Odebrecht y demás involucrados.

Asimismo, Vela ha referido que el acuerdo permite a la empresa aceptar la comisión de actos ilícitos adicionales a los ya reconocidos mediante una adenda, para lo cual tendría que aportar información que permita corroborar sus dichos. Este podría ser el camino de proyectos como el GSP y demás reportados por el ICIJ, cuya información está en manos del equipo especial desde hace tres semanas pendiente de explicación por parte de Odebrecht.

En líneas generales, tratar de sepultar el convenio soslaya increíblemente el hecho de que su firma ha permitido abrir investigaciones a los cuatro últimos gobiernos nacionales (incluyendo ex presidentes de la República), los dos últimos alcaldes de Lima, además de otros importantes políticos, empresarios y funcionarios públicos.

Ciertamente, el trabajo del equipo especial no está exento de críticas. Ya homologado el convenio por el PJ, por ejemplo, haría bien el fiscal Vela en hacerlo público para evitar más cuestionamientos. Y la utilización de tipos penales como el lavado de activos y organización criminal en determinados casos parece un exceso (para no mencionar a fiscales convertidos en comentaristas políticos). Pero hechas las sumas y restas, y considerando la complejidad de este caso, el acuerdo de colaboración eficaz ha permitido desenmascarar presuntos actos de corrupción –y a sus participantes– que de otra manera hubiera sido imposible conocer.